Gobierno Turbay adjudicó obras para controlar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande

El proyecto está proyectado a desarrollarse durante dos años: cuatro meses para los estudios definitivos y 20 meses para la ejecución de obras. /Foto: Rénder Alcaldía de Cartagena.

Gobierno Turbay adjudicó obras para controlar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande

El consorcio ganó por selección abreviada, después de una licitación pública fallida. La empresa líder es de Barranquilla y la segunda de mayor porcentaje del grupo empresarial Solarte, involucrado en el pasado con Odebrecht.

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El gobierno de Dumek Turbay seleccionó, este 15 de diciembre, al Consorcio Protección Cartagena para mitigar las inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, por $164.863 millones. Una de esas firmas pertenece al grupo empresarial de los hermanos Solarte, cuyo rostro más visible está en juicio por el caso Odebrecht.

Ese consorcio se ganó la obra por selección abreviada, tras un primer intento de contratación de la Alcaldía de Cartagena por licitación pública que terminó desierto: ninguno de los tres oferentes cumplió con todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en los pliegos.

En este nuevo intento de contratación, cuyos tiempos son más rápidos, el proyecto también tuvo tres consorcios en competencia: además de Protección Cartagena, Paseo Calamarí y Control Bahía. De hecho, varias de las firmas del contratista seleccionado ya habían integrado otro consorcio y competido por la licitación inicial.

El contratista seleccionado y las obras proyectadas

El Consorcio Protección Cartagena está integrado por cuatro empresas: 

  • A.M.G.O Construcciones SAS, de Barranquilla, con el 59% de participación.
  • Sonacol SAS, de Bogotá, con el 30%.
  • Estudios Costeros y Oceánicos (ECO SAS), de Cartagena, con el 10%.
  • Y Construcciones Civiles MRG SAS, de Cali, con el 1% restante.

A.M.G.O Construcciones SAS, la empresa con mayor participación del consorcio, está matriculada desde 2010 en Barranquilla. Su representante es Juan Manuel Simanca Arrieta y ha participado en varias obras clave del Atlántico, como la reciente construcción del  Centro Gastronómico Internacional (miembro del Consorcio Vive Puerto Colombia) y vías intermunicipales.

La segunda firma con participación mayoritaria del Consorcio Protección Cartagena es Sonacol SAS: Solarte Nacional Construcciones SAS, miembro del Grupo Empresarial LHS. Ese conglomerado empresarial lo fundaron los Solarte, uno de los grupos familiares con más contratación de obras civiles en Colombia.

Uno de sus rostros más visibles, Carlos Solarte, está en juicio, por el supuesto pago de sobornos para ganarse en 2009, junto a la brasileña Odebrecht, la construcción del túnel que conectaría el río Tunjuelo, la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas y el río Bogotá.

Uno de los representantes legales de Sonacol es Gabriel David Solarte Viveros, sobrino de Carlos Solarte. Este último no sólo es fundador del conglomerado sino que en el pasado actuaba como el portavoz de los intereses de su familia.

Protección Cartagena deberá trabajar en dos fases:

  • Una primera etapa será para los estudios y diseños definitivos, proyectada a cuatro meses.
  • Y la segunda etapa, para la ejecución de la obra, proyectada a 20 meses.

Bocagrande, una de las zonas turísticas de Cartagena, se inunda cada temporada de lluvias y mareas altas. La Alcaldía dice que el problema no solo es la falta de drenajes, sino también un diseño urbano obsoleto que agrava el estancamiento del agua.

Para solucionarlo, el gobierno Turbay anunció una renovación urbana y una solución hidráulica, que contempla “la construcción de sistemas de bombeo, instalación de válvulas de retención, creación de una red de drenaje pluvial, elevación de vías y obras de protección costera”.

Las obras las financiará a crédito, con parte de los $330.000 millones aprobados por la banca de fomento Findeter a la Alcaldía de Cartagena para esas obras e inversión vial.

Esos recursos, el Distrito los pagará a 10 años. El 70% están proyectados a desembolsar en 2026 y el resto en 2027.

La plata aprobada por Findeter forma parte del cupo de $1,5 billones aprobado por el Concejo, del cual el Distrito ya ha gestionado cerca de $1,4 billones, como contó recientemente La Contratopedia Caribe.

Críticas por la priorización de la obra

Desde que el gobierno Turbay anunció los cerca de $170.000 millones para esta obra que beneficiará a dos de los barrios más pudientes de Cartagena, Bocagrande y Castillogrande, la decisión despertó críticas. 

El politólogo Sebastián Blanco, quien ha sido una de las pocas voces críticas al modelo de gobierno impulsado por Turbay, planteó una reflexión incómoda:  ¿se está priorizando a las zonas de élite mientras los barrios populares seguirán bajo el agua?

“Hay que preguntarse por qué esa prioridad. En algunos barrios el agua solo te impide cruzar una avenida o molesta tu carro, mientras que en otros las inundaciones desplazan y victimizan a comunidades enteras”, dijo Blanco en una de sus videocolumnas al referirse a lo que sufren barrios como Olaya Herrera, Nelson Mandela, El Pozón o Las Palmeras —en el sur cartagenero— con cada temporada de lluvias.

 

 
 
 
 
 
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En esos barrios, donde las inversiones públicas aún están poniendo a sus habitantes al día en infraestructura básica como calles pavimentadas, la solución estructural contra las inundaciones aún no se ve cercana.

En 2017, el Distrito le contrató a la empresa Edurbe los diseños para intervenir varios de los canales de esos barrios, pero la ejecución nunca se dio.

En junio pasado, la Alcaldía volvió a contratar con esa misma empresa los diseños de 12 canales. Cuando estén listos, el gobierno de turno tendrá que buscar recursos y abrir nuevas licitaciones.

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