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[Opinión] Air-e condicionado

Juan Alejandro Tapia /Foto: Cortesía

[Opinión] Air-e condicionado

Es poco probable que la intervención de Air-e consiga lo que reclama la gente en la calle: que mejore el servicio y bajen las tarifas. Quizá obedezca, entonces, a una jugada maestra de su propietario, plantea Juan A. Tapia en su columna.

Un camión destartalado que apenas anda, un enfermo en condición crítica al que es necesario intubar para salvarle la vida, una empresa a la que le han caído las siete plagas de Egipto. Las metáforas usadas por el agente especial Carlos Diago al comenzar la intervención de Air-e no pueden ser más dramáticas. Hasta dio a conocer el ataque de piratas informáticos que hackearon los sistemas de la compañía y han impedido que la facturación de este mes sea repartida entre los usuarios.

Dijo, también, que el dueño de Air-e, el poderoso empresario Alberto Ríos Velilla, pretendió manejar un mercado de 5.000.000 de habitantes en Atlántico, Magdalena y La Guajira con una logística parecida a la que usa para prestar el servicio de energía en una ciudad pequeña como Pereira. Escuchándolo, es fácil encontrar las razones por las que el fluido eléctrico falla todos los días y las reparaciones pueden tardar semanas: no hay capacidad de operación.

Que el Gobierno asuma el control de Air-e por el déficit financiero de la empresa, que es de $1.8 billones, es similar a lo que ha ocurrido con las EPS intervenidas en el sector salud. De ahora en adelante, la Superintendencia de Servicios Públicos tendrá el manejo de la distribución y comercialización de la energía en estos tres departamentos. El resto de la Costa seguirá siendo operado por Afinia.

Después de cuatro años, la llegada de Air-e, presentada en septiembre de 2020 como la solución a los problemas de Electricaribe por el entonces presidente Iván Duque y la bancada de congresistas de la Costa, ha sido un fiasco para la región. Desde la falta de información acerca del negocio, blindado por una cláusula de confidencialidad que más parece de clandestinidad, hasta las prebendas excesivas entregadas por el jefe de Estado y el Congreso para cerrar la venta, como asumir el pasivo pensional y permitir las llamadas ‘pérdidas no técnicas’, es decir, cobrarles la energía robada a los que pagan a tiempo la factura.

Un año durará, en principio, la intervención de Air-e. Así lo dijo el superintendente Dagoberto Quiroga, quien anunció la creación de un Consejo Consultivo Regional con expertos en el tema energético, como el gobernador del Atlántico Eduardo Verano, para tomar las decisiones que permitan sanear las finanzas de la compañía, mejorar el servicio y bajar el valor de la facturación.

En la problemática de las tarifas hay mucho lobo con piel de oveja. Políticos que entregaron a Electricaribe en bandeja de plata para que sus amigos de Air-e y Afinia pudieran comprarla a precio de oferta. Sin embargo, es innegable que el clamor de la Costa, que amenaza con convertirse en estallido social, ha llegado por fin a quienes toman las decisiones en Bogotá.

En las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente a las generadoras por especular con este servicio básico; una decisión judicial del Tribunal Administrativo del Atlántico, ante una acción popular entablada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, ordenó a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) modificar las resoluciones que encarecen el servicio; y, lo más importante, la Creg ya dio el primer paso con la expedición de una normativa que permite reformular el cálculo del kilovatio hora para los estratos 1, 2 y 3.

Ante semejante avalancha de información, que puede llegar a confundir a la ciudadanía, la gente en la calle solo tiene una pregunta: ¿cuándo empezarán a bajar las tarifas?

Por ahora no. Lo primero que busca la intervención del Gobierno es evitar un apagón; después, mejorar la operatividad de Air-e, para lo que necesita inyectarle recursos. Pero si no cambian las reglas de juego para el precio de la energía en bolsa (Air-e pagó $876.000 millones en 2023, cifra mucho más alta que los $145.000 millones reportados para 2022), el déficit financiero continuará y el fantasma del apagón también.

De conseguirlo, lo que vendrá es un largo litigio jurídico con Ríos Velilla, quien, por supuesto, intentará recuperar su empresa cuando los números dejen de estar en rojo. No por nada mientras los funcionarios de la Superservicios tomaban posesión de las oficinas de Barranquilla, Air-e emitía un comunicado en el que precisaba que fue la misma compañía la que pidió la intervención.

@jutaca30

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