La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció, este 2 de enero, que se abstendrá de darle el 82.16% de las acciones de la Triple A a la empresa K-Yena SAS (antes Alumbrado Público de Barranquilla SAS) hasta que la Contraloría General no revise a fondo la venta celebrada en diciembre de 2021, durante el gobierno de Iván Duque.
La SAE acogió la recomendación de la Superintendencia de Servicios Públicos (SuperServicios) porque esa venta pudo desconocer los principios de “economía, transparencia y responsabilidad”.
@Superservicios comparte a la opinión pública la respuesta enviada a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que solicitó a esta Superintendencia información sobre los estados financieros de la empresa @SomosTripleA ⬇️ pic.twitter.com/XiqV4VqDhu
— Superservicios (@Superservicios) December 31, 2022
Según la SuperServicios, la negociación entre la SAE y Alumbrado Público de Barranquilla SAS (desde el 10 de noviembre de 2022 K-Yena SAS) debió hacerse por $1.9 billones y no por $565.000 millones.
Antes Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, había dicho en W Radio que esa venta constituyó “un posible peculado por apropiación a favor de terceros”.
Con los cuestionamientos de su Gobierno por el negocio en la empresa barranquillera de alcantarillado y acueducto, el presidente Gustavo Petro toca a tres poderes:
- A los Char, que manejan la Alcaldía de Barranquilla desde 2008 y reducen su capacidad de influir en la empresa con la SAE, entidad del Gobierno Nacional, como accionista mayoritario. El actual alcalde Jaime Pumarejo ha presentado la venta de acciones como una victoria de Barranquilla para recuperar un activo que le había sido arrebatado.
- Al zar de las basuras William Vélez, quien tiene la mayoría de las acciones privadas de la empresa mixta K-Yena SAS (antes Alumbrado Público de Barranquilla SAS) y con quien Petro se enfrentó por la concesión de las basuras cuando era alcalde de Bogotá.
- Y a los hermanos Christian y José Manuel Daes, megacontratistas de Barranquilla, también con acciones en la empresa de alumbrado público y con vasos comunicantes con la campaña presidencial de Petro. Aunque en 2022 cedieron sus acciones y ahora no son mencionados por funcionarios nacionales como sí lo ha sido William Vélez, ellos estuvieron involucrados inicialmente en esa negociación.
Más allá de esos poderes, estas son las cuatro razones que llevaron a la SAE a congelar la entrega de acciones de la Triple A, cuya legalidad la Alcaldía de Barranquilla defiende, pero será la Contraloría General la entidad con la última palabra.
1. Enajenación temprana sin justificada evidencia
La SuperServicios dijo no tener evidencias que justificaran la venta de acciones de la Triple A, bajo enajenación temprana, en diciembre de 2021.
Esa figura jurídica es una transferencia que se hace sobre bienes cobijados por procesos de extinción de dominio, aún sin sentencias definitivas. Es decir, sin que haya una decisión judicial que determine quién es el titular de lo que está en litigio.
Sin embargo, ese tipo de enajenaciones deben hacerse con un análisis de costo-beneficio de por medio, según jurisprudencia de la Corte Constitucional. “De manera que, sin este análisis, no se cumplen los requisitos reconocidos en la ley para utilizar esa forma de administración de bienes”, dijo la SuperServicios.
En el caso de la Triple A, el gobierno de Iván Duque usó la enajenación temprana para entregarle a Alumbrado Público de Barranquilla SAS (ahora K-Yena SAS) la titularidad del 82.16% de las acciones que hasta 2018 le pertenecían a Inassa, filial de la española Canal Isabel II.
Ese año las acciones pasaron a manos de la SAE por petición de la Fiscalía colombiana, que investiga unos pagos fraudulentos, ocurridos entre 2000 y 2017 e involucran a altos directivos, colombianos y extranjeros, de la Triple A.
Los pagos investigados por la Fiscalía generaron un posible detrimento de $236.000 millones. De hecho, en una de sus actuaciones recientes, ese ente imputó el 27 de noviembre a Nelson Eduardo Polo Carbonel, en su condición de directivo y accionista de la Triple A. Él es señalado de participar en “maniobras que permitieron la apropiación irregular de $23.379 millones” de esa empresa.
Para la SuperServicios, por tanto, no quedaron claros los argumentos de costo y beneficio usados por la SAE para venderles las acciones de la Triple A a Alumbrado Público de Barranquilla SAS (hoy K-Yena SAS) y no continuar administrándolas mientras termina el proceso penal de Inassa.
2. Principios de objetividad y transparencia, vulnerados con transacción a dedo
Para la SuperServicios, la manera como la SAE y Alumbrado Público de Barranquilla SAS (desde el 10 de noviembre de 2022 K-Yena SAS) celebraron la enajenación temprana desconoció los principios legales de transparencia y objetividad, porque un paquete accionario como el de la Triple A debía venderse bajo subasta pública o sobre cerrado, no sin competencia como ocurrió.
