Gran Vía: $3.650 millones más y dos años de retrasos

Una de las ejecuciones más cuestionadas de los últimos tres años en el Atlántico ha sido la segunda fase de la Gran Vía, entre el antiguo Club Campestre y la Universidad del Atlántico.

Esa obra, que el gobierno de Elsa Noguera le heredó a Eduardo Verano dentro de un paquete de infraestructura lleno de líos, ahora tiene una cuarta fecha de entrega: 30 de septiembre de 2026, y una adición de $3.650 millones para garantizar su finalización.

La tercera prórroga y la adición, autorizadas el pasado 30 de junio por Edubar, forman el capítulo más reciente de una vía que inicialmente tenía como fecha de entrega septiembre de 2024. Dos años después de la fecha inicial y tras tres prórrogas (junio de 2025 y junio de 2026 fueron las anteriores), la nueva fecha contractual tampoco garantiza que la vía vaya a estar lista.

Esta segunda fase se financia con recursos de regalías gestionados por la Gobernación del Atlántico y está a cargo de Edubar, entidad mixta que fue designada como ejecutora por el OCAD Región Caribe. 

Antes, se ejecutó la primera etapa, entre la bajada del puente de la 51B con Circunvalar y la Universidad del Norte. Ese tramo lo contrató la Gobernación del Atlántico, por $62.402 millones, con recursos del Gobierno Nacional a través del Invías. Tuvo una adición de $9.716 millones, que elevó su costo a $72.118 millones. Fue entregada en diciembre de 2024, un año después de la fecha prometida por el gobierno de Noguera.

Edubar adjudicó la segunda fase, por  $94.720 millones, al Consorcio Corredor Vial Unidad Funcional Dos, el 28 de noviembre de 2022. Ahora, con la adición, su valor total suma $98.371 millones.

Forman parte de ese consorcio Compañía de Trabajos de Ingeniería SAS, con el 50% de participación; Planeta, Proyectos y Obras, con el 45%, y Mavicón Construcción e Ingeniería SAS, con el 5% restante.

Las razones de la nueva prórroga de la segunda fase

La obra tenía un avance del 88,40 % al 14 de julio, según una respuesta de Edubar a una petición de información enviada por La Contratopedia Caribe. Sin embargo, un informe del contratista había reportado un avance acumulado del 91,57 % al 31 de mayo y en otro, la interventoría reportó 91,74% hasta el 30 de junio.

Y en su informe de mayo, un mes antes de solicitar la prórroga, el contratista ya había dejado consignadas varias dificultades que afectaban la ejecución, entre ellas retrasos en diseños, redes de servicios públicos, entrega de elementos y condiciones imprevistas del terreno.

En un oficio presentado el 22 de junio pasado, el contratista pidió tres meses adicionales de plazo y una adición de recursos, sustentadas básicamente en cuatro razones.

La primera de ellas fueron las demoras en las conexiones y empalmes de las redes de acueducto con la Triple A, en los sectores del deprimido y Country Club Villas. Esos trabajos requerían la aprobación previa de la empresa, la purga y desinfección de las nuevas tuberías y la posterior conexión de las acometidas a los medidores existentes.

Esa situación “afectó el desarrollo oportuno de las actividades asociadas al proyecto y generó retrasos en actividades subsiguientes que dependían de la culminación de dichos trabajos”, aseguró el contratista. 

La segunda razón también estuvo relacionada con una empresa de servicios públicos. La gestión de los trámites y la obtención de los descargos eléctricos requeridos ante Air-e presentaron demoras que afectaron los tiempos previstos para la reubicación de las redes eléctricas. Sin esos descargos no podían trasladarse los postes ubicados dentro del área de intervención de la vía.

El tercer argumento fueron los cambios en el diseño de la rotonda ubicada en el sector del Centro Comercial Le Champ. Esos ajustes se hicieron, según el contratista, para “optimizar el uso de los recursos disponibles y garantizar el método de construcción más seguro y eficiente”.

La cuarta razón fueron los cambios en los anclajes del deprimido debido a condiciones geotécnicas distintas de las previstas inicialmente y detectadas durante las excavaciones.

Durante esos trabajos, el contratista encontró “un suelo con características de inestabilidad (médanos) que requirió la revisión y ajuste de la solución de diseño”. Por tanto, debió modificar la longitud y la cantidad de anclajes contemplados originalmente e incorporar actividades adicionales de análisis, rediseño y construcción.

El 24 de junio, dos días después de la solicitud del contratista, la interventoría —el Consorcio Intercorredor Vial— emitió concepto favorable. Ese mismo día, Rafael Lafont, apoyo a la supervisión del contrato por parte de Edubar, recomendó a la Gerencia aprobar la prórroga y la adición.

Edubar firmó tanto la prórroga como la adición el 30 de junio.

Las obras pendientes

Con los $3.650 millones de adición, el contratista debe completar toda la ejecución de la segunda fase. 

Esos recursos adicionales no provienen de una nueva fuente de financiación. Son recursos del Sistema General de Regalías que ya estaban asignados a la segunda fase de la Gran Vía, pero habían quedado disponibles porque el valor de la oferta ganadora fue inferior al presupuesto previsto en la licitación. 

Por eso, Edubar pudo incorporar ese saldo al contrato para terminar las obras pendientes que, según el documento de prórroga y adición son:

• Terminación integral del deprimido: glorieta, tablero, acabados, pintura de muros, barreras New Jersey, pavimentos, bordillos y andenes.
• Terminación de redes de alcantarillado pluvial, sanitario y de acueducto.
• Terminación de redes secas: bancos de ductos, registros domiciliarios y cajas comunes de telecomunicaciones.
• Ejecución y terminación de obras eléctricas.
• Finalización del 100 % de la pavimentación, incluido el tercer carril de Country Club Villas.
• Terminación del pavimento y del muro de contención en el sector de la bajada del Centro Comercial Le Champ.
• Obras de espacio público en esos sectores.

El 30 de septiembre es, por ahora, la cuarta fecha contractual para la terminación de la segunda fase de la Gran Vía. Sin embargo, tras tres incumplimientos y dos años de retraso, el contratista de este corredor vial tiene un gran desafío: cumplir y no pedir más prórrogas.