Los lazos entre el círculo de Emilio Tapia y el consorcio de la Vía Caracolí – Sexta Entrada en Atlántico

Tres de las empresas que ejecutarán el contrato más millonario de lo que va del gobierno de Eduardo Verano, en Atlántico, han tenido vínculos con el círculo de negocios de Emilio Tapia, zar de la contratación nacional, condenado por el carrusel de Bogotá y preso por el desfalco de Centros Poblados.

Esas empresas son Harinsa Navasfalt Infraestructura SAS, Horacio Vega Cárdenas e Ingeniería, Transporte y Maquinaria SAS. Todas habilitadas para integrar junto a VNF SAS, de Horacio Vega, el Consorcio San Marcelo 010 y concursar por la construcción de 16,71 kilómetros de doble calzada en las vías Caracolí (tramo La Cordialidad – La Oriental) y Sexta Entrada (tramo Gran Abasto – Vía Caracolí).

A ese consorcio, la Gobernación del Atlántico le adjudicó, el pasado 1 de noviembre, el contrato vial por $138.423 millones.  

El contratista tiene nexos recientes con empresas asociadas a Tapia, asunto que evidencia la normalización de las relaciones comerciales con actores investigados, incluso por corrupción.

Los vínculos con Tapia 

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La primera empresa del Consorcio San Marcelo 010 con vasos comunicantes con Tapia es Harinsa Navasfalt Infraestructura SAS. 

Matriculada el 24 de enero de 2022 en Bogotá, es una firma dedicada a obras de ingeniería civil, transporte mixto y comercio al por mayor de materiales de construcción. 

Sus dueños son cuatro empresas: 

• Dos españolas, Lodeal Green SL (89% de las acciones) y Harinsa Navasfalt SA (1%).
• Y dos colombianas, Harinsa Navasfalt Construcciones SAS (5%) y Harinsa Navasfalt Colombia SAS (5%). 

Aunque tiene menos de dos años de matriculada en Colombia, Harinsa Navasfalt Infraestructura ha ganado millonarios contratos en distintas regiones del país. En al menos tres de ellos coincidió con empresas de Emilio Tapia o cercanas a él.

Uno de esos contratos es la construcción del Anillo Vial Externo Metropolitano de Santander, por $358.995 millones. Allí, como parte del Consorcio Progreso Metropolitano, Harinsa trabaja de la mano de Global Designs And Buildings SAS Zomac, antes Construsabana Morroa SAS. 

Esa empresa, con el 85% de participación en el consorcio, tiene entre sus dueños a Juan Carlos Aldana, primo y socio de Emilio Tapia, reveló el columnista de Cambio, Yohir Akerman. 

Aldana, también condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá, creó Odeka SAS (antes Suárez y Silva Ltda Ingenieros) y a través de esa firma es accionista de Global Designs and Buildings.

Según Cambio, Aldana y Tapia siguen siendo socios en contratos públicos, una relación comercial que no se ha visto afectada por la reclusión de Tapia en la Cárcel El Bosque por el desfalco de Centros Poblados. De hecho, fuentes de ese medio aseguran que Aldana “sería uno de los visitantes más frecuentes de Tapia en la cárcel de Barranquilla”. 

Ese contrato, con ejecución retrasada y más de un cuestionamiento a cuestas por poca transparencia, lo adjudicó el exgobernador de Santander Mauricio Aguilar para construir 28 kilómetros de doble calzada entre los municipios Piedecuesta y Girón, parte del área metropolitana de Bucaramanga.

Un vínculo adicional de Harinsa Navasfalt Infraestructura con el círculo de Emilio Tapia viene por otro contrato entregado por la Gobernación de Santander, en 2021, al Consorcio Constructor GM Santander para la construcción de la vía Barichara – Zapatoca, por $143.941 millones. 

En este proyecto, todavía en ejecución, Harinsa también es socia de Global Designs and Buildings SAS Zomac, la empresa del primo de Tapia.

Y otro nexo de Harinsa con Tapia viene por un contrato de pavimentación vial de 66 kilómetros, que el Invías entregó en 2021 para los departamentos de Cauca, Huila, Caquetá, Antioquia y Chocó, por $300.149 millones, denunció Vanguardia Liberal.

