Cinco de los puestos de salud de Cartagena, inconclusos desde 2015, están en un nuevo limbo desde hace semanas por decisiones cruzadas del gobierno distrital. De anunciar que las terminaría bajo las mismas condiciones pactadas en 2014, el alcalde William Dau pasó a decir que lo mejor sería liquidar el contrato vigente y convocar a una nueva licitación.
Ese reversazo del mandatario generó que los contratistas involucrados (Salud Heroica y Salud Caribe 2020) recusaran al Distrito. Así se le conoce en lenguaje jurídico a la posibilidad que tiene una de las partes involucradas en un proceso, en este caso un millonario contrato de infraestructura, para apartar a otro de los actores por su relación con los hechos en cuestión.
Resulta que como el gobierno distrital había acordado terminar esas obras con esos contratistas este segundo semestre del año, esos privados no admiten que el alcalde haya salido a decir en medios de comunicación que liquidaría ese proceso.
Menos después de la mesa de trabajo de varios meses en la que participaron, el semestre pasado, con la Contraloría General. De hecho, el Distrito alcanzó a hacer nuevos acuerdos con los contratistas, que incluyeron una cesión de contrato.
A la recusación de los privados se le suma un nuevo lío jurídico: el Concejo de Cartagena votó este lunes 26 de octubre en contra de una solicitud del alcalde Dau en su intención de liquidar el actual contrato y convocar a una licitación. Los concejales no aceptaron que se retirara un proyecto de aprobación presupuestal, radicado por el Distrito en julio pasado, como parte del camino para terminar las obras con los actuales contratistas.
Más allá de ese embrollo jurídico, las comunidades de los barrios y de la zona rural siguen esperando puestos de salud de mejor calidad. Especialmente, en tiempos de pandemia, cuando la atención sanitaria de primer nivel es clave para ayudar a descongestionar los hospitales de mayor nivel, más demandados por pacientes con coronavirus.
Estos son algunos de los rostros de la fallida renovación sanitaria de Cartagena que prometió en 2014 la administración de Dionisio Vélez, después de gastar casi $100.000 millones. Solo ocho de las 25 intervenciones anunciadas están listas.
En Puerto Rey la cura fue peor que la enfermedad
El puesto de salud de Puerto Rey está casi listo: tiene construidos seis consultorios, tres baños y una sala de recepción. Mientras abre sus puertas, los pobladores reciben atención médica en una casa cercana a la que la Alcaldía los trasladó en 2015, después de que les demolió su centro de atención, de dos pisos, administrado por el Club Rotario.
“Nos pasaron para una casa, porque era algo momentáneo y mira por dónde vamos. Cuando lo destruyeron, ese centro de salud no tenía muchos años de haberse puesto en funcionamiento y estaba bien dotado”, se queja José Luna, vigilante de la obra abandonada.
Una de las visitas de funcionarios del Distrito, el año pasado, arrojó que el centro de salud de Puerto Rey necesitaba $970 millones para adecuar sus redes eléctricas y sus sistemas de alcantarillado y acueducto, estos últimos para que funcione el servicio de odontología.
El lío de legalización que evitó la demolición en La Candelaria
Ubicado en un barrio con el mismo nombre, en la zona noroccidental de la ciudad, el puesto de salud de La Candelaria lleva más de 45 años en un limbo administrativo porque su lote no está legalizado. Por eso, los habitantes le pidieron en 2014 a la Alcaldía no iniciar obras hasta que la titularidad no estuviera resuelta. Esa petición los salvó de correr la misma suerte de Canapote, Nelson Mandela o Los Cerros, donde los centros de salud fueron demolidos. Desde entonces sus habitantes reciben atención médica en casas o en hospitales vecinos.
Los usuarios de La Candelaria siguen esperando la construcción del hospital de tres plantas y 32 camas que la administración de Dionisio Vélez les prometió. Todavía hoy no han visto poner el primer ladrillo. Lo que sí han visto son unos trabajos paliativos realizados por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.
Con la misma infraestructura y un poco de pintura nueva, esa entidad administradora de la red pública hospitalaria reacondicionó ciertas áreas, después del cierre temporal que el centro sufrió en julio del año pasado, por no dar abasto para atender a los residentes de al menos cinco barrios.
“Lo que hoy vemos es solo un maquillaje, un pequeño arreglito, sin ninguna estructura construida ni nada”, dice Eduardo Ríos, residente de La Candelaria.
La infraestructura de ese puesto de salud no da para atender emergencias. En caso de alguna, sus usuarios deben trasladarse a otros centros de mayor complejidad, como La Esperanza o Líbano, generalmente “congestionados”, manifiesta Harold Maquilón, presidente de la Asociación de Usuarios de La Candelaria.
