
La camioneta que la UNP asignó al esquema de seguridad del Gobernador de Bolívar transitaba por el carril exclusivo de Transcaribe, cuando arrolló al adulto mayor. /Foto: Captura de pantalla.
Las nuevas irregularidades que destapa el siniestro vial de la camioneta asignada a Arana
El conductor del vehículo de la UNP, destinado al esquema de protección del Gobernador de Bolívar, no estaba autorizado para desempeñar esa labor y no tenía OPS con el Departamento cuando el siniestro ocurrió. Su caso es un posible abuso de poder.
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Una semana después de la muerte de un hombre de 74 años, en un siniestro vial que involucró a un carro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignado al esquema de seguridad del gobernador Yamil Arana, La Contratopedia Caribe encontró que el conductor de esa camioneta, Benito Madrid Escobar, no tenía orden de prestación de servicios (OPS) con la Gobernación de Bolívar cuando ocurrieron los hechos.
Un posible abuso de poder de la administración departamental con Madrid Escobar, quien accedió a cumplir obligaciones laborales sin contrato, como suele ocurrir en gran parte de las instituciones públicas colombianas a inicios de cada año.
El gobierno Arana reconoció el miércoles un vínculo laboral de la Gobernación con Madrid Escobar, en un comunicado que divulgó. Allí dijo que “el conductor del vehículo se encontraba desempeñando sus funciones habituales cuando, de manera inesperada, se produjo la colisión tras el cruce intempestivo del adulto mayor”.
Justamente, porque Madrid Escobar no tenía potestad para conducir uno de sus vehículos, la UNP anunció una investigación.
La Unidad Nacional de Protección, UNP, lamenta la muerte de Iván Enrique Cuentas Arriaga, quien murió en accidente de tránsito ocurrido en Cartagena el viernes, 10 de enero.
En el hecho se vio involucrada una camioneta de la UNP del esquema de protección del gobernador… pic.twitter.com/uDGIIVEYvc— Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) January 15, 2025
Además, El Colombiano reveló este jueves que hace varias semanas el personal del esquema de seguridad, asignado por la UNP, no es requerido por Arana, pero en cambio el mandatario sí usa la camioneta. Incluso, para asuntos personales como paseos a la playa.
Al momento del siniestro, de hecho, ese vehículo cumplía labores para la primera gestora departamental Angélica Salas y no para Arana.
La Contratopedia no tiene certeza si ella iba a bordo, pero al menos dos fuentes, de manera extraoficial, le aseguraron a este medio que sí viajaba como pasajera y tan pronto el suceso ocurrió fue sacada del sitio.
Todos estos hechos son los más recientes de un rosario de irregularidades que reveló, el martes, La Contratopedia: desde el círculo de Arana hubo una petición a las autoridades distritales de tránsito de manejar con reserva el siniestro y evitar así que se filtrara a los medios de comunicación el vínculo del vehículo con esa entidad.
Aunque inicialmente hubo hermetismo desde el Distrito, este jueves el alcalde Dumek Turbay le dijo a Blu Radio que el tránsito distrital está dispuesto a colaborar entregando toda la información del caso y le pidió a la Gobernación respaldar a los familiares de la víctima del siniestro.
Conductor sin OPS y cumpliendo labores distintas
Desde el 27 de diciembre, Benito Madrid Escobar ya no tiene OPS porque la que firmó, desde el 8 de mayo de 2024 para desempeñar labores propias de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social, venció ese día.
Ninguna de las 13 obligaciones específicas de ese contrato que Madrid Escobar firmó, por $19.165.000, incluían desempeñarse como conductor de la primera gestora departamental Angélica Salas ni de su equipo de trabajo, funciones que en la práctica realizaba hasta el día del siniestro.
Y no las incluía porque Salas no es una funcionaria pública y, como ocurre con el resto de primeras gestoras en Colombia, no es ordenadora del gasto (pues no dispone oficialmente de presupuesto) ni tiene competencias para contratar servicios.
Aunque, cumple una agenda de eventos oficiales y tiene a su disposición un equipo de trabajo vinculado, por OPS, a la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social.
Según el contrato que Madrid Escobar firmó, el año pasado, con el objeto de “apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades propias de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social”, entre sus funciones estaban:
- Recibir correspondencia
- Transcribir documentos
- Apoyar en la organización del archivo de esa dependencia
- Atender las llamadas telefónicas, al público o funcionarios que se presentan a la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social.
- Y apoyar en la elaboración de comunicaciones y oficios.
Es decir, todas esas funciones que comenzó a desempeñar desde el año pasado son más propias de un contratista de oficina que del conductor de un vehículo, su rol real, según confirmó la Gobernación en su comunicado del miércoles.