Según el artículo 93 de la Ley 1708 de 2014, más conocida como Ley de Extinción de Dominio, la venta directa a un comprador no es pertinente, sea cual sea su naturaleza, incluso si se trata de una “entidad con participación del Estado”, como es el caso de K-Yena SAS (antes Alumbrado Público de Barranquilla SAS), cuyos accionistas son el Distrito de Barranquilla (65%) y Barranquilla Capital de Luz SAS (35%).
Como contó La Silla Vacía, la enajenación temprana de la Triple A se hizo sin subasta porque según la SAE la empresa barranquillera tenía limitado “el acceso al sistema financiero”, por estar inmersa en un proceso de extinción de dominio. Un “bloqueo bancario” que se sumaba a la falta de inyección de capital por parte de la SAE y ponía en riesgo el plan de inversiones de la compañía.
Sin embargo, La Silla Vacía encontró que esos argumentos fueron engañosos porque en 2021 “la Triple A fue noticia” por haber logrado acuerdos con seis bancos y haber accedido a créditos por $100.000 millones”.
Además, ese medio encontró duplicado el presupuesto de inversión de la Triple A en los reportes anuales de gestión de 2019 y 2020. Es decir, mientras estaba en poder de la SAE.
3. Posible violación del ordenamiento jurídico con detrimento patrimonial
A partir de escenarios conservadores del Banco de la República y de información que la Triple A le reporta al Gobierno Nacional, la SuperServicios dijo este 2 de enero, en rueda de prensa, que valoró a la Triple A en $2.4 billones. Por tanto, el paquete accionario en manos de la SAE debía venderse por $1.9 billones (82.16% de las acciones) y no por $565.000 millones.
La SuperServicios dijo que $2.4 billones es la suma más conservadora de tres escenarios que tasó a partir de información reportada por la Triple A en el Sistema Único de Información (SUI), plataforma oficial donde las empresas de servicios públicos detallan su funcionamiento.
Por tanto, para la SuperServicios hubo “una presunta violación al ordenamiento jurídico” al no coincidir el avalúo realizado para la venta de la SAE al operador del alumbrado público con los valores reportados ante el SUI.
Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, ya había cuestionado el 26 de diciembre en W Radio que la venta de acciones se hubiese celebrado por $565.000 millones, un valor inferior a la valoración hecha por la firma Deloitte Asesores Ltda.
A esa firma la SAE la contrató, durante el gobierno de Iván Duque, para hacer la valoración de acciones de la Triple A. Esa firma entregó una suma cercana a los $800.000 millones con varias adendas no divulgadas por la SAE.
Ante esos asteriscos, la SAE, ahora bajo el gobierno de Gustavo Petro, le pidió una nueva valoración de la Triple A a la SuperServicios.
4. Posible beneficio a favor de terceros privados
Antes de la enajenación, Inassa era el accionista mayoritario de la Triple A al manejar el 82.16% de las acciones. Luego, quedaron en manos de la SAE, entidad pública.
Fue así como el Distrito de Barranquilla era el segundo accionista público, con el 14.5% de participación, y los privados sólo tenían el 3.34%. Es decir, el 96.66% de la empresa estaba en manos públicas (82.16% de la SAE más 14.5% del Distrito de Barranquilla).
Con la transacción entre la SAE y Alumbrado Público de Barranquilla SAS (ahora K-Yena SAS), las participaciones pública y privada en la empresa de acueducto y alcantarillado cambiaron:
- El sector público se quedó con el 73.66% de las acciones.
- Mientras que los privados se quedaron con el 26.34%.
“En suma, con el contrato en cuestión, la participación pública disminuye en un 23% y la participación privada aumenta en un idéntico porcentaje, respecto del escenario inicial (es decir, al anterior a la venta)”, dijo la SuperServicios.
Esa entidad nacional ahora cuestiona que la participación pública haya bajado tanto. Una participación que incluso fue más baja hasta agosto pasado (67.9%), porque ese mes unos privados le cedieron a la Alcaldía de Barranquilla su participación en la Triple A.
Se trata de los hermanos Christian y José Manuel Daes, que tienen acciones en K-Yena SAS (antes Alumbrado Público de Barranquilla SAS) a través de Capital de Luz SAS, dueña del 35%. La Alcaldía es la dueña del 65%.
2 respuestas a “Las razones por las que la SAE congeló la entrega de acciones de la Triple A y los poderes que toca”
En el tercer párrafo hay un error de redacción, en el que dice SAE cuando debiera decir, según inferencia, Triple A.
Hola, volvimos a leer y no encontramos el error. Nos podría, por favor, precisar mejor. Gracias.