Las inconsistencias que el gobierno Turbay no vio antes de adjudicar el alcantarillado de Bayunca

La Alcaldía de Cartagena revocó la noche del 29 de abril la Resolución No 3720, del 16 de abril de 2025, con la que había adjudicado la construcción del esperado alcantarillado sanitario para los corregimientos de Bayunca y Pontezuela, por $118.253 millones.

El gobierno de Dumek Turbay recibió, hace una semana, dos solicitudes de revocatoria de esa licitación, que se ganó el Consorcio Alcantarillado Rural. Ambas peticiones tenían el mismo argumento: uno de los miembros del consorcio ganador presentó documentación con tantas inconsistencias para acreditar experiencia que se presume falsa. 

El Consorcio Alcantarillado Rural lo integran las empresas Servicios Industriales Colombianos SAS (Seinco), de Barrancabermeja, con el 90% de participación, y Pavimentos de la Costa SAS, de Cartagena, con el 10% restante.

La primera solicitud de revocatoria que recibió la Alcaldía de Cartagena la radicó el Consorcio Alcantarillado Sanitario Ponbay, el 22 de abril. Ese privado también concursó por este proceso, pero fue rechazado por el comité evaluador del Distrito.

⁠Y la segunda solicitud la presentó el ingeniero y veedor ciudadano Álvaro González, el 25 de abril.

Estas denuncias evidencian que el equipo evaluador de la Alcaldía pasó por alto una verificación exhaustiva de toda la documentación presentada por ese oferente. Hecho que le permitió a ese privado ser seleccionado y hasta hubiera logrado llegar a la etapa de firma del contrato, de no haber sido por las revisiones hechas por terceros.

El hecho ocurre una semana después de otra revocatoria por la no verificación de las inhabilidades de una concursante en una convocatoria de estímulos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

Las inconsistencias del consorcio ganador

Ambas solicitudes evidenciaron que la empresa Servicios Industriales Colombianos SAS (Seinco), con el 90% de participación en el Consorcio Alcantarillado Rural, acreditó como parte de la experiencia que exigía el pliego de la licitación dos contratos suscritos con Ecopetrol: 

• Uno del 19 de agosto de 1988, para la construcción de una estación de bombeo de aguas residuales en Neiva.
• Y otro del 28 de julio de 1988, para la construcción de un alcantarillado sanitario en unos barrios de Barrancabermeja.

Para sustentar esos contratos, Seinco presentó certificados expedidos por Ecopetrol:

• Uno con fecha del 29 de diciembre de 1988.

• ⁠Y otro con fecha del 27 de febrero de 1989. 

Ambos documentos fueron expedidos a nombre de Seinco Ltda. Sin embargo, como descubrieron Ponbay y González, para aquellos años (1988 y 1989) esa empresa no se llamaba aún Seinco Ltda sino Laguna y Castro Ltda.

Con esa razón social fue creada el 14 de julio de 1988 y registrada en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, el 22 de julio de ese año. Cuatro años después, en octubre de 1992, cambió su nombre a Servicios Industriales Colombianos Ltda (Seinco).

Ponbay y González también encontraron otra inconsistencia en las actas de cantidades de obras de esos contratos: fueron firmadas por Raúl Castro en calidad de representante legal de Seinco. 

Sin embargo, Castro solo comenzó a fungir como tal desde octubre de 1992, cuando compró un paquete accionario de esa empresa.

Otra inconsistencia encontrada por los denunciantes tiene que ver con la fecha de inicio de uno de los contratos. 

Según una de las certificaciones de Ecopetrol, las obras comenzaron a finales de julio de 1988, es decir, una semana después de que esa empresa se registrara formalmente el 22 de julio de 1988 en Barrancabermeja.

Ponbay, además, denunció la modificación de uno de los certificados de Ecopetrol horas antes de ser publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) por el consorcio ganador:

• Según los metadatos, ese documento fue modificado el 3 de abril de 2025 a las 11:19 pm.
• ⁠Y ese oferente presentó su oferta el 4 de abril de 2025 a la 1:40 am. 

La revocatoria del Distrito

En su resolución de revocatoria, el Distrito sólo mencionó la solicitud presentada por el Consorcio Alcantarillado Sanitario Ponbay. 

Ante algunos elementos presentados por ese privado, tales como los metadatos, la Alcaldía no se pronunció.

No lo hizo, “principalmente, porque para ello, se requieren verificaciones que sobrepasan el simple cotejo documental” y deben basarse en pruebas hechas por expertos, “lo que a la postre significa que hacer cualquier tipo de pronunciamiento implicaría efectuar conjeturas subjetivas, dado que no se basarían en pronunciamientos científicos o técnicos como es requerido”.

La Alcaldía anunció que “procederá a la compulsa de copias” a las autoridades competentes. 

Sin embargo, ante la nueva información aportada, sí encontró “irregularidades que superan los límites de la presunción de buena fe inherente a los procedimientos de selección”. 

Por eso, María Patricia Porras, secretaria general de la Alcaldía de Cartagena, revocó la resolución con la que había adjudicado la licitación para la construcción del alcantarillado de Bayunca y Pontezuela y declaró desierta esta licitación, pues ninguno de los otros cuatro oferentes estaba habilitado. 

La licitación del alcantarillado de Bayunca y Pontezuela tuvo cinco oferentes, pero sólo resultó habilitado uno. Sin embargo, nunca lo estuvo, como se conoce ahora tras las denuncias del Consorcio Alcantarillado Sanitario Ponbay y Álvaro González. 

Ahora, el Distrito deberá convocar, por segunda vez, esa obra que tanto anhelan en Bayunca y Pontezuela.