Gran Vía sigue en obras y sin fecha clara de entrega

Los trabajos de la segunda fase de la Gran Vía aún están crudos. /Foto: Tatiana Velásquez

Gran Vía sigue en obras y sin fecha clara de entrega

La segunda fase del Corredor Universitario, entre Barranquilla y Puerto Colombia, tampoco estará lista este semestre. Edubar le inició un proceso de incumplimiento al contratista.

Súmate a nuestra Vaki para ponerles lupa a las megaobras en Bolívar y Atlántico. Si crees en el periodismo que hacemos y consideras que nuestro trabajo agrega valor a la discusión pública, aporta desde $3.000 hasta $1.500.000. Gracias por ayudarnos a hacer público lo público. Aporta aquí.

El segundo tramo de la Gran Vía, entre Barranquilla y Puerto Colombia, tampoco estará listo el próximo 30 de junio, segunda fecha que Edubar y la Gobernación del Atlántico habían proyectado, después de una entrega fallida en septiembre pasado.

El retraso obedece a demoras en la gestión predial, dificultades en la coordinación técnica con los operadores de servicios públicos y a una excavación compleja por un conglomerado rocoso a la altura del centro comercial Le Champs, donde se construye un paso vehicular a desnivel  o deprimido.

A eso se suman las lluvias recientes.


Contratada durante el gobierno de Elsa Noguera en Atlántico, la Gran Vía es una doble calzada de 3,55 kilómetros, en el Corredor Universitario. En sus dos fases se han invertido, hasta ahora, $166.838 millones, así:

  • La primera etapa, entre la bajada del puente de la 51B con Circunvalar y la Universidad del Norte, la contrató la Gobernación del Atlántico por $62.402 millones. Después, tuvo una adición de $9.716 millones, que elevó su costo a $72.118 millones. Fue entregada en diciembre pasado, un año después de la fecha prometida por el gobierno de Noguera. 
  • La segunda fase, entre el Club Campestre y la Universidad del Atlántico, la contrató Edubar por $94.720 millones. Esa entidad mixta gerencia el proyecto tras un convenio con el Órgano Colegiado para la Inversión Regional (OCAD) y recursos de Regalías gestionados por la Gobernación del Atlántico.

La Gran Vía forma parte de un paquete de recursos de infraestructura que, entre 2020 y 2023, el gobierno de Noguera destinó para modernizar la red departamental de hospitales, recuperar el espacio público de los municipios y convertir a Atlántico en un destino turístico.

Sin embargo, Noguera dejó esas obras con retrasos y líos que le heredó a Eduardo Verano. Algunas aún no tienen fechas definitivas de entrega. Entre esas está la segunda fase de la Gran Vía. 

La demorada ejecución

Edubar adjudicó la construcción al Consorcio Corredor Vial Unidad Funcional Dos, integrado por tres empresas:

  • Compañía de Trabajos de Ingeniería SAS – Cotraing SAS, de Barranquilla, con el 50% de participación. 
  • Planeta, Proyectos y Obras, de Bogotá, con el 45%. 
  • Y Mavicón Construcción e Ingeniería SAS, de Montería, con el 5% restante. 

La adjudicación fue el 28 de noviembre de 2022 y el acta de inicio de obras, por 18 meses, se firmó el 13 de marzo de 2023. Es decir, ese tramo debía estar listo en septiembre de 2024. No lo estuvo y Edubar firmó una modificación (otrosí), todavía vigente, con una nueva fecha de entrega que tampoco se cumplirá: 30 de junio de 2025.

Las razones que el contratista dio el año pasado para solicitar más tiempo son similares a las cuatro que Edubar le entregó a La Contratopedia Caribe, en respuesta a una petición informativa sobre esa retrasada construcción.

La primera de ellas es la gestión predial, que consiste en negociar con privados los lotes por donde pasará la obra. Esa tarea, responsabilidad de la Gobernación del Atlántico, apenas terminó en abril pasado. Como el Departamento ya concretó los últimos cinco negocios, el contratista ya puede trabajar en esos terrenos.

La segunda razón para la demorada ejecución ha sido la coordinación técnica con las empresas de servicios públicos. 

En el caso del operador del servicio de energía,  Air-e debe aprobar las intervenciones eléctricas necesarias para hacer los respectivos descargos de las redes. Es decir, desenergizarlas temporalmente para que el contratista pueda trabajar con seguridad. Esas acciones dependen de la disponibilidad de Air-e.

