La doble deuda que Dionisio Vélez le dejó a Cartagena

Al igual que Josefina, quien debe gastar tiempo y dinero extra en cada viaje al Bicentenario para hacerse sus chequeos, a las finanzas públicas de Cartagena les ha salido bien caro el incumplimiento de Vélez.

Para terminar 20 de las obras que su gobierno prometió, tres administraciones posteriores —las de Pedrito Pereira, William Dau y Dumek Turbay— tuvieron que inyectarles $63.488 millones a los contratos iniciales de construcción e interventoría. Así, el histórico anuncio de 39 puestos de salud por $100.888 millones terminará en apenas 20 intervenciones por 63% más: $164.377 millones.

Las distintas administraciones pudieron destinar esos miles de millones porque no superaron el tope del 50% permitido por ley para las adiciones en los contratos de obra pública en Colombia, que se calculan en salarios mínimos legales. 

Once años después, aún quedan en ejecución dos hospitales: Nelson Mandela y Canapote, que el actual gobierno de Dumek Turbay promete inaugurar a finales de 2025. Ambos están en extremos distintos de la ciudad y, funcionando, podrían beneficiar a unos 200.000 cartageneros.

Sin embargo, esos recursos no fueron los únicos adicionales que Cartagena pagó por el fallido plan de Vélez. Desde 2019, la ESE Hospital Local —adscrita a la Alcaldía— ha invertido al menos $6.212 millones en la remodelación de cinco sedes priorizadas desde 2014 —La Candelaria, Nuevo Bosque, La Boquilla, Tierrabomba y La Esperanza—, pero cuyos valores quedaron desfasados con el tiempo. Ante la imposibilidad de construirlas desde cero, las intervenciones a cuentagotas se convirtieron en la única salida para mantenerlas en pie.

Resignada, Josefina repasa los avances que ha visto el último año en La Esperanza. “Cambiaron el piso, pintaron todo, ampliaron la zona de urgencias y abrieron espacios que hasta el año pasado no teníamos, como odontología”, dice.

La misma situación se repitió en La Boquilla, un corregimiento del norte cartagenero, entre el Mar Caribe y la Ciénaga de la Virgen. Allí, en 2022, durante el gobierno de William Dau, la ESE destinó $3.519 millones adicionales a lo pagado por Vélez para construir una nueva sala de urgencias y adecuar la zona de consulta externa.

Durante esos dos años de remodelación, el Distrito trasladó la atención al corregimiento de Pontezuela, a 17 kilómetros de distancia. Así, para una cita de control, los boquilleros debían llegar a un punto de encuentro en su corregimiento y esperar una buseta habilitada por la ESE para desplazarse hasta allí. Un recorrido que con su centro médico funcionando no les demandaría más de 20 minutos, pero que durante la remodelación se duplicó a 45 minutos por trayecto.

Ese traslado de servicios médicos funcionó parcialmente, pero dejó consecuencias. 

“Muchas personas mayores dejaron de asistir a sus controles de hipertensión y diabetes, porque les parecía muy complicado el transporte al sitio de encuentro y luego a Pontezuela”, recuerda Fidel Carmona Orozco, presidente de la Asociación de Usuarios de la Salud de La Boquilla, sobre unos chequeos que requieren seguimiento permanente para evitar complicaciones. 

Desde septiembre del año pasado, la sede de La Boquilla volvió a abrir sus puertas completamente renovada, pero algunos de sus pacientes nunca regresaron para retomar sus controles. 

Es decir, la promesa incumplida de Vélez los golpeó dos veces: primero, los ilusionó con una sede moderna que debía estar lista antes de 2015 y nunca se construyó; después, cuando las obras por fin llegaron, lo hicieron a medias —apenas una remodelación—, encareciendo el acceso a la salud y provocando retrocesos en la atención de los más vulnerables.

En Nuevo Bosque, un barrio a unos 15 kilómetros de La Boquilla, en el suroccidente cartagenero, la historia tuvo un matiz adicional: el viejo edificio que debía darle paso a uno nuevo nunca fue demolido porque la comunidad se resistió. 

Temían que les ocurriera lo que, tiempo después, les pasaría a los habitantes de Puerto Rey, Los Cerros y Daniel Lemaitre. Allí el gobierno de Vélez echó abajo las viejas —pero funcionales— estructuras con la promesa de construir unas modernas en cuestión de meses. Tuvieron que pasar años —recientemente, con el gobierno de William Dau— para que esas comunidades volvieran a tener atención médica garantizada a pocos pasos o cuadras de sus hogares.

