Las explicaciones del gobierno Turbay ante la justicia para reactivar obras en ocho colegios

Desde el pasado jueves están suspendidas de manera provisional las obras de remodelación en ocho colegios de Cartagena, por decisión del Juzgado Noveno Penal Municipal de esta capital, mientras decide de fondo una tutela interpuesta por la excandidata a la Alcaldía Lía Muñoz Rangel invocando la protección de los derechos de más de 6.000 estudiantes. 

El gobierno de Dumek Turbay le respondió a la juez Elizabeth Araujo Arnedo cómo garantizará la prestación del servicio educativo y la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE), mientras se ejecutan los trabajos en salones y áreas administrativas de esas ocho escuelas durante este segundo semestre.

Las obras forman parte de una millonaria inversión con la que el gobierno de Turbay interviene 25 instituciones más y construirá cinco megacolegios para mejorar las condiciones de la infraestructura educativa pública de Cartagena.

Según el Informe de Calidad de Vida 2023 de Cartagena Cómo Vamos, hasta ese año el 78% de los colegios públicos de esta capital no cumplía con la norma técnica 4595, que mide la calidad de la infraestructura educativa.

Para entonces, había alertas hasta en la mitad de las escuelas por problemas de redes eléctricas internas, transformadores, estructuras, redes hidrosanitarias y riesgo de inundación.

La Contratopedia Caribe conoció el documento que el gobierno Turbay le envió a la juez Araujo y con el que espera que las obras reinicien en cuestión de días.

La tutela que presentó una excontratista del gobierno Turbay

La tutela en contra de la Alcaldía de Cartagena y la Secretaría de Educación Distrital la presentó la excandidata Muñoz.

Muñoz es abogada y una reconocida militante del petrismo. En las elecciones atípicas de mayo de 2018 aspiró a la Alcaldía de Cartagena con el aval de la Unión Patriótica. En 2022 volvió a la escena política cuando, con el respaldo de la misma colectividad, ingresó a la lista departamental del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes.

De cara a las regionales de 2023, Muñoz anunció su decisión de apoyar la candidatura a la Alcaldía de Dumek Turbay. 

“La recomendación que les doy a todos es que el doctor Dumek Turbay Paz es el alcalde que requiere con urgencia la ciudad de Cartagena. Es el momento de no seguir improvisando más”, dijo en un video que compartió en sus redes sociales.

En el primer semestre de 2024, Muñoz fue contratista del gobierno Turbay para asesorar al Despacho del Alcalde en la atención de procesos comunitarios. Ese contrato, por $40.000.000, tuvo un plazo de ejecución de ocho meses. 

Con su tutela, Muñoz reclama la protección de derechos fundamentales como:

• Educación
• Derechos de los niños
• Alimentación equilibrada
• Igualdad
• Interés superior del menor
• E inclusión.

Según argumentó Muñoz, ni la Alcaldía ni el contratista Consorcio Mejoras IE Cartagena han socializado un plan de contingencia para garantizar la continuidad de las clases mientras se ejecutan las obras.

Muñoz advierte que habrá afectaciones graves, especialmente para niños de estratos uno y dos, porque:

• Se suspenderán las clases hasta por cinco meses.
• No se entregará el PAE.
• Y aumentará el riesgo de deserción escolar.

Las obras que se suspenden tras la tutela de Muñoz habían comenzado el pasado lunes 25 de agosto y están a cargo del consorcio representado por David Herrera Ricardo e integrado por dos empresas de Valledupar: 

• Constructora del Cambio SAS, con el 90% de participación.
• Y Solución en Construcción SAS, con el 10% restante.

El contrato, adjudicado por la Alcaldía el 6 de junio por $21.647 millones, busca rehabilitar la infraestructura en ocho instituciones educativas: 

• Jorge Artel (1.170 estudiantes)
• Manuela Beltrán (721 estudiantes)
• María Reina (961 estudiantes)
• Perpetuo Socorro (1.128 estudiantes)
• Santa María (1.200 estudiantes)
• Madre Laura (sede Castilla y Rada, 446 estudiantes)
• San Juan de Damasco (951 estudiantes)
• Y María Reina SAC-7 (500 estudiantes).

El alcalde Turbay lamentó la medida provisional y aseguró que a través de la Secretaría de Educación, en cabeza de Alberto Martínez, tienen todo listo para que los estudiantes no se vean afectados, pues hay “planta física provisional, calidad educativa y alimentación escolar garantizada”.  

El mundo al revés. Resulta que a alguien, con motivaciones evidentemente mezquinas, se le dio por interponer una tutela para suspender las obras de rehabilitación integral de instituciones educativas en ruinas en #Cartagena, que habíamos anunciado recientemente. Y no sólo fue…

— Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) August 28, 2025

Sin embargo, este jueves el sindicato de maestros se quejó desde la Plaza de La Aduana por la insuficiente socialización de los planes de contingencia.

