Gobierno Arana adjudica canchas en Bolívar a empresas con obras fallidas y nexos recientes con Emilio Tapia

Dos de los tres consorcios a los que la administración de Yamil Arana les adjudicó, por $25.502 millones, la construcción de igual número de escenarios deportivos para Clemencia, Santa Rosa de Lima y Santa Rosa del Sur están conformados por empresas con vasos comunicantes con el condenado zar de la contratación Emilio Tapia Aldana y han ejecutado obras de mala calidad.

Los tres consorcios seleccionados los integran siete empresas: cinco de ellas son de Montería, una de Medellín y otra de Bogotá.

El proceso tuvo 18 oferentes, pero tras las evaluaciones técnica, jurídica y financiera quedaron habilitados sólo ocho.

Los dos consorcios que llegan con ruidos por obras de mala calidad, lazos con empresarios condenados por corrupción o líos de sus accionistas son Bienestar Recreativo 25 y Emprendimiento Deportivo.

Los vasos con Emilio Tapia y obras de mala calidad

En el Consorcio Bienestar Recreativo 25, encargado de construir la unidad deportiva de Clemencia, en un área de 8.216 metros cuadrados, hay vasos comunicantes con el condenado zar de la contratación en Colombia, Emilio Tapia Aldana. Las dos empresas que lo conforman tienen o han tenido conexiones directas con él. 

Tapia ha sido uno de los protagonistas de dos de los mayores escándalos recientes de corrupción del país: el Carrusel de la Contratación en Bogotá, que desvió millonarios recursos destinados a mejorar la malla vial de la capital, y Centros Poblados, por el que la Fiscalía lo acusó de estructurar de forma fraudulenta una unión temporal para quedarse con un contrato de $1,07 billones destinado a llevar internet a zonas rurales.

Por este último proceso estuvo preso entre 2021 y abril de 2025, cuando un juzgado de Barranquilla le concedió casa por cárcel tras cumplir 48 meses en prisión y devolver $2.500 millones que admitió haber recibido ilícitamente.

El vínculo de Tapia con AZ Civil, firma líder del Consorcio Bienestar Recreativo 25, se da a través de Hugo Armando Canabal Hoyos, quien fue su representante legal entre 2019 y diciembre de 2020, cuando aún se llamaba AFL Constructores.

Canabal fue uno de los aliados clave de Tapia en la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados, integrada por ICM Ingenieros SAS, Omega Buildings Constructora SAS e Intec de la Costa SAS.

Según la Fiscalía, esta unión temporal se constituyó con información falsa para cumplir los requisitos de la licitación, que ganó y por la que recibió un anticipo de $70.000 millones, cuyo destino final sigue sin esclarecerse.

De hecho, Canabal fue sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio con $116.000.000 de multa, por no revelar su condición de controlante de la firma Intec de la Costa SAS. 

Tapia fue objeto de una sanción similar: se le declaró controlante de las otras dos firmas y fue multado con $232.000.000. 

INP Construcciones de la Costa SAS, la otra integrante del Consorcio Bienestar Recreativo, también tiene lazos con Tapia. Esa firma fue constituida en noviembre de 2023 y está matriculada en la Cámara de Comercio de Montería. Su representante legal y único accionista es Luis Alberto Morales Acevedo. 

Morales Acevedo ha sido presidente del Grupo Constructores Antioqueños SAS, una empresa cercana al condenado zar de la contratación, como lo reveló en 2024 la periodista Laura Ardila Arrieta en su columna de El Espectador.

Ardila contó que uno de los representantes del Grupo Constructores Antioqueños ha sido Álvaro Torres Buelvas, administrador de Omega Buildings Constructora, controlada por Emilio Tapia en el proceso de Centros Poblados.

Morales Acevedo también ha sido representante legal de LT Buildings, empresa que tuvo entre sus directivos a Juan Sebastián Vergara. Este último gerenció Omega Buildings Constructora, la ya mencionada firma de Centros Poblados.

Al lazo de Tapia con ambas empresas se suman ejecuciones fallidas de AZ Civil en varios contratos. 

Esa firma lidera el Consorcio Av Sierra 38, al que la Alcaldía de Valledupar le adjudicó, en junio de 2023, la construcción de 1.650 metros lineales de pavimento rígido de la avenida 38, entre la avenida Sierra Nevada y el barrio Divino Niño, por $22.136 millones.