Para este 2025, las condiciones laborales de Madrid Escobar no se conocen ni la Gobernación ha entregado detalles. Lo que sí es un hecho es que, al momento del siniestro, el 10 de enero, no tenía vigente un contrato similar al que tuvo el año pasado con la Secretaría de la Mujer, pues apenas dos días antes, el 8 de enero, la Gobernación de Bolívar había abierto su presupuesto para la actual vigencia.
El primer Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedido ese día fue para contratar la “implementación, operación y sostenibilidad del sistema financiero y administrativo web (…) bajo la modalidad de software como servicio”, por $1.708 millones.
Hasta el 17 de enero, dos semanas después de iniciado el año, la Gobernación sólo había subido al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) siete contratos. Ninguno de ellos para vincular a personal a sus dependencias por OPS.
La celebración de las OPS toma tiempo porque después de abierto el Presupuesto General, la administración debe expedir los CDP para cada contrato y posteriormente los Registros Presupuestales (RP).
Tan pronto se firman esos contratos, las instituciones tienen hasta tres días hábiles para publicar la documentación, según establece el Decreto 1082 de 2015 en sus lineamientos de publicidad en el Secop.
Pese a no tener un contrato como el que tuvo en 2024, Madrid Escobar comenzó el año trabajando para el Departamento con las mismas responsabilidades. Una práctica común en el sector público, que se repite en instituciones locales y nacionales a lo largo y ancho de Colombia: sin haber firmado documento alguno, los contratistas trabajan durante semanas o, incluso, meses con la esperanza de un nuevo contrato y un monto que compense el periodo sin vinculación.
Las entidades que se rigen por la Ley 80 de contratación pública, como la Gobernación de Bolívar, están obligadas a la solemnidad de los contratos escritos para vincular al personal con el que buscan cubrir las necesidades que no logran satisfacer con el personal del servicio público.
Situación contraria a las instituciones que se rigen por el régimen privado de contratación, que pueden celebrar contratos de trabajo verbales.
La Contratopedia consultó a dos abogados sobre las implicaciones de este caso y ambos coincidieron en afirmar que al conducir un vehículo oficial sin ser funcionario público, ni estar autorizado para hacerlo, Madrid Escobar pudo haber incurrido en usurpación de funciones, porque, como lo indicó la UNP, esa entidad tiene personal contratado para conducir sus vehículos, incluida la camioneta asignada al esquema de Arana.
Antes de ser contratista de la Gobernación de Bolívar el año pasado, Madrid Escobar hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Fernando Nicolás Araújo, entre 2015 y 2022.
El excongresista Araujo apoyó a Arana en su carrera por la Gobernación y el año pasado tuvo dos OPS, por $120.000.000, para prestar servicios profesionales en la Secretaría Privada del Departamento.
La Contratopedia contactó a Madrid Escobar, pero no fue posible hablar con él.
Nuevos datos por uso indebido y lo que dice la UNP
Al hecho de que Madrid Escobar estuviera conduciendo el vehículo que la UNP le asignó a Arana sin autorización para hacerlo ni OPS, se suman nuevos datos del uso indebido del esquema de seguridad del mandatario.
Según publicó este jueves el diario antioqueño El Colombiano, desde hace varias semanas el Gobernador de Bolívar no hace uso del equipo de escolta que la UNP le paga para garantizar su seguridad.
“Hace rato no nos llaman. A ellos lo que les interesa es el vehículo y no el personal de protección”, dijeron miembros de esa entidad, que le hablaron a ese medio bajo anonimato.
Ese diario también denunció que no es la primera vez que personal distinto a los designados por la UNP conducen el vehículo del esquema de seguridad del mandatario bolivarense y que, incluso, en algunos casos lo ha usado para paseos a la playa.
La Contratopedia Caribe consultó por las características del esquema de Arana en la UNP y desde esa entidad informaron que el gobernador lo tiene desde sus primeras semanas en el cargo, después de que la Policía Nacional estableció que “debía tener unas medidas complementarias a las que esa institución, por ley, debe brindarle”.
La Policía llegó a esa conclusión tras analizar la seguridad del mandatario y solicitar el apoyo de la UNP para brindarle protección. Ya antes, cuando fue representante a la Cámara, entre 2018 y diciembre de 2022, Arana había tenido un esquema similar.
La Contratopedia no pudo obtener más detalles sobre el anuncio de investigación de la UNP por el uso indebido del vehículo oficial. Allí confirmaron que no es irregular que un mandatario como él tenga acceso a un esquema de escolta con vehículo. En cambio, la irregularidad está en el uso dado a la camioneta, que salió a flote con el siniestro vial que dejó a una persona muerta.