Muelle de Playa Blanca: las dudas de contratación que el frente frío dejó

El frente frío ya pasó, pero continúan las críticas por la destrucción parcial del muelle de Playa Blanca, en Barú. 

El mar de leva no solo dañó la estructura: también reabrió dudas sobre los diseños, los materiales y la relación entre la interventoría y el constructor de una obra de $5.145 millones, inaugurada hace menos de cuatro meses por el gobierno de Dumek Turbay. 

Las dudas por la matriz de riesgos 

Conocido el daño del muelle, una de las críticas recurrentes al gobierno Turbay ha sido la “poca planeación” en la construcción. 

Para establecer si ese señalamiento es solo un reproche o si el proceso ya advertía riesgos relevantes, La Contratopedia Caribe revisó la matriz de riesgos de la licitación.

Ese es un documento en el que la Alcaldía consigna qué podía salir mal, con qué probabilidad, quién debía prevenirlo y quién respondería.

En el caso del embarcadero de Playa Blanca, la matriz contempló riesgos, como:

• La ejecución de la obra, relacionados con su construcción.
• Económicos y financieros. Es decir, posible escasez o salida del mercado de insumos clave o insolvencia del contratista que afecte la obra.
• Regulatorios: cambios normativos posteriores al cierre de la licitación y variaciones en la legislación tributaria que alteren los costos y condiciones.
• Ambientales: gestión ambiental, incumplimientos de licencias o actividades sin autorización.
• Sociales y políticos: el impacto del orden público (paros, huelgas, disturbios o actos terroristas). 
• Y integridad o corrupción,  que podían distorsionar la contratación y ejecución, como soborno, cohecho, uso indebido de información, abuso de poder, malversación, nepotismo y obstrucción del acceso a la información.

La matriz no incluyó condiciones climáticas adversas, que —según un ingeniero civil consultado por La Contratopedia y quien pidió no ser citado en esta historia— debieron preverse. 

El Distrito le respondió a La Contratopedia que el gran oleaje del fin de semana pasado fue un hecho imprevisible y ajeno al alcance del contrato, por tratarse de un riesgo de operación una vez entregada la obra y un clima que superó “condiciones históricas de hace más de 20 años”.

La Alcaldía aseguró, además, que el daño no será insalvable, pues el muelle será restituido a sus condiciones contractuales porque el contratista asumirá la recuperación sin acudir a la aseguradora. 

“El contratista asumirá la recuperación del embarcadero como una post venta del contrato al ser tan reciente su entrega. Las pólizas contractuales de estabilidad, aunque aún están vigentes, no serán aplicadas en este punto, pues el contratista asumirá los costos sin recurrir a la compañía de seguros”, respondió la Alcaldía.

Aun así, en Cartagena persiste la sensación de que la obra se inauguró sin prever cómo respondería ante condiciones marítimas exigentes y sin un plan claro para su sostenibilidad tras la entrega.

Idoneidad del contratista, en tela de juicio

A esas dudas se suma la denuncia del ingeniero Álvaro González, una de las pocas voces que ha hecho veeduría a la contratación del gobierno Turbay. 

En su más reciente columna de opinión, recordó cuestionamientos sobre la idoneidad de una de las firmas que formó parte del consorcio constructor, Embarcaderos Cartagena. Se trata de Construlatina SAS, de Bucaramanga, con el 90% de participación.

Sobre esa empresa, González afirma que presentó un documento de Ecopetrol (con fecha del 29 de agosto de 2002) para acreditar experiencia en muelles, con un contrato por más de $2.870 millones, ejecutado entre el 23 de marzo y el 10 de agosto de 2002. 

Sin embargo, al contactar a Ecopetrol, la empresa le respondió a González que no tenía registros de ese contrato y que lo único asociado a la empresa fue una orden de trabajo del 23 de agosto de 2002, por $11,1 millones, para un anclaje en un cuarto de máquinas. 

Además de Construlatina SAS, integró el Consorcio Embarcaderos Cartagena la firma cartagenera Ingeniería y Gestiones de Colombia SAS (Ingecol), con el 10% restante.

Ingecol tiene como representante legal a Alex Javier Martínez y como representante legal suplente a Ambrosio Fernández Martínez.

Fernández Martínez es un empresario que suele halagar públicamente la gestión de Turbay. El 4 de mayo de 2025, por ejemplo, publicó una columna en el portal Revista Zetta para exaltar la gestión de Turbay, para entonces su empresa ya era contratista distrital y ese conflicto de interés no lo expuso en esa publicación. 

Es decir, un contratista alaba al jefe del Distrito que unos meses antes, en enero, contrató su empresa.

González también ha encontrado “vasos comunicantes” entre el interventor —Consorcio CC Interventoría— y el consorcio constructor, que ponen en duda la independencia de la revisión de la obra.

La ejecución tomó más tiempo del proyectado

Los trabajos que la Alcaldía de Cartagena contrató, por $6.186 millones, incluían la construcción de dos estructuras:

• El embarcadero de Playa Blanca, por $5.145 millones,

• Y un embarcadero flotante para Cholón, por $1.032 millones.

De acuerdo con el plazo de ejecución pactado —cuatro meses—, ambos espacios debían estar listos en la primera semana de junio. Sin embargo, los embarcaderos solo fueron entregados en octubre del año pasado, es decir, su construcción tardó ocho meses, el doble del tiempo inicialmente acordado.

Durante la ejecución, las obras estuvieron suspendidas entre marzo y julio. Las razones que dio el contratista y que el Distrito avaló fueron dos:

• La demora en el trámite del permiso ante la Dirección Marítima (Dimar) para la instalación de las estructuras,

• Y retrasos en la entrega de materiales clave para su construcción.

El contrato fue reactivado el 18 de julio y se fijó el 23 de septiembre como nueva fecha de entrega. No obstante, el 19 de septiembre, la Alcaldía aprobó otra prórroga, extendiendo el plazo hasta octubre y finalmente estuvo listo el 7 de ese mes, cuando el alcalde Turbay lo inauguró.