La gerencia integral para el desmonte del edificio Aquarela es, hasta ahora, el contrato de mayor cuantía firmado por el gobierno de Dumek Turbay con Edurbe. /Foto: Ofiprensa Alcaldía de Cartagena.
Los nuevos bríos de Edurbe con los gobiernos de Turbay y Arana
La administración de Dumek Turbay ejecuta $26.900 millones, a través de tres contratos interadministrativos cuya subcontratación se hizo por invitación directa. Edurbe se gana $1.901 millones por cuota de gerencia.
Por:
| Súmate a Mi Lupa, el programa de membresías con el que La Contratopedia Caribe busca el apoyo ciudadano para seguirle el rastro a la contratación pública. Con tu aporte ayudas a un medio de comunicación regional, que desde 2019 le pone rostro a la plata pública en Bolívar, Cartagena, Barranquilla y Atlántico. Gracias por respaldar este proyecto. Aporta aquí. |
La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) comienza 2024 con nuevos bríos, gracias a los $32.001 millones que los gobiernos de Dumek Turbay y Yamil Arana le inyectaron a través de cuatro contratos interadministrativos el último mes.
Con esa abultada suma, esa empresa pública ahora tiene el reto de no repetir los errores del pasado y a los que debe su desprestigio: ejecuciones fallidas que no le han permitido convertirse en una constructora de grandes obras de impacto en Cartagena, Bolívar e incluso la Nación, como reza en sus objetivos fundacionales.
Los contratos de los gobiernos locales con Edurbe también han sido criticados en Cartagena porque —al ser una empresa industrial y comercial del Estado que se rige por su propio manual de contratación— terminan ejecutándose con unas condiciones mucho más flexibles que si los convocara y adjudicara la Alcaldía de Cartagena o la Gobernación de Bolívar aplicando la Ley 80.
Además, Edurbe cobra una cuota por gerenciar los recursos y subcontrata con privados (casi siempre de manera directa) para cumplir con las obligaciones de los contratos interadministrativos.
Por esa razón, Funcicar le recomienda a esa entidad actualizar su Manual de Contratación para que aumente el número de invitaciones abiertas y sus procesos de contratación no dependan del criterio de los funcionarios de turno.
Ver esta publicación en Instagram
Enarbolando las banderas de fortalecimiento institucional y un plan de choque para resolver problemas jurídicos y financieros de vieja data, Fanny Guerrero asumió desde el primero de enero pasado la gerencia de la entidad.
Guerrero, especialmente, busca recuperar la reputación de Edurbe. Un reto que no pinta nada fácil después de una década de contratos fallidos, investigaciones continuas de los órganos de control por ruidos de corrupción y un exgerente inhabilitado.
Los $32.001 millones del primer trimestre de 2024
El primer contrato del gobierno Turbay
El 19 de febrero pasado, el gobierno de Dumek Turbay suscribió con Edurbe el primero de tres contratos interadministrativos.
Lo firmaron Campo Elías Terán Humanez, director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), y Fanny Guerrero, en representación de Edurbe, para la gerencia integral de las obras de mejoramiento de la Villa Olímpica de Cartagena, por $9.854 millones.
Por esa gerencia, Edurbe cobra $736.845.187. Es decir, plata para pagar honorarios y costos directos o indirectos asociados a la administración de las obras, a cargo del Consorcio Villa Olímpica.
Edurbe contrató a ese privado, el 29 de febrero, por invitación directa.
Ese consorcio, representado por Jesús Puello Garrido, está integrado por:
- La empresa cartagenera Ingenieros Consultores & Constructores – Ingecón SAS, con el 30%.
- Y la empresa paisa Grupo Constructores Antioqueños SAS, con el 70%.
El Consorcio Villa Olímpica debe mejorar, hasta el 31 de agosto próximo, las condiciones físicas:
- Del Estadio Jaime Morón, por $1.440 millones.
- De la pista de atletismo, por $1.159 millones.
- Del Complejo Acuático, por $300.890.964
- Y de la Plaza de Toros, $599.654.180.
Además, debe realizar obras de urbanismo por $3.109 millones.
La interventoría está a cargo del Consorcio Interventoría Villa Deportiva, que obtuvo el contrato por $514.661.513 también por invitación directa de Edurbe.
Ese consorcio, representado por José Fuentes Torres, lo integran:
- Covilco SAS, con el 90%, de Bogotá.
- Y Masivo Consultora e Interventora SAS, con el 10%, de Cartagena.
El segundo contrato del gobierno Turbay
El segundo contrato entre el gobierno Turbay y Edurbe también se suscribió el 19 de febrero pasado, por $11.897 millones, para la demolición del Edificio Aquarela Multifamiliar.
Lo firmó la secretaria general María Patricia Porras Mendoza.
De esa suma, Edurbe cobra $769.206.615, correspondientes a la cuota de gerencia, durante seis meses, del proyecto de demolición.
De no derribarse, ese edificio pone en peligro la declaratoria de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad, advirtió la Unesco en 2021, dada su cercanía con el Castillo de San Felipe de Barajas.
El 26 de febrero, Fanny Guerrero, representante legal de Edurbe, firmó contrato por $11.128 millones con Hernán Valdivieso Quintana, de Demoliciones Atila Implosión SAS.
