La sombra de la interinidad se posa otra vez sobre Cartagena

Con la posible suspensión del alcalde William Dau, el fantasma de la interinidad ronda una vez más el Palacio de La Aduana, caldea los ya crispados ánimos políticos de Cartagena y constituye un nuevo capítulo de la inestabilidad administrativa, que ha marcado la historia de esta capital durante la última década.

El fantasma de la interinidad vuelve por cuenta del contralor distrital Rafael Castillo Fortich. La semana pasada, el funcionario le pidió al presidente Iván Duque la suspensión de Dau, mientras termina una investigación por presunto detrimento patrimonial.

La Contraloría local investiga un contrato de pruebas rápidas de Covid-19, que el alcalde firmó en diciembre de 2021. Por ese mismo proceso, Dau ya apartó del cargo a Johana Bueno, directora de salud distrital y quien firmó los estudios previos que soportaron esa contratación.

Este lunes, el alcalde le pidió al presidente Iván Duque que le aplique la excepción de inconstitucionalidad a la resolución 164, expedida por la Contraloría de Cartagena. Es decir, le pidió no acatar la petición del contralor porque en ese documento el funcionario dijo que la investigación comenzó por una denuncia del ciudadano Álvaro Ganem Isaa, asunto que este último negó el sábado, en entrevista con El Universal. 

Para este martes, Dau y funcionarios distritales están convocando a un plantón en la Plaza de La Aduana, desde las 8:00 am. “Dau se queda”, es el lema de la movilización, sobre la que ya hay publicaciones en redes sociales de cómo en la organización del plantón está jugando un papel clave uno de los poderes a la sombra del Distrito: Lidy Ramírez.

 

 

 

 

 

 

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Por lo pronto, la jugada del contralor genera varios interrogantes. Los tres principales se dan por:

1. La legitimidad de su decisión: fue elegido solamente por 5 de los 19 concejales de Cartagena y tiene detrás a parte de la clase política tradicional de esta capital. 
2. Si tiene facultades para pedir la suspensión de un mandatario elegido por voto popular porque las suspensiones de alcaldes y gobernadores son del resorte de la Procuraduría y la Contraloría General. 
3. Y por el nombre del reemplazo de Dau. El comité que lo promovió y lo inscribió en la Registraduría en 2019 es el llamado a escoger la terna de la que debe salir el mandatario encargado. Sin embargo, esa selección no pinta fácil porque en ese grupo hay una ex aliada de Dau.

La terna y lo que se espera esta semana

Enterados de la petición del contralor Castillo, funcionarios del Palacio de La Aduana contactaron al Ministerio del Interior y en esa cartera les confirmaron que ya habían sido notificados de dicha solicitud que, en principio, no podrán desacatar. 

“Lo que dijeron desde el Ministerio (del Interior) fue que mejor dejaban pasar el fin de semana de elecciones, que con eso daban tiempo para ir armando la terna, que no había carrera, pero debían acatar”, le contó una fuente de La Aduana a La Contratopedia, refiriéndose a la primera vuelta presidencial del domingo. 

Como la terna aún no está lista, lo más probable es que esta misma semana, el martes o miércoles, Bogotá designe a un alcalde encargado.

Tan pronto el presidente ordene la suspensión de Dau, el comité inscriptor del grupo significativo Salvemos a Cartagena —que lo respaldó para las regionales de 2019— deberá enviarle a Presidencia la terna de la que saldrá el nombre del mandatario encargado. Esa persona estará al frente de Cartagena, mientras culminan las pesquisas en la Contraloría Distrital. 

De ese comité forman parte Bladimir Basabe, funcionario del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA);  Ernesto Mondol y Cynthia Pérez Amador. 

Esta última  fue designada por Dau como su primera dama, pero salió de su gobierno el año pasado, en medio de un escándalo porque, según el alcalde, ella tenía un “voraz apetito” por burocracia. De hecho, en dos audios publicados por Revista Metro, Dau le recrimina a su antigua mano derecha si estaba “pidiéndoles comisión a las OPS” (órdenes de prestación de servicios) del Distrito.

Para el trámite de la terna, Dau ya se reunió con Besabe y con Mondol. Una fuente del movimiento Salvemos a Cartagena le dijo a La Contratopedia que el mandatario les había sugerido armarla con tres de sus funcionarios más cercanos: la profesora Olga Acosta Amell, actual secretaria de Educación; Miguel Ángel Corre, secretario de Participación, y Ana María González, directora de Cooperación Internacional de su gobierno. 

Esos nombres ahora serán debatidos al interior del comité inscriptor, que será el que finalmente defina la terna. 

Más allá de los nombres que elijan y envíen a Presidencia, que por La Aduana empiecen a desfilar nuevos mandatarios encargados, sin que haya una fecha clara para que Dau regrese, genera otro capítulo de inestabilidad administrativa: desde 2012, Cartagena ha tenido 12 alcaldes, entre elegidos por voto popular y designados por Bogotá.

Los ingredientes del nuevo escenario

Este escenario de inestabilidad en ciernes es, además, el resultado de varios elementos políticos.

Primero. Un alcalde que, por momentos, se dedica más a pelear que a gobernar y no se quita la camiseta de veedor. De hecho, la semana pasada, Dau amenazó a la recién reintegrada presidenta del Concejo Gloria Estrada y llamó “perro” al contralor: “guerra es guerra”, les advirtió en un reprochable tono de pelea callejera.

Segundo. Un gobierno que, a veces, no parece tener un rumbo claro y ha cometido varios errores: entre ellos, nombramientos sin los perfiles idóneos, señalamientos de corrupción sin suficientes soportes y medidas erráticas durante la cuarentena. Basta con recordar que el plan de gobierno con el que Dau hizo campaña fue un documento sin sustento técnico. 

Tercero. El triunfo de un outsider que ganó, contra todo pronóstico, sin la ayuda de las casas electorales de Bolívar y como una respuesta ciudadana al hartazgo de décadas de malos manejos administrativos y de probada corrupción.

Cuarto. Una clase política que no acepta su derrota en las urnas ni tampoco se resigna a no tener la injerencia que sí tenía en gobiernos pasados en la Alcaldía.

Y quinto, pero no menos importante, una degradación institucional que involucra a varios actores y ha desencadenado una crisis generalizada de confianza ciudadana. Las condenas recientes a concejales y las denuncias de un complot criminal —que involucran a un alcalde local, a un edil y a un concejal— le dan más combustión a la narrativa de que a la política cartagenera no siempre llegan los más íntegros para trabajar por el bien común.