Cuatro de cada 10 cartageneros vivían en pobreza monetaria en 2024, según cifras del Dane. /Foto: Tatiana Velásquez
Inseguridad y brechas sociales: dos prioridades de Cartagena y Bolívar ante el próximo Gobierno
Con la llegada de una nueva administración al Palacio de Nariño y el inicio de la próxima legislatura del Congreso, Cartagena y Bolívar esperan que la seguridad y el cierre de brechas sociales entren en la agenda pública nacional.
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| ‘Agenda presidencial Caribe’, una serie de análisis enfocados en las prioridades que Bolívar y Atlántico proyectan posicionar en su relación con el próximo Gobierno Nacional. Lea las demás entregas, aquí. |
“La ciudad patrimonio de la humanidad que lo tiene todo”, trinó en marzo pasado un entusiasta alcalde Dumek Turbay para promocionar a la turística Cartagena de Indias. Su mensaje iba acompañado de un video con playas de ensueño, un mar pintado por tonalidades azules y postales de un Centro Histórico congelado en el tiempo: testimonio de una herencia colonial que persiste en la cotidianidad cartagenera.
Ese relato turístico no se agota en Cartagena. Trasciende hacia los municipios de Bolívar, un departamento que también apuesta por proyectarse como destino más allá de su capital: Mompox, San Basilio de Palenque y el crucero de AmaWaterways por el río Magdalena están entre sus principales atractivos.
Sin duda, la Cartagena “que lo tiene todo” —y ese Bolívar turístico— existen. Son vitrinas preparadas para engalanar a sus visitantes, incluidos aquellos dispuestos a gastar miles de dólares o euros a cambio de experiencias paradisíacas o culturales. Vitrinas luminosas que, sin embargo, también encandilan otra realidad: la ciudad y el departamento a los que deben enfrentarse a diario quienes trabajan, estudian, viven y resisten en ellos. Una mayoría sin dólares ni euros.
Es el reverso de la postal turística: territorios con carencias que se hacen más visibles a medida que queda atrás el circuito turístico de Cartagena, conformado por la bulliciosa Bocagrande, la pudiente Castillogrande, el Centro Histórico convertido en museo, el gentrificado Getsemaní, el señorial Cabrero y la zona norte, ahora promocionada como territorio soñado. Un poco más del 40% de la población cartagenera estaba en pobreza monetaria en 2024.
Esos rezagos sociales y de infraestructura se profundizan aún más en las poblaciones rurales, de norte a sur, enclavadas en serranías o asentadas a orillas del mar Caribe o del río Magdalena.
Y esas carencias, el negativo de los retratos promocionales —“Cartagena, la ciudad que lo tiene todo” y “Bolívar me enamora”—, forman parte de una agenda que el Consejo Gremial de Bolívar busca poner en manos de la próxima bancada bolivarense en el Congreso y del próximo Gobierno Nacional. Es un largo listado de asignaturas irresueltas con dos preocupaciones de fondo: la inseguridad y las brechas sociales.
En seguridad, por ejemplo, Cartagena registró en 2025 una tasa de homicidios de 40,5 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del indicador nacional de 27,9. Y, en materia social, Bolívar arrastra déficits más profundos en servicios básicos como saneamiento y acceso al agua, especialmente en sus zonas rurales.
La agenda del Consejo Gremial llega, además, en un contexto de comunicación poco fluida entre el Gobierno Nacional y los actuales mandatarios de Cartagena y Bolívar —Dumek Turbay y Yamil Arana—. Su relación, los últimos cuatro años, con el gobierno de Gustavo Petro ha estado marcada por choques públicos, reclamos por falta de atención y discusiones sobre el centralismo en la asignación del gasto público.
Sin embargo, comenzar a resolver esas prioridades no depende solo de la Alcaldía ni de la Gobernación: demanda recursos de la Nación y una interlocución permanente con el presidente y su gabinete. Por eso, el perfil de quien ocupe la Casa de Nariño desde el 7 de agosto de 2026 es un asunto neurálgico para Bolívar y Cartagena, cuyo electorado se divide mayoritariamente entre las candidaturas del progresismo (Iván Cepeda) y del “país milagro” (Abelardo De la Espriella).
La inseguridad que desbordó la postal
En enero de 2026, mientras disfrutaba de su temporada de inicio de año —una de las más esperadas por autoridades y gremios por la afluencia masiva de visitantes nacionales y extranjeros—, Cartagena se teñía de sangre: durante los primeros 17 días, una racha violenta dejó 15 muertos, ocho de ellos por sicariato.
