Insumos sanitarios de dudosa calidad, aliados políticos del gobernador Everth Hawkins como contratistas y posibles sobrecostos en equipos médicos son algunas de las características que deja, hasta ahora, la millonaria contratación para mitigar el impacto del Covid-19 en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Hawkins es uno de los tres gobernadores a los que la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citará a interrogatorio en calidad de indiciado y es también uno de los 14 contra los que ya existen indagaciones, por presunto mal manejo de la plata pública para comprar mercados, insumos sanitarios y equipos médicos. Recursos que los mandatarios colombianos han entregado por contratación directa, desde marzo pasado, amparados en la declaratoria de urgencia manifiesta.
Al hacer el anuncio, el pasado 21 de mayo, el fiscal general Francisco Barbosa no detalló cuáles de los contratos que ha firmado el gobierno insular originaron las pesquisas contra Hawkins. Tampoco entregó detalles del resto de mandatarios, pero anunció que pronto habrá “decisiones con nuevas imputaciones e imposición de medidas de aseguramiento” contra algunos de ellos por corrupción.
Ese día, la Procuraduría también anunció que le abría una investigación a Hawkins y a su secretaria de Gobierno, Jacqueline Blanco, por haberle comprado insumos sanitarios a una firma que se dedica al turismo.
La Contratopedia revisó la contratación por Covid-19 del archipiélago, que suma $9.702 millones, y esto encontró (Descargue el listado completo de contratos).
Contrato con el publicista de la campaña
La Gobernación de San Andrés firmó el 18 de marzo su primer contrato por Covid-19, por $500.000.000, con Noel Foto SAS, para “informar, prevenir y contener” los efectos de la pandemia entre la población isleña.
En la cotización de cinco páginas enviada al secretario de Salud Julián Davis Robinson, la empresa propuso la producción de 10 videos, cuya duración no especificó; 10 audios de un minuto cada uno; el diseño de afiches, plegables, autoadhesivos para vehículos, camisetas y gorras, y perifoneo y vallas publicitarias en puntos clave de la isla, como la Gobernación, la Asamblea y el Aeropuerto.
La efectividad de toda esa publicidad contratada no es clara, pues desde el 22 de marzo la cuarentena nacional tiene a los isleños confinados en sus casas, a los funcionarios públicos trabajando de manera remota y al Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla sin pasajeros, tras la decisión del presidente Iván Duque de cerrar el espacio aéreo para contener la propagación del virus.
Pese a que el contrato se firmó por $500.000.000, los servicios cotizados solo suman $164.000.000. La Gobernación gastará el resto de plata a medida que sus diferentes dependencias pasen sus “órdenes de servicio para atender la contingencia” por Covid-19.
Desde que la pandemia comenzó, esas estrategias publicitarias han sido cuestionadas por el procurador Fernando Carrillo, quien ha dicho que los recursos del Estado no “se pueden dilapidar en pasacalles”, cuando la gente no está saliendo de sus casas, ni en “campañas inventadas” a nivel local, sin “ningún valor agregado para los ciudadanos”. De hecho, este contrato fue uno de los primeros incluidos por el procurador Carrillo en un paquete de inversiones dudosas por coronavirus.
El Procurador Carrillo también cuestionó, sin aludir específicamente a ningún proceso, que muchos mandatarios están pagando favores políticos, adquiridos en las elecciones regionales de 2019, con recursos de la pandemia.
Un patrón que se cumple con este contrato entregado por la Gobernación de San Andrés a Noel Fotografía, pues su representante legal, Henry Ramírez García, fue un activo promotor de la candidatura de Everth Hawkins en redes sociales como Facebook y, además, le diseñó durante la campaña parte de sus piezas publicitarias. Al igual que a su fórmula, el actual alcalde de Providencia, Jorge Norberto Gari Hooker.
Aunque ese negocio no es en sí mismo ilegal, sí evidencia la contratación de Hawkins con un contratista amigo.