Efren Herrera (cartagenero, 67 años) lleva cuatro décadas viviendo en Nuevo Bosque y recuerda bien ese pulso que lideró como cabeza visible de la Asociación de Usuarios de la Salud.

“Nosotros les exigimos al alcalde Dionisio y a los contratistas que, para empezar las obras, tenían que mostrarnos planos generales y diseños con el detalle de cada zona. Sin eso, no arrancaban. Sabíamos que podía quedar inconcluso”, relata enfatizando que el tiempo les dio la razón a él y sus vecinos.

Esa falta de intervención deterioró aún más el centro de salud durante la última década. Por eso, Nuevo Bosque le pidió al actual gobierno distrital adecuaciones urgentes, como cambio de techos para frenar las filtraciones con cada aguacero y reconstrucción de la zona de urgencias para aliviar el hacinamiento. 

La ESE Hospital Local respondió a ese llamado, en mayo pasado, con un contrato cercano a los $700.000.000, que implicó el cierre temporal del centro hasta la última semana de septiembre. Mientras estuvo cerrado, sus cerca de 33.000 usuarios debieron desplazarse a otros puntos de Cartagena para las consultas de medicina general, los controles de hipertensión y las citas de pediatría.

Diana Sonia Hernández (venezolana, con más de cinco años en Nuevo Bosque) fue una de las afectadas. Por cada cita en Los Caracoles o Los Cerros —los barrios más cercanos— debió gastar $15.000 en transporte, cuando normalmente solo debe caminar porque el puesto de salud le queda a unas pocas cuadras de su casa.

Pese a todo ese largo listado de atropellos y millonarios sobrecostos, una década después el exalcalde Vélez apenas ha enfrentado consecuencias. La Contraloría General le abrió en 2019 un proceso de responsabilidad fiscal, por un posible detrimento de $37.810 millones, pero en 2021 declaró la nulidad de lo actuado y abrió dos nuevos expedientes sin vincularlo.

Hasta el momento de esta publicación, la Contraloría no había explicado las razones para desvincular a Vélez ni revelado los nombres de quienes sí fueron incluidos en las nuevas investigaciones, que aún se encuentran en etapa probatoria.

En la Procuraduría General, Vélez tiene una sanción menor en primera instancia desde noviembre de 2020, que intentó revocar sin éxito en 2021. El ente lo suspendió del cargo, por ocho meses,  al considerar que incurrió en una falta grave al no garantizar la prestación del servicio público de salud.  

Esa sanción implica el pago equivalente a los salarios que devengó cuando fue alcalde de Cartagena, monto que aún no ha cancelado porque el fallo no está en firme: falta la decisión de segunda instancia.

Para el Ministerio Público, Vélez no evaluó las consecuencias de iniciar un proyecto “sin una adecuada planeación, bajo unos presupuestos distintos a los ofertados por los contratistas, que se basaron en unos diseños prototipo, sin tener en cuenta el verdadero estado físico de los bienes inmuebles a intervenir, así como su titularidad jurídica y predial”.

La Procuraduría también señaló que Vélez “se limitó a convocar comités de seguimiento en los que de manera superficial abordó la labor de vigilancia y control” de las funciones delegadas a la Dirección del Departamento Administrativo de Salud (Dadis), en lugar de revisar sus actuaciones, “como quiera que no estaba respondiendo a las expectativas fincadas”.

Justamente por tener delegadas las funciones de contratación de los puestos de salud, quien sí recibió una sanción más severa fue Martha Rodríguez, directora del Dadis durante el gobierno de Vélez y exsecretaria de Salud de Barranquilla. En 2020, la Procuraduría la inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos y celebrar contratos con el Estado, dentro del mismo fallo de primera instancia que sancionó al exalcalde. 

Esta decisión, al igual que la de Vélez, aún no está en firme porque sigue en trámite de segunda instancia. De hecho, Rodríguez ha seguido vinculada con el sector público, desempeñándose como asesora de la gerencia de Mi Red EPS, operador de la salud pública de Barranquilla que depende de la Alcaldía de esa capital.