Después de enero, la violencia continuó. En febrero, una sola jornada dejó cuatro muertes violentas. En marzo y abril los homicidios se contaron a cuentagotas: uno diario o cada dos o tres días. Hasta mediados de mayo, cuando ocurrió otra seguidilla que sacudió a la ciudad: siete vidas silenciadas con armas de fuego y un feminicidio con arma blanca en menos de una semana.
Varios de esos homicidios, cometidos bajo la modalidad de sicariato, evidencian un fenómeno que crece de manera sostenida en esta capital desde 2022. Cifras de la Policía Nacional, citadas por Cartagena Cómo Vamos en sus informes de calidad de vida, muestran que, entre 2005 y 2021, Cartagena mantuvo una tasa de homicidios cercana a los 25 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, desde 2022, ese indicador no baja de 35 homicidios.
Incluso, el entonces alcalde William Dau reconoció que Cartagena estaba tomada por el Clan del Golfo, organización ilegal que controla vastos territorios de Colombia y es señalada por Estados Unidos como una de las principales estructuras del narcotráfico latinoamericano.
Un año antes, en 2021, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá les había advertido a los estadounidenses que estaban en Cartagena —o planeaban visitarla— tomar “precauciones adicionales” por el aumento de “la actividad delictiva”.
Ese contexto de inseguridad se volvió una de las banderas electorales del actual alcalde Dumek Turbay. Durante 2022 y 2023, mientras hacía campaña para llegar a La Aduana, fueron comunes sus publicaciones en redes sociales señalando la falta de gobernanza local y de mano dura. También era común leerlo pidiendo la intervención del Ministerio de Defensa por —lo que llamaba— la inoperancia distrital.
A finales de 2023, tan pronto se impuso en las urnas, Turbay anunció un programa para mejorar las cifras de seguridad: Plan Titán 24, a cargo del general retirado de la Policía Carlos Rodríguez, quien en diciembre de 2025 salió con bajo perfil del gabinete, sin los vítores ni reflectores con los que fue anunciado.
Bajo la bandera del Plan Titán, Turbay concentró sus primeras acciones de gobierno en el Centro Histórico cartagenero, que capitalizó como victorias tempranas: mostró intervenciones en bares y plazas como medidas efectivas contra la criminalidad.
Pero los homicidios han seguido fluctuando y no han caído al ritmo que prometió el Turbay candidato.
Ahora, ante las olas de sicariato que cada tanto sacuden a Cartagena, el mandatario apela a un factor que en campaña no tuvo en cuenta al criticar a su antecesor: la necesidad de un trabajo articulado con el Gobierno Nacional para que los resultados en las calles sean realmente contundentes.
En 2025, cuando el ministro de Defensa Pedro Sánchez canceló por tercera vez su participación en un consejo de seguridad programado en Cartagena, Turbay se quejó públicamente. “Los gobiernos locales cumplimos. Pero sin el apoyo del Gobierno Nacional, combatir la delincuencia es una tarea a medias”, dijo.
Ese mapa de inseguridad y miedo se extiende a los municipios de Bolívar, especialmente a los ubicados en los Montes de María y el sur del departamento.
En Montes de María, un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Cartagena alertó por 173 asesinatos cometidos, entre 2023 y 2025, en los municipios de El Carmen de Bolívar, María La Baja, San Jacinto y San Juan Nepomuceno.
Según ese informe, esas muertes ocurrieron en medio de una disputa territorial entre estructuras ilegales como el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y grupos vinculados al Tren de Aragua.
En el sur de Bolívar, la Defensoría del Pueblo también alertó sobre la crisis que viven sus pobladores, después de una visita de la defensora Iris Marín Ortiz a esa región en marzo pasado.
La defensora encontró registros de, al menos, 58 homicidios cometidos desde 2025 y varias comunidades confinadas por la presencia del Clan del Golfo y el ELN, grupos que —según la Defensoría— extorsionan, amenazan e imponen restricciones de movilidad.
Ante esa crisis de seguridad, Bolívar ha buscado ayuda en Bogotá.
El gobernador Yamil Arana ha hecho varios llamados públicos al Gobierno Nacional. El más reciente fue en enero pasado, ante nuevas denuncias de amenazas y desplazamientos en el sur bolivarense. En la carta que le envió al presidente Gustavo Petro, Arana reconoció que los hechos superan las capacidades de su administración.
Todo ese retrato de violencia explica por qué la seguridad aparece como una prioridad que no da más espera en la conversación pública de Cartagena y Bolívar.