Durante una protesta contra el gobierno Turbay, dijeron que es fundamental conocer informes detallados de las obras que ya ha contratado el Distrito en varias sedes educativas.

Las medidas de contingencia

Para garantizar el servicio educativo, aunque los colegios estén en obras o en riesgo por su infraestructura física, el gobierno Turbay expidió una circular el pasado 4 de febrero (la AMC-CIR-000150-2025).

En esa circular se establecen los lineamientos y mecanismos para la implementación de planes de contingencia, que las instituciones educativas, a través de sus consejos Académico, de Padres y Directivo, revisan y aprueban. 

Debido al mal estado de la infraestructura educativa, algunas sedes en Cartagena han cerrado por orden judicial, mientras que otras han sido clausuradas por el mismo Distrito para evitar situaciones que pongan en riesgo a la comunidad escolar.

Entre las escuelas que necesitan intervención están las ocho tuteladas por la excandidata Muñoz. 

Los trabajos contratados por la Alcaldía impactarán a esas comunidades de distintas maneras, porque no todas tienen el mismo nivel de deterioro: algunas tuvieron que mudar a sus estudiantes, mientras que otras seguirán en las mismas locaciones mientras las intervenciones avancen.

Las cuatro escuelas que no deberán mudar a sus estudiantes son:

• Institución Educativa Jorge Artel. Allí las obras no son en las aulas sino en el auditorio, el comedor y las áreas deportivas. Por tanto, las clases no deben afectarse.
• Institución Educativa María Reina (sede SAC-7). Allí las obras están proyectadas para el comedor y la cocina. Tampoco deberán afectar a los estudiantes, pues no deberán salir de sus salones cotidianos.
• Institución Educativa Maria Reina, sede principal. Allí hay aulas cerradas desde 2024, por recomendación de la Oficina de Atención y Desastres. Asunto que ha afectado las clases de los grados octavo a undécimo. Para mitigar ese impacto, el colegio implementa trabajo sincrónico y asincrónico (trabajo en casa), utiliza una sede de la acción comunal, rota mensualmente a sus estudiantes por aulas (pico y grado) y usa parte de los salones de otra de sus sedes (la SAC-7).
• Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Allí los docentes y padres de familia adaptaron varios espacios del colegio para que funcionen como aulas. Por tanto, el calendario no debe afectarse ni habrá pico y grado (asistencia por días según el grado escolar).

Las tres escuelas que funcionarán en sedes provisionales por las obras son:

• Institución Educativa Manuela Beltrán. Los estudiantes fueron reubicados a espacios alquilados, después de que el Distrito les girara $42.500.000 para arriendo. Por tanto, las clases deben desarrollarse como de costumbre. 
• Institución Educativa San Juan de Damasco, sedes José Antonio Galán y Nuestra Señora del Rosario. Las obras se desarrollarán en una escuela vacía porque los estudiantes fueron trasladados al Colegio Latinoamericano, tras la firma de un contrato de arriendo por $81.000.000. El calendario escolar debe desarrollarse sin afectación.
• Institución Educativa Madre Laura, sedes Castilla y Rada. Las jornadas educativas deben desarrollarse normalmente porque la comunidad fue reubicada por completo a un espacio alquilado, después de que el Distrito giró $260.000.000. Por tanto, no tienen que implementar pico y grado ni clases virtuales.

La octava escuela es la Institución Educativa Santa María. Su sede principal está cerrada desde el año pasado, tras un fallo judicial por el riesgo que su infraestructura representaba para los estudiantes. 

Los estudiantes fueron reubicados a la sede Sagrado Corazón de esa institución.

Como parte del plan de contingencia, desde el año pasado el Distrito acordó con la comunidad educativa la implementación de metodologías sincrónicas y asincrónicas con algunos grados.

Además de explicar cómo se garantizará el normal desarrollo del calendario escolar, el Distrito le explicó a la Juez que el PAE no sufrirá impacto alguno porque a esas ocho escuelas continuarán llegando las raciones industrializadas como ocurre desde el inicio del año escolar.

La ración industrializada es una de las modalidades del PAE para garantizar la entrega de alimentos (lácteos, cereales, frutas y postres) cuando las escuelas no tienen espacios adecuados para la preparación de comida.

Todas estas medidas forman parte de las explicaciones que el Distrito le envió, el pasado 28 de agosto, al Juzgado Noveno Penal Municipal. Ese despacho le dio un plazo de 48 horas hábiles para responder la tutela. La próxima semana debe haber pronunciamiento en primera instancia.