Vélez nombró a Rodríguez y la puso al frente de la que sería la inversión sanitaria más ambiciosa de Cartagena en décadas como parte de sus compromisos con los Char, la poderosa familia política de Barranquilla que lo apoyó para llegar a La Aduana. Alejandro Char, uno de los rostros más conocidos de ese grupo, no sólo viajó a Cartagena a levantarle el brazo sino que lo asesoró en la construcción de su plan de gobierno. 

Incluso, siguiendo el modelo que los Char han consolidado por casi 20 años en Barranquilla, Vélez replicó algunas prácticas en su relación con el Concejo Distrital. Gracias a ese pacto clientelista, el entonces mandatario consiguió endeudar a Cartagena para impulsar su locomotora de cemento.

Sin embargo, a diferencia de la vecina capital del Atlántico, la réplica cartagenera de ese modelo terminó en fracaso.

Cuando Vélez llegó al Palacio de La Aduana, en 2013, lo hizo después de ganar unas elecciones atípicas marcadas por la abstención: más del 70% de los cartageneros no votó para elegir al reemplazo del periodista Campo Elías Terán, quien murió de cáncer. 

Aunque en campaña se vendió como un empresario independiente, sin ataduras politiqueras, Vélez tuvo —además de los Char— el respaldo del senador liberal, hoy presidente del Congreso, Lidio García Turbay, y de los excongresistas Vicente Blel Saad y Miguel Ángel Rangel, condenados por parapolítica.

Pese a esos apoyos, Vélez comenzó a gobernar sin mayorías claras en el Concejo, una corporación dominada —como ocurre hoy— por clanes políticos bolivarenses que no siempre actúan en bloque. Entre ellos estaban los Blel, los Montes y el desaparecido Juan José García. Los partidos de izquierda han sido minoría en esa corporación.

Sin mayorías, Vélez no podía cumplir sus promesas de campaña en los menos de tres años que tenía de mandato, tiempo que le restaba al periodo truncado de Terán. Pronto lograría voltear esa situación: aunque inicialmente su propuesta de crédito público para construir los hospitales tuvo oposición, logró la luz verde que necesitaba de manera casi unánime: sumó 18 de los 19 votos. Sólo el concejal del Polo Democrático, David Múnera, se opuso.

Dos fuentes políticas, independientes entre sí y con acceso directo a los acuerdos entre el gobierno de Vélez y el Concejo, le contaron a La Contratopedia, bajo la condición de no ser citadas, que el entonces alcalde logró ese crédito gracias a un esquema de pagos recurrentes por debajo de la mesa, conocido en la política local como “la cajita feliz”.

Ambos relatos coincidieron en su descripción de esa mecánica política, que rompió con la costumbre de entregar contratos menores o puestos a una parte del Concejo. Con las cajitas felices el incentivo era dinero en efectivo y frecuente, para garantizar no sólo el millonario crédito sino la gobernabilidad de Vélez, similar a la relación del Distrito y el Concejo de Barranquilla durante la era charista, mediada por pagos extraoficiales.

“Eso era público porque los mismos concejales comenzaron a hacer comentarios y a tirarse entre ellos. Hacían fila y recibían unas cajitas llenas de plata en efectivo”, recuerda una de las fuentes consultadas.

Sobre los montos entregados, La Contratopedia no obtuvo detalles. La otra fuente precisa que esas entregas se hacían en un edificio del barrio Manga, sobre la Avenida Miramar, una vez por mes. Tres concejales de la época contactados respondieron con evasivas. 

Para que diera su versión sobre los hechos, La Contratopedia también contactó al exalcalde Vélez, pero no contestó. No es la primera vez que este medio intenta obtener sus respuestas sobre el legado de elefantes blancos que dejó y los señalamientos de corrupción de su administración. 

De hecho, él no volvió a dar explicaciones públicas ni a hablar con la prensa desde que salió de la Alcaldía y retomó de lleno sus labores en la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo, propiedad de su familia y de la que hoy es rector. 

Este tipo de dinámicas rara vez dejan huellas y resultan casi imposibles de confirmar, más allá de los testimonios de los conocedores. Aún así, una serie de hechos reflejan lo fluida que fue la relación entre el Concejo y Vélez. 