La interminable adecuación del Hospital de Canapote
El Hospital de Canapote atraviesa hoy su peor momento: tiene su planta física de tres pisos en obra gris, sus instalaciones eléctricas a medio terminar y la sala de urgencias en condiciones tan pésimas que no cumple los estándares mínimos exigidos por el Ministerio de Salud. Además, su predio está sin legalizar y los servicios médicos que presta se limitan a urgencias, porque no tiene la infraestructura suficiente para ofrecer hospitalización, fisiatría ni consultas externas.
La Alcaldía trasladó las consultas externas a una casa cercana de dos pisos, que arrendó a pocos metros del Hospital. Desde allí, los médicos atienden a unas 100 mil personas entre moradores de Canapote y barrios vecinos como Cerro de la Popa, San Francisco y Santa Rita.
Cuando el contratista Coinses —le cedió el contrato este año al Consorcio Salud Caribe 2020– inició labores en 2014, los habitantes de este popular sector cartagenero creyeron que por fin sería una realidad el hospital de mayor complejidad prometido por el gobierno de Dionisio Vélez. Sin embargo, pocos meses después, en 2015, las obras quedaron paralizadas y con ellas comenzó a esfumarse el sueño de todo un barrio.
Mucho más porque con esa intervención, el contratista demolió los dos quirófanos, la sala de partos y las habitaciones para hospitalización que construyó en 2011, después de una millonaria inversión, la administración de Judith Pinedo. Obras que los usuarios no alcanzaron a estrenar por falta de permisos del Dadis, entidad descentralizada que administra el servicio de salud en Cartagena.
En Daniel Lemaitre sigue la espera por un moderno puesto de salud
El puesto de salud del barrio Daniel Lemaitre funcionó hasta 2014 donde se encuentra hoy una obra sin terminar en una esquina del norte cartagenero. Sus retrasos se originaron por falta de plata y porque su predio no estaba legalizado, un asunto que la administración de Pedrito Pereira solucionó en diciembre pasado.
Cuando el Consorcio Salud Heroica inició las obras en 2015, el puesto de salud comenzó a funcionar en una vivienda cercana arrendada por ese contratista. La medida, que la Alcaldía anunció como una contingencia de meses, ya completa un lustro sin que todavía hoy se vislumbre una solución a corto plazo.
Lo que sí ha estado claro es que durante todo ese tiempo los usuarios han recibido atención médica en una infraestructura deficiente. Una realidad a la que ya están acostumbrados porque antes de la “intervención” del gobierno de Dionisio Vélez, el puesto de salud funcionaba en condiciones precarias, dice Neidilia Garcés, presidenta de la Junta de Acción comunal del barrio.
“Antes hacían falta consultorios y el establecimiento en general no estaba en óptimas condiciones. El baño, por ejemplo, se encontraba en mal estado, al igual que las rampas y la sala de espera. La humedad y otros factores llevaron a solicitar el mejoramiento de las instalaciones, pero no sabíamos a todo lo que nos íbamos a enfrentar”.
El año pasado una luz de esperanza se encendió para los usuarios de este puesto de salud porque se convirtió en una de las tres obras priorizadas por el alcalde Pedrito Pereira para entregar antes del 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, esa administración reconoció que esa fecha podía cambiar en cualquier momento y, en efecto, no alcanzó a terminarla.
A esa obra es poco lo que le falta y estaba entre las cinco anunciadas, el semestre pasado, por la Contraloría y la Alcaldía para entregar antes del 31 de diciembre de este año. Esa nueva fecha tampoco será.
UPA Punta Canoa, seis meses que se volvieron cinco años
Cuando el Distrito llegó en 2014 al corregimiento de Punta Canoa a socializar la construcción de un centro médico nuevo, prometió tenerlo listo en seis meses.
“Y aceptamos porque entraron enseguida con maquinaria y como iba a ser de dos pisos la gente se entusiasmó y ahora mira por dónde van los seis meses. Ahora no podemos usar el Centro Cultural porque allá es donde atiende ahora el médico”, dice Eusebio Leal Núñez, uno de los casi 1.200 habitantes de esta población ubicada al norte de Cartagena, a unos 40 minutos del casco urbano.
La obra está suspendida porque la plata no alcanzó y según la Alcaldía tiene un avance del 54 por ciento, pero en terreno el panorama es otro: en el primer piso los cuatro consultorios y tres baños construidos lucen deteriorados, mientras que del segundo piso solo hay una escalera para llegar hasta allí y la división de lo que serían unas tres consultorios más, a los que incluso les falta una parte del techo.
“Aquí tuvimos que encerrar unos inodoros y unos lavamanos que dejaron los constructores, porque la gente se los estaba robando”, detalla Nuñez mientras muestra lo que otrora fue un centro de salud en el que los usuarios eran atendidos tres veces por semana.
A esta obra aún le faltan $1.598 millones en inversión para salir de la lista de elefantes blancos de Cartagena, una lista por la que ocupa el segundo lugar, después de Ibagué, de ciudades con más obras inconclusas.