También ayuda a entender por qué el Consejo Gremial no la plantea únicamente como un asunto de más operaciones militares y policiales. Por el contrario, su enfoque es más amplio: prevención, mejorar la percepción de seguridad, fortalecer la convivencia pacífica y articular al Gobierno Nacional, las autoridades locales y la sociedad civil.
En prevención, el Consejo Gremial plantea programas de inclusión social, apoyo juvenil y cultura ciudadana para reducir factores de riesgo.
Para mejorar la percepción de seguridad, propone fortalecer la presencia institucional en barrios y corregimientos, ampliar el alumbrado público, reforzar los sistemas de vigilancia y comunicar con más transparencia los resultados.
La agenda incluye, además, inversión en infraestructura social —parques, centros comunitarios y escuelas—, así como programas de mediación y resolución de conflictos.
El último eje es la articulación interinstitucional: coordinar acciones rápidas y efectivas entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y la sociedad civil.
Justo el punto que más traspiés ha tenido recientemente en la relación de Bolívar y Cartagena con Bogotá.
Las grietas del Bolívar rural
La inseguridad no es la única fisura que aparece cuando se mira, en detalle, la cotidianidad de Cartagena y, sobre todo, del Bolívar rural.
En la agenda del Consejo Gremial hay otro bloque de prioridades que apunta, especialmente, a las poblaciones campesinas: infraestructura básica para resolver carencias estructurales, como la falta de acceso a agua, saneamiento básico, energía, salud y educación.
Esos problemas quedaron expuestos una vez más en la reciente medición de pobreza del Dane. En 2025, la incidencia de pobreza multidimensional en Bolívar subió de 15,6% a 17%. Fue un aumento de 1,4 puntos porcentuales en un año, mientras el indicador nacional bajó 1,6 puntos.
Ese retroceso tuvo rostro rural. En las poblaciones dispersas, la pobreza pasó de 21,5% a 25,7%, lo que muestra que las brechas se profundizan en territorios sin suficiente acceso a servicios básicos.
El Dane también reveló que la educación y el trabajo son los factores que más inciden en Bolívar. El bajo logro educativo en el departamento se ubicó entre 30,1% y 40%; el analfabetismo, entre 10,1% y 15%; y el rezago escolar, entre 20,1% y 25%.
En la dimensión de trabajo, el dato más alto corresponde a la informalidad laboral, que golpea a más del 80% de los hogares.
También pesan las carencias en servicios básicos y condiciones de vivienda. Esa radiografía coincide con el diagnóstico recogido por el Consejo Gremial: la cobertura de acueducto rural en Bolívar se mantiene por debajo del 50% y la de energía apenas supera el 58%.
Hasta diciembre pasado, el gobierno de Yamil Arana había adjudicado cerca de un billón de pesos —$990.325 millones— en infraestructura pública. La mayoría de esos contratos se ha concentrado en la adecuación de vías rurales y urbanas.
La principal apuesta de infraestructura del gobierno de Arana también incluye la construcción de acueductos y alcantarillados, con los que busca reducir el rezago histórico de Bolívar en servicios sanitarios. Buena parte de esas obras deben comenzar a estar listas durante el segundo semestre de 2026.
Pero, aunque se trata de una inversión alta, no alcanza para cerrar todas las brechas. Por eso, el Consejo Gremial plantea un plan de choque que incluya la cofinanciación de más proyectos de acueducto, alcantarillado y electrificación rural con recursos del Gobierno Nacional.
El Consejo Gremial también propone que los programas sociales y de inversión de la Nación se alineen con las prioridades territoriales de Bolívar, para evitar duplicidades y concentrar los recursos en las zonas donde las carencias siguen siendo más profundas.
Sea quien sea el próximo presidente de Colombia, la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar tendrán que apostar por tender puentes con Bogotá. No hacerlo —o ahondar en una relación marcada por reclamos públicos— puede dejar al departamento en un escenario de baja interlocución con la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años, justo cuando necesita más recursos nacionales para enfrentar la inseguridad y cerrar brechas sociales.
El caso de Barranquilla muestra el costo de una relación fría, casi nula, con el poder central: el distanciamiento entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Alejandro Char terminó afectando la línea directa que esa capital había mantenido por décadas con el Gobierno Nacional.
Para Cartagena y Bolívar, ese espejo es claro: sus prioridades territoriales necesitan una interlocución política para transformarse en decisiones, presupuesto y presencia estatal.