Todavía hoy Henry Ramírez García usa Facebook para difundir algunos anuncios de la Gobernación, en especial los relacionados con la pandemia.
Noel Fotografía está matriculada en la Cámara de Comercio de San Andrés desde 2013, donde tiene dos establecimientos comerciales. Se dedica a la publicidad, fotografía y al comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería.
Está inscrita en el Registro Único de Proponentes desde el pasado 30 de enero. Una inscripción que recién la habilita para contratar con entidades públicas como la Gobernación de San Andrés, con la que esta firma se estrena como contratista público.
Equipos médicos con posibles sobrecostos
El 19 de marzo, el gobernador Hawkins y el Secretario de Salud compraron por $3.524 millones equipos médicos, como ventiladores, tensiómetros y monitores de signos vitales, para la nueva unidad de cuidados intensivos del Hospital Clarence Lynd Newball en construcción desde el 1 de abril pasado. Debe quedar lista antes de julio.
La Gobernación de San Andrés hizo ese negocio con la empresa barranquillera DM Medical Health Care SAS, dedicada a la importación y comercialización de insumos médicos, y representada legalmente por Elizabeth Niebles Barceló.
Casi dos meses después, esa compra bajó $803.048.959, tras una denuncia ciudadana ante la Contraloría General por posibles sobrecostos. Una reducción que quedó consignada en dos otrosíes, como se les denomina en lenguaje jurídico a los cambios que sufre un contrato.
En su revisión, la Contraloría encontró abultadas diferencias en los valores unitarios de esos equipos.
Según información a la que La Contratopedia tuvo acceso, el costo de cada uno de los 25 monitores de signos vitales no sobrepasaba los $8.743.623, mientras que la administración Hawkins los había negociado a $13.812.500 por unidad.
En esa misma cotización en la que la Gobernación basó su contrato inicial, dos carros para el transporte de medicamentos costaban $12.070.000, mientras que la Contraloría los tasó a $8.355.943.
También presentaban excesiva diferencia dos desfibriladores, aparatos electrónicos que ayudan a restablecer el ritmo cardiaco. La Contraloría los cotizó a $39.932.966 y la Gobernación los iba a pagar a $64.553.250.
Esos valores cotizados por la Contraloría incluían impuestos y costos de transporte a San Andrés desde la Colombia continental.
La Gobernación justificó la reducción del contrato con dos razones.
La primera con el transporte de los equipos, que no lo pagó el archipiélago sino la Fuerza Aérea Colombiana por gestión de la Federación Nacional de Departamentos. En el contrato inicial, la Gobernación no había detallado esa suma porque, según el otrosí, ésta iba incluida “de forma implícita” en el costo de cada aparato médico. Esa característica no permitía determinar el valor neto que la administración Hawkins pagaría por cada equipo.
La segunda razón que dio la Gobernación es que la cotización inicial para esa compra la hizo en marzo. Para aquellos días -dice- hubo un “alza vertiginosa” de precios en los dispositivos médicos, debido a una demanda mundial sin precedentes con el auge de la pandemia. Situación que ha ido cambiando -se lee en las modificaciones del contrato- las últimas semanas por el aumento de la oferta y la flexibilización de los fabricantes en India, China y la Unión Europea.
Contrato de insumos con un organizador de eventos
El 26 de marzo, la Gobernación le compró 50.000 tapabocas, 50.000 geles sanitarios y 50.000 guantes en latex, por $521.500.000, a una empresa sanandresana que se dedica a la organización de convenciones y eventos comerciales; a la consultoría de gestión; al comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, y al catering .
Se trata de Islanders Care Integrated Services SAS, una firma matriculada desde 2015 en la Cámara de Comercio, dueña de un hospedaje para turistas en el Edificio Vista Hermosa y de la Papelería y Variedades Cardona’s, ambos ubicados en San Andrés.
