La gestión de Lucy Espinosa, como directora del IPCC, está en la mira por haberle asignado un estímulo económico a una contratista distrital. /Foto: Tomada de la cuenta en X del IPCC.
Los errores en la asignación de estímulos que pusieron bajo lupa al IPCC y a su directora
En menos de 12 días, el Instituto de Cultura de Cartagena modificó dos veces los resultados de una convocatoria de estímulos para el sector fílmico. Por eso, hay dudas sobre la transparencia en los procesos institucionales.
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El pasado 23 de abril, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) le revocó un estímulo económico a una contratista distrital, después de varias denuncias que advertían su inhabilidad por tener un contrato vigente con la Gerencia de Espacio Público y Movilidad.
“Ese acto de manifiesta ilegalidad”, como lo reconoció el mismo IPCC, fue el más reciente de una serie de errores cometidos por esa entidad, en una convocatoria de $200.000.000, para el fortalecimiento del sector fílmico.
Debido a esas inconsistencias, que cuestionan el rigor y la transparencia del IPCC en la asignación de recursos públicos, la directora Lucy Espinosa ha sido objeto de control político por parte del concejal de oposición Javier Julio Bejarano y blanco de críticas en redes sociales.
En respuesta, el Distrito inició este sábado una campaña para apoyar a Espinosa y rechazar la “violencia política y de género” ejercida en su contra.
Inconsistencias en una sola convocatoria
El 15 de abril, el Consejo de Cine de Cartagena publicó en su perfil de Instagram un comunicado en el que enumeró varias inconsistencias de la resolución 70 de 2025, con la que el IPCC anunció a los ganadores de la convocatoria para el Fortalecimiento del Sector Fílmico y Audiovisual de Cartagena de Indias.
Ese mismo día, el ciudadano Diego Paternina Blanco también envió una carta al IPCC en la que detalló otras inconsistencias.
Todas esas falencias evidencian mala praxis en la evaluación de las propuestas y una falta de transparencia institucional, concentradas especialmente en cuatro hechos.
El primer error, señalado tanto por el Consejo de Cine como por Paternina Blanco, apuntaba a cuatro proyectos seleccionados para recibir doble estímulo en las modalidades de postproducción y creación de cortometrajes, pese a ser excluyentes: los requisitos de la primera categoría establecían que sólo serían considerados aquellos en fase avanzada, “con el corte final terminado y con la necesidad de apoyo para su finalización”, mientras que la segunda estaba dirigida a proyectos que no debían haber iniciado rodaje al momento de presentarse a la convocatoria.
La segunda inconsistencia se dio por la despublicación de la resolución 70 de 2025, que contenía los nombres de los ganadores de las seis categorías. Aunque inicialmente fue publicada el 14 de abril por la mañana, tiempo después fue retirada del sitio web del IPCC sin explicación alguna.
“Esta situación genera un enorme sinsabor y suspicacia sobre cómo se desarrolló el proceso de elección de los ganadores”, señaló el Consejo de Cine de Cartagena en su comunicado.
La tercera inconsistencia apuntaba a la falta de claridad en los criterios de evaluación y distribución de los estímulos. Por ejemplo, Paternina Blanco mencionó en su carta que un proyecto con un puntaje de 74 sobre 100 puntos posibles recibió un estímulo de $5.000.000 en la categoría de circulación, el mismo monto otorgado a iniciativas con puntajes de 84 y 95.
“Tampoco se publicó un cuadro con el detalle de calificaciones por parte del jurado evaluador, lo cual limita el derecho a verificación, contradicción y reclamo”, mencionó Paternina Blanco.
En esa misma línea, el Consejo de Cine le pidió al IPCC divulgar el acta de deliberación de los jurados y conformar “una nueva terna responsable de elegir de manera justa a los ganadores de cada uno de los estímulos”.
Y la cuarta inconsistencia, que días después se convirtió en parte de un acalorado debate político en Cartagena, fue la selección de una contratista del Distrito como ganadora, pese a estar inhabilitada por haber firmado una orden de prestación de servicios (OPS).
Según el numeral siete de las bases y términos de referencia de la convocatoria, no podían participar “los servidores públicos o empleados oficiales” de la Alcaldía o de sus entidades descentralizadas. Tampoco las personas naturales contratistas, es decir, con contratos vigentes.
En su comunicado, el Consejo de Cine solicitó aclarar cualquier vinculación laboral que pudiera tener alguno de los ganadores con el Distrito, para determinar “posibles conflictos de interés o inhabilidades”, mientras que Paternina Blanco señaló directamente a la seleccionada Jessica De la Barrera Cabeza en su carta.
Hasta entonces, los resultados de la convocatoria no habían tenido mayor trascendencia en el debate público cartagenero, pero comenzaron a tenerla desde el 22 de abril, cuando el concejal de oposición Javier Julio Bejarano denunció en el Concejo el estímulo de $15.000.000 otorgado a De la Barrera.
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De manera inusual, dos días después, la contratista De la Barrera tuvo la oportunidad de responderle al concejal Bejarano en el Concejo. La concejal liberal Gloria Estrada, aliada del gobierno de Dumek Turbay, la introdujo ante la plenaria.
De la Barrera aseguró que la denuncia de Bejarano era un “mecanismo de presión en contra del alcalde Dumek Turbay Paz y de la directora del IPCC (Lucy Espinosa)”.
Además, la contratista le pidió a Bejarano retractarse. Argumentó que la propuesta ganadora no la presentó a nombre propio sino de la Fundación Rodrigo Valdés, de la que es representante legal.
También dijo que, en la resolución de ganadores, el IPCC le atribuyó erróneamente el proyecto a ella, como persona natural, en lugar de a su fundación, persona jurídica.