Los trabajos debieron estar listos en junio del año pasado, pero hasta ahora la obra sigue inconclusa y la construcción está suspendida desde mayo. Incluso, los vecinos de la zona ya denuncian mala calidad en los materiales usados. 

También en Valledupar, AZ Civil formó parte del Consorcio BMX, constructor de una pista para la práctica de esa disciplina deportiva. La obra estuvo lista para los Juegos Bolivarianos 2022 y desde abril pasado es noticia por su evidente deterioro.

De hecho, en junio, la Procuraduría anunció una indagación preliminar para establecer la responsabilidad de funcionarios públicos en las fallas que presenta la pista, por la que el Instituto Municipal de Deportes y Recreación (Inder) de Valledupar invirtió más de $5.000 millones. 

El actual director del Inder, Allison González, le dijo al diario El Pilón que los daños en el escenario deportivo son estructurales. “La pista quedó mal hecha, de pronto, por el afán de construir y de cumplir en su momento con los Juegos Bolivarianos”, aseguró.

Los líos de los accionistas de Emprendimiento Deportivo

El otro consorcio con líos, seleccionado por el gobierno de Arana en Bolívar, es Emprendimiento Deportivo. Representado legalmente por Yesid Manuel Majana Acosta, tiene a su cargo la construcción del estadio de fútbol para el municipio de Santa Rosa de Lima, en un área de 10.300 metros cuadrados.

Su firma líder es la monteriana Grupo EGV Construcciones Zomac SAS, constituida en junio de 2022 como una empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil.

Sus accionistas son los empresarios:

• Lucía Inés Cabrales Garrido, con el 55% de acciones. 
• Eduardo Alfredo Ghisays Vitola, con el 30%. 
• Yesid Manuel Majana Acosta, con el 10%. 
• Y Carlos Alberto de la Ossa Bula, con el 5% de participación restante.

Justamente por dos de los accionistas de Grupo EGV Construcciones Zomac SAS le vienen los ruidos a la compañía: Ghisays Vitola y Majana Acosta.

Ghisays fue capturado en 2019, cuando la Fiscalía desmanteló una red de corrupción que se quedaba con los contratos de obras del posconflicto en Colombia.

Las investigaciones del ente acusador concluyeron que, desde 2017, un grupo de personas liderado por José Ramón Correa Martínez gestionó de manera irregular contratos en los municipios de La Tola, El Charco y Mosquera, en el Pacífico nariñense.

En medio de las audiencias realizadas en febrero de 2020, la Fiscalía detalló que el rol del empresario Ghisays en ese entramado fue el de “financiar la organización criminal” y estableció que desembolsó grandes sumas de dinero. “Era conocido como el amigo de Montería”, señaló.

En agosto de 2020, la Fiscalía llamó a juicio a Ghisays por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. El empresario no aceptó los cargos que le imputó el ente acusador. El proceso continúa.

Majana Acosta, el otro accionista de Grupo EGV Construcciones Zomac SAS, también ha estado involucrado en líos por obras de mala calidad. Por ejemplo, en 2013 la Gobernación de Sucre, en cabeza del entonces gobernador Julio César Guerra Tulena, le adjudicó a la Unión Temporal Colosó Vial la construcción de la vía entre Toluviejo y Colosó, por $8.319 millones.

Majana fue el representante legal de esa unión temporal, de la que también formaron parte las firmas Odeka SAS, vinculada al condenado Emilio Tapia Aldana, e Ingeniería, Equipo y Construcción (Inenco SAS). 

Resulta que la obra fue recibida por la Gobernación de Sucre en diciembre de 2015, durante la administración de Guerra Tulena, y en enero de 2016, en una visita a la recién inaugurada vía, los funcionarios de la administración de Edgar Martínez, sucesor de Guerra Tulena, encontraron fisuras en varios kilómetros de la carpeta asfáltica.

En marzo, en un nuevo recorrido, los funcionarios del departamento encontraron más daños: grietas incipientes, deformaciones y hundimientos. Por eso, le solicitaron a la Unión Temporal, representada por Majana, la reparación de los daños encontrados. 

Ante el incumplimiento del contratista, en noviembre de 2020, la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Sucre declaró el siniestro de la obra de rehabilitación de la vía Toluviejo-Colosó, para recuperar parte del dinero invertido en su construcción.