Por ejemplo, el entonces concejal David Múnera fue una voz solitaria advirtiendo las consecuencias del millonario cheque en blanco. También citó un debate de control político por los retrasos de esas obras. A él se le unieron más voces del Cabildo cuando, en diciembre de 2015 y con Vélez ya de salida de La Aduana, la veeduría Funcicar publicó un informe sobre los puestos de salud paralizados y con una ejecución lejana del 100%.

Paralelo a esa ‘luna de miel’ con los concejales, Vélez reforzó su alianza con Alejandro Char no sólo nombrando a Martha Rodríguez en el Dadis, sino también adjudicándole la mayor parte de los recursos para construir los puestos de salud —$64.836 millones— a una firma cercana al dirigente barranquillero: Coinses, representada legalmente por Gary Espitia.

Espitia, amigo de Char en esa época, fue un recurrente contratista de infraestructura pública durante dos de sus administraciones (2008-2011; 2016-2019). Además, ejecutó obras impulsadas por aliados charistas, como la Vía La Prosperidad, del exgobernador del Magdalena Luis Miguel Cotes, y el programa de casas gratis del entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras.

En Cartagena, Espitia se ganó dos de los cuatro grupos en los que el gobierno de Vélez dividió los 39 puestos de salud. La licitación tuvo tres oferentes, pero solo dos estaban habilitados: además de Coinses, el Consorcio Salud Heroica, también con presencia mayoritaria de empresas de Barranquilla. 

Una de ellas es Convias SAS, con el 50% de participación, representada por Luis Francisco Ovalle Llinás, cercano al gobernador liberal Eduardo Verano. Esa firma es habitual contratista de las administraciones charistas en Barranquilla y Atlántico. Ha participado en la construcción del Estadio Édgar Rentería, en la remodelación de hospitales públicos y en la adecuación de parques municipales.

Ante esa mayoritaria presencia de Barranquilla, el entonces concejal Múnera manifestó desde el Concejo que los pliegos se hicieron a la medida de esos foráneos. “Estilo sastre”, los calificó, mientras que el capítulo Bolívar de la Asociación Colombiana de Ingenieros también advirtió “malas prácticas de ingeniería” que afectaban la libre competencia para favorecer a las empresas del Atlántico. 

Tanto Coinses como el Consorcio Salud Heroica recibieron un anticipo del 40% del contrato y, a medida que avanzaban las obras, recibieron nuevos desembolsos. Vélez, sin embargo, no alcanzó a entregar ninguno de los centros prometidos.

De hecho, Coinses no terminó ninguno de los 10 que tenía a cargo —los más grandes y millonarios del paquete— y en 2018 fue inhabilitada para seguir ejecutando recursos públicos, tras la declaratoria de caducidad de otro proceso. A esa sanción se sumaron serios problemas financieros que le impidieron, incluso, pagarle a su personal. Por eso, en 2019, el entonces alcalde Pedrito Pereira intentó liquidar ese contrato para liberar los $21.000 millones que Coinses aún tenía en su poder.

Ese escenario no prosperó. En 2020, bajo el gobierno de William Dau, Coinses cedió el contrato al Consorcio Salud Caribe 2020, integrado por la cucuteña Constructora Maticces P&B Ltda —cercana al gobernador de Norte de Santander William Villamizar, según W Radio—, y Soluciones Instrumentales de Colombia, de Bogotá. 

Fue una salida por la puerta de atrás para una firma que había sido presentada como el motor de la modernización hospitalaria de Cartagena.

Las obras que sí avanzaron quedaron en manos del Consorcio Salud Heroica, responsable de los otros 15 puestos de salud. Ocho de ellos fueron terminados entre 2016 y 2019, durante los gobiernos de Manolo Duque, Sergio Londoño y Pedrito Pereira, mientras que los restantes se reactivaron en 2021, cuando la administración de Dau firmó un compromiso con la Contraloría para destrabar 12 proyectos en total.

Solo después del reemplazo de Coinses y de la reactivación de obras de Salud Heroica, Cartagena pudo inaugurar 10 centros y espera concluir los dos que faltan —y superan el 95% de ejecución— antes de que finalice 2025.

Cinco no se construirán y reflejan la deuda más costosa del legado de Vélez: $160.000 millones por menos, una desidia que también se mide en la pérdida de salud, tiempo y credibilidad institucional. Josefina, Efrén, Diana y Fidel son el testimonio vivo de una promesa que, más de una década después, Cartagena aún intenta saldar.