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Sin embargo, el IPCC desmintió su versión al expedir una nueva resolución, en la que le revocó el estímulo después de verificar que se había inscrito como persona natural y reconocer su inhabilidad.
El IPCC tomó esa decisión un día después de la denuncia del concejal Bejarano.
Las subsanaciones del IPCC
En la resolución 75, con fecha del 23 de abril, el IPCC revocó el estatus de “habilitado” de Jessica De la Barrera Cabeza y la excluyó como ganadora de la categoría creación y producción de cortometraje documental, por lo que conminó al jurado a evaluar a quién le corresponderá la reasignación de esos $15.000.000.
En las consideraciones de la revocatoria, el IPCC calificó como un “acto de manifiesta ilegalidad” el haberse inscrito como persona natural a la convocatoria teniendo un contrato vigente con la Alcaldía.
Y señaló que su “actuación fraudulenta” rompió la confianza legítima en la presunción de legalidad del acto expedido, pues firmó un contrato el 20 de marzo con la Gerencia de Espacio Público y Movilidad y cuatro días después se inscribió a la convocatoria como persona natural.
Antes de revocar ese estímulo, el IPCC ya había tenido que modificar parcialmente los resultados de la convocatoria debido a un error en la publicación de los nombres de los ganadores de la categoría de postproducción de cortometraje.
En la resolución inicial, la número 70 del 11 de abril, aparecían como ganadores de esa categoría los mismos proyectos que habían sido seleccionados en las modalidades de creación de cortometrajes documental y ficción, situación irregular señalada por el Consejo de Cine y Diego Paternina Blanco y ya mencionada.
Por ese hecho, el IPCC retiró de su sitio web ese documento y lo subsanó con la publicación de la resolución 71 del 14 de abril. En esta nueva resolución se explica que los nombres equivocados fueron publicados “por un error de digitación”.
Es decir, los resultados de esta bolsa de estímulos tuvieron dos subsanaciones en menos de 12 días, entre el 11 y el 23 de abril, por la falta de rigor del IPCC en la verificación de las inhabilidades de los participantes y a la hora de transcribir la decisión del jurado.
El apoyo distrital y el nuevo choque político
Por todas las actuaciones erráticas del IPCC, la gestión de Lucy Espinosa como su directora vuelve a ser cuestionada en Cartagena.
Recientemente, la habían criticado por la selección de participantes en el Festival del Dulce Cartagenero o por las declaraciones de la Reina de la Independencia 2023-2024 en su contra.
Ante este nuevo capítulo, el alcalde Turbay salió en su defensa, pues Espinosa es una funcionaria de su confianza, con quien ya había trabajado cuando fue gobernador de Bolívar (2016-2019). En ese entonces, se desempeñó como directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur).
Lo hizo promoviendo, desde la mañana del sábado, una campaña en contra de la “misoginia” y “violencia de género”.
Utilizó el término “misoginia” al citar una publicación en X de un funcionario del IPCC, que rechazó “el hostigamiento y el desprestigio en redes sociales” contra Espinosa.
Se llama misoginia, Rodrigo. La maestra @lucyespinosa79 tiene TODO nuestro respaldo irrestricto. https://t.co/ZAKvX36gLE
— Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) April 26, 2025
A partir de ese momento, funcionarios, contratistas y distintas dependencias distritales se unieron con mensajes de apoyo a Espinosa. (Ejemplo I, ejemplo II, ejemplo III y ejemplo IV).
Incluso, el Nuevo Liberalismo, partido que le dio el aval a Turbay a la Alcaldía, se pronunció.
El concejal Bejarano se sintió aludido por los calificativos del alcalde y lo llamó el “rey de la distracción y la mentira”, un nuevo episodio en la confrontación política que sostienen desde hace días por el número de contratos del Instituto Distrital de Deportes (IDER) y el apoyo económico al fallido Festival de Música del Caribe.
Cuando le hice el debate a Campo Elías por las casi 1000 OPS, era por “una cancha” ahora que demuestro la CORRUPCIÓN en el IPCC Cartagena soy misógino. Conozcan al Alcalde @dumek_turbay que tenemos… El Rey de la distracción y la mentira. pic.twitter.com/OgHEh04Cvl
— Javier Julio Bejarano (@javierjuliob) April 26, 2025
Mientras que, desde redes sociales, otros ciudadanos le recordaron al mandatario que los funcionarios están sometidos al escrutinio y no puede catalogar como ataques de género los legítimos cuestionamientos a la gestión pública de Espinosa en el IPCC, especialmente, cuando salió a flote la asignación irregular de recursos públicos.
En respuesta ante estos hechos, el IPCC emitió un comunicado para rechazar “los cuestionamientos públicos y la campaña de desprestigio en contra de la entidad y de su directora, que algunas personas, incluyendo a un concejal de Cartagena, vienen realizando”.
El IPCC enfatizó que “en este caso, ni en ningún otro, se puede argumentar “corrupción” o “amiguismo” en la asignación del estímulo, debido a que el mismo proceso contempla sus propios mecanismos de validación, controles y enmiendas, como efectivamente se han implementado desde el mismo momento en que se conoció la situación”.
Y la entidad se defendió argumentando que en “todas las convocatorias de esta naturaleza que lideran entidades nacionales, departamentales y municipales contemplan las opciones de enmiendas y ajustes; precisamente por reconocer que los procesos administrativos y las personas que actúan en estos no son infalibles”.
Nota del editor. Esta historia fue modificada el 29 de abril para incluir el comunicado de prensa que el IPCC emitió ese día, en respuesta a los cuestionamientos por los resultados de la convocatoria para el fortalecimiento del sector fílmico y audiovisual de Cartagena Comisión Fílmica —FICCI—. El comunicado puede leerse completo aquí.