Una de las empresas de ese contratista (Consorcio San Sebastián 064) es ICM Ingenieros, perteneciente a Tapia y liquidada por orden de la Superintendencia de Sociedades, después de la probada corrupción en Centros Poblados.

Tapia le cedió su 25% de participación en el Consorcio San Sebastián 064 a Gama Ingenieros Arquitectos SAS, que se quedó con el 20%, y a Harinsa Navasfalt Construcciones SAS, con el 5% restante.

Es decir, ICM Ingenieros negoció con los representantes legales de esas empresas, Ana Carolina Galán Ramírez y Alfonso Navarro Peromingo, respectivamente, los derechos y obligaciones del contrato. 

Procesos de ese tipo no se dan entre desconocidos, pues el consorcio debe gestionar los reemplazos de su miembro inhabilitado para comunicárselo, luego, al contratante (en este caso el Invías) para que revise si cumple todas las condiciones y autorice la cesión.

Del Consorcio San Sebastián 064 también forman parte otras dos empresas que están juntas en el contrato vial de la Gobernación del Atlántico: Ingeniería, Transporte y Maquinaría SAS, de Envigado, y Horacio Vega Cárdenas, de Bogotá. 

Esas dos firmas se juntaron con Alca Ingeniería y la de Tapia (ICM Ingenieros) para pujar por el contrato vial del Invías frente a otros tres oferentes y ganaron.

Sólo cuando Centros Poblados estalló y comenzó el proceso de liquidación de la Supersociedades, ICM Ingenieros debió ceder su participación y terminar su relación comercial con el resto de miembros del Consorcio San Sebastián 064.

Lo que responde la Gobernación

La Contratopedia Caribe consultó al secretario General de la Gobernación del Atlántico, Pedro Lemus, dependencia responsable de esta licitación, y respondió que el proceso se celebró siguiendo los “mecanismos de selección objetiva” de la ley de contratación pública colombiana.

Es decir, con pliegos tipo, “adoptados mediante guía establecida por Colombia Compra Eficiente para este tipo de contratos de obra pública”, y con la publicación en el sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop 2), para que todos los interesados tuvieran “acceso a la información al tiempo”.

“Con relación a los proponentes, las empresas que estuvieron habilitadas fueron revisadas minuciosamente desde lo disciplinario, judicial, penal y fiscal, para garantizar la transparencia del proceso. No tenemos conocimiento del vínculo del consorcio ganador con Emilio Tapia”, le dijo el secretario a La Contratopedia.

De los 14 oferentes que tuvo el proceso, 11 quedaron habilitados después de cumplir con los requisitos jurídicos, financieros y de experiencia de la licitación.

“Se presentaron 14 consorcios, lo cual demuestra que muchas empresas del país se interesaron y cumplieron con los requisitos establecidos para el proceso, por lo tanto, se garantizó la pluralidad de oferentes”, manifestó Lemus.

La evaluación de las propuestas económicas de esos 11 habilitados se definió el día de la adjudicación (1 de noviembre), según los últimos dos dígitos de la Tasa Representativa de Mercado (TRM), “por lo cual es prácticamente un sorteo la elección del proponente ganador”, respondió el secretario. 

[Nota de la editora]: Una nueva versión de esta historia fue publicada el 21 de febrero de 2025, después de que La Contratopedia Caribe recibió, ese día, una solicitud de rectificación de Haifa Hydraulic Solutions. En la versión inicial de este artículo, La Contratopedia Caribe vinculaba erróneamente a esa empresa con Miguel Nule, citando un reportaje de la Revista Cambio, publicado el 30 de octubre de 2024.

En noviembre de 2024, cuando La Contratopedia Caribe tomó ese dato de Revista Cambio, la historia divulgada por ese medio no tenía rectificación alguna. Sin embargo, el 16 de diciembre de 2024, Revista Cambio publicó una adenda aclaratoria para manifestar que no le constaba la veracidad de lo que publicó.

En aras de la transparencia y la rigurosidad, La Contratopedia Caribe elimina el dato erróneamente publicado, concede la rectificación a Haifa Hydraulic Solutions y se excusa con esa empresa y los lectores por haber incluido información imprecisa en una primera versión.