Justo por haber contratado con una firma cuyo objeto social es distinto al del contrato, la Procuraduría le inició, en mayo pasado, una investigación al gobernador Hawkins y a su secretaria de gobierno Jacqueline Blanco Yepes por posible vulneración de “los principios que rigen la contratación pública”, como planeación y transparencia.
La representante legal de Islanders Care Integrated Services SAS es Maywy Maria Cardona Saavedra, quien durante 19 años trabajó en la Cámara de Comercio de San Andrés y es conocida por ser cercana al diputado Carlos Carvajal Jiménez, actual presidente de la Asamblea sanandresana.
Carvajal pertenece al partido Cambio Radical, que apoyó en las pasadas elecciones al actual gobernador Hawkins, a través del representante a la Cámara por el archipiélago Jorge Méndez Hernández.
Hasta antes de la llegada de Hawkins al Coral Palace, los cinco contratos públicos que Islanders Care Integrated Services SAS había firmado con la Alcaldía de Providencia y la Cámara de Comercio de San Andrés, para suministrar insumos de oficina y prestar servicios de gestión, no sumaban más de $66.950.750.
Tapabocas de dudosa calidad
Otros dos contratos, firmados por la Secretaría de Salud por $360.707.648, para comprar elementos de protección, despiertan dudas entre los sanandresanos, después de que el operador del Hospital Departamental –Sermedic IPS- devolvió 5.500 mascarillas por no ser seguras para los trabajadores ni para los pacientes.
La devolución la hizo Yudy Eugenia Gallego, directora Administrativa de Sermedic IPS, a través de una carta enviada al Secretario de Salud el 14 de mayo. En ella asegura que las mascarillas no pasaron el control de calidad del hospital.
La autenticidad de dicha carta, que se filtró y comenzó a circular en varios perfiles digitales de la isla, fue corroborada por la secretaria de gobierno Jacqueline Blanco, en declaraciones a medios locales.
La Gobernación les compró esos insumos a las empresas Invergarcia SAS, de Cartagena, y Estrategias y Suministros E y S SAS, de Barranquilla.
Invergarcia SAS es una firma matriculada en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 2014. La Gobernación de San Andrés le compró, por $249.739.044, los siguientes insumos.
Esa empresa tiene un amplio objeto social, que incluye la dotación hospitalaria de material médico, como batas, guantes, camillas, medicamentos e implementos de laboratorio, y la distribución y comercialización de todo tipo de productos farmacéuticos.
Su representante legal es Carlos Arturo Castillo García, quien ha suscrito contratos por $3.908 millones con la Gobernación de Bolívar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Clínica Maternidad Rafael Calvo de Cartagena.
El otro contratista es Estrategias y Suministros E y S SAS, matriculada en la Cámara de Comercio de Barranquilla desde 2016. La Gobernación de San Andrés le compró por $110.968.604 estos insumos sanitarios.
Entre las actividades de esta empresa están el comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador. También, la venta de computadores, programas de informática y productos textiles.
En el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) registra cinco contratos, firmados entre 2018 y 2020, por $3.384 millones. Su representante legal es Edwin Alberto De la Rosa Borrás.
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[Nota de la editora] Esta historia se actualizó el 11 de junio con un video producido por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), como parte de su iniciativa Pauta Visible. En él, esta entidad emite tres alertas por un contrato publicitario que la Gobernación firmó para difundir mensajes preventivos e informativos sobre el coronavirus.
2 respuestas a “Las perlas de la contratación por Covid-19 en San Andrés”
Pena de muerte a esos hampones de San Andres y frente a sus familiares.
CARAMBA. ESE DESPILFARRO AUN NO SE ACABA,? 3 GOBIERNOS Y SEGUIMOS EN LO MISMO? .
NO HAY DEREHO, TAN TA POBREZA Q HAY EN ESTOS MOMENTOS EN LA ISLA Y TODO PASA ACA COMO SI NADA. DONDE ESTARA EL SR JUSTINIANO BROWNQUE NO VE NADA?…