Con las redes de alcantarillado y acueducto ocurre una situación similar, ya que ese suministro depende de la empresa Triple A, especialmente porque en la zona de construcción de la vía hay redes matrices.

Hasta ahora, Triple A le ha entregado al contratista “cerca del 90% de los accesorios” necesarios para realizar las conexiones, informó Edubar. Entre esos materiales hay válvulas para cierre de circuitos, tornillería y empaques.

Sin embargo, el contratista está atrasado en las obras de empalme y en las pruebas de presión hidráulica. Sin esas labores, no puede avanzar la construcción de los carriles y los andenes.

Y en cuanto a las redes de gas, el suministro de tuberías está a cargo de Gases del Caribe, operador de ese servicio. Por seguridad, esa empresa sólo autoriza que sus redes sean manipuladas por sus propios proveedores o empresas certificadas para tal fin.

“Lo que implica que dichas ejecuciones en el espacio público, en especial de la calzada norte, se encuentren determinadas por su disponibilidad de entrega de suministros y de personal”, explicó Edubar.

La tercera razón del retraso es la complejidad del terreno donde se construye el segundo deprimido, ubicado frente al centro comercial Le Champs —el primero ya está funcionando a la altura de la Universidad del Norte—.

Este tramo está sobre un conglomerado rocoso, una zona con fragmentos grandes de rocas que ralentiza las excavaciones porque algunos puntos demandan maquinaria pesada adicional para su demolición. 

Esas excavaciones se hacen por niveles, que sólo pueden avanzar tras la construcción de unos muros que aseguran el terreno y evitan deslizamientos. Actualmente, el contratista trabaja en un segundo nivel para instalar nuevos anclajes que refuercen esas estructuras.

Y la cuarta razón para la demorada construcción ha sido el congestionado tráfico en el Corredor Universitario, una vía fundamental para la movilidad de esa zona, que nunca ha estado completamente cerrada. Esa situación ha limitado el ritmo de los trabajos.

Por eso, Edubar y el contratista han tenido que ajustar varias veces los Planes de Manejo de Tráfico. Cada modificación requiere la aprobación técnica de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia. 

“Estos planes de manejo de tráfico han permitido la ejecución de las obras sólo por etapas o fases para poder garantizar la alta movilidad y flujo vehicular en esta importante área urbana”, explicó Edubar.

A toda esta ejecución le ha hecho interventoría el Consorcio Intercorredor Vial, contratado por Edubar en enero de 2023 e integrado por dos empresas de Bogotá: 

  • Roccia SAS, con el 70% de participación.
  • Y Latino Consul SAS, con el 30% restante.

Investigación al contratista y sin nueva fecha

Por todos esos trámites y pendientes, la fecha de inauguración del segundo tramo de la Gran Vía sigue siendo incierta.

En su respuesta a la petición enviada por La Contratopedia, Edubar dijo que el plazo vigente del contrato es el próximo 30 de junio, es decir, en menos de un mes.

Este medio se comunicó con Angie Criales, directora de Edubar, para consultarle sobre el trámite de un segundo otrosí del contrato —con una nueva fecha para la entrega de la vía— porque es evidente que el 30 de junio no estará lista. Sin embargo, no respondió.

La Contratopedia envió una nueva petición informativa a Edubar, que la entidad deberá responder en los próximos 15 días hábiles, para conocer lo que sería la tercera fecha oficial, tras las dos fallidas en septiembre pasado y junio próximo.

Mientras tanto, Edubar le abrió un proceso de incumplimiento al Consorcio Corredor Vial Unidad Funcional Dos, actualmente en etapa probatoria. Si el contratista es sancionado, la entidad podrá imponerle las multas previstas en el contrato.

Ese proceso obedece, según publicó El Heraldo, a la falta de personal para ejecutar las obras con un ritmo constante. La Gobernación le explicó a ese medio que el contratista enfrenta problemas financieros que sólo le permiten reforzar su personal durante los 20 días posteriores al desembolso de recursos por cada acta de obras presentada.

Pasado ese tiempo, disminuyen las cuadrillas de trabajadores y con ellas el ritmo de construcción.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Suscríbete a La Contratopedia Caribe

Share This