Edurbe le envió a esa empresa caleña una invitación directa por su experiencia en desmontes de estructuras de alta envergadura. En el pasado, implosionó los edificios Space y Mónaco, en Medellín, y desmontó otro más en Itagüí.
Atila ya comenzó las labores de desmonte el 22 de marzo. Nelson Chiquizá, ingeniero de esa empresa, explicó en rueda de prensa desde el edificio Aquarela que su equipo no usará explosivos. Inicialmente, harán un desmonte manual que incluirá demolición neumática, técnicas de corte en diamante y equipos de elevación de cargas.
El desmonte debe terminar antes del 29 de julio.
El tercer contrato del gobierno Turbay
Y el tercer contrato interadministrativo que el gobierno de Turbay firmó con Edurbe, el 15 de marzo, fue por $5.148 millones para gerenciar la limpieza y mantenimiento de los canales pluviales de Cartagena durante los próximos cuatro meses. De esa suma, Edurbe obtiene $395.870.133 por cuota de gerencia.
La ejecución de ese contrato, que firmó la secretaria general María Patricia Porras Mendoza, comenzó esta semana en Cartagena.
Edurbe subcontrató, también por invitación directa, a la empresa Solución en Construcción SAS, de Valledupar. Esa firma vallenata debe limpiar 51 canales en las tres localidades cartageneras:
- 15 canales están ubicados en la Localidad 1 (Histórica y del Caribe Norte).
- 20, en la Localidad 2 (de la Virgen y Turística).
- Y 16, en la Localidad 3 (Industrial y de la Bahía).
El contrato del gobierno Arana
Y el cuarto contrato interadministrativo con el que Edurbe empezó 2024 con pie derecho lo firmó, el 14 de marzo, con el gobierno de Yamil Arana, por $5.101 millones, para obras de iluminación en el Estadio Jaime Morón.
Por ese contrato, que firmó Ariel Zambrano Meza, director del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar (Iderbol), Edurbe se gana $286.492.500 por cuota de gerencia.
Edurbe contrató, por invitación directa, a T&T Ingeniería Avanzada SAS, de Cartagena, para que mejore la iluminación del estadio, con la reposición de luminarias tipo LED.
La consultoría está a cargo de Aren Proyectos & Consultorías SAS, de Valledupar.
Las obras deben estar listas antes del 12 de junio.
Los líos recientes de Edurbe
Son muchos los ojos sobre la ejecución de estos cuatro contratos, en los arranques de gobierno de Dumek Turbay y Yamil Arana, pues la desconfianza hacia Edurbe es alta y se debe en gran medida a lo que pasó 15 años atrás.
Durante el gobierno de Judith Pinedo Florez, entre 2008 y 2011, Edurbe vivió una especie de luna de miel en términos de contratación con el Distrito. En ese gobierno le fueron adjudicados, bajo la figura de convenio interadministrativo, 146 por unos $119.000 millones.
Dentro de esos contratos, uno de los más cuestionados fue otorgado en 2011 para la construcción de 32 obras civiles en barrios pobres como San Francisco, Pablo Sexto, Las Brisas y Juan XXIII. Ese convenio fracasó porque Edurbe solo entregó 15 de las obras, diez fueron suspendidas, dos se anularon y las otras cinco nunca se realizaron, pese a que el Distrito pagó por ellas.
Otro incumplimiento de esa época fue la construcción del colegio República de Argentina, en el sur de Cartagena. La exalcaldesa Pinedo firmó el convenio con Edurbe para la construcción de esa sede educativa en junio de 2011, por $2.000 millones. Sin embargo, esa entidad jamás terminó las obras y en el gobierno atípico de Dionisio Vélez la Alcaldía le quitó la ejecución.
Esas reiteradas fallas llevaron a que el Distrito dejara de contratar con Edurbe durante varios años, hasta el encargo de la exalcaldesa Yolanda Wong. Entre 2017 y 2018, Wong le entregó a Edurbe (como alcaldesa encargada, secretaria del Interior y alcaldesa encargada de una localidad) 11 contratos, que sumaron $65.000 millones y también estuvieron marcados por problemas de ejecución.
En agosto de 2018, la Procuraduría emitió un control de advertencia sobre varios de esos convenios adjudicados por Wong, pues no hubo justificación para firmarlos “porque el Distrito cuenta con la Secretaría de Infraestructura y la Unidad Asesora de Contratación para realizar las mismas funciones que le fueron encomendadas a Edurbe”.
Con todos esos líos a cuesta, el entonces alcalde William Dau anunció en 2021 que liquidaría Edurbe. Sin embargo, eso no ocurrió y desde ese momento empezaron los contratos de su administración con esa entidad.
También en 2015, el alcalde Dionisio Vélez planteó esa posibilidad, alegando problemas financieros que, según él, hacían inviable su funcionamiento.
Lo que le explicaron a La Contratopedia, en 2022, un exmandatario y un abogado que pidieron no ser citados es que esa liquidación no es tan fácil, por tratarse de una entidad creada por una ley de la República. “Además, eso representa conseguir un dinero importante para pagar los pasivos y los empleados de nómina”, detalló el abogado.
Los próximos meses se sabrá cuánta solidez institucional y transparencia tiene Edurbe en esta nueva etapa y si reúne los requisitos para ser una entidad aliada de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar que, durante los próximos cuatro años, prometen millonarias inversiones en infraestructura pública.