Gobernación de Bolívar declara desierta la licitación más millonaria de la administración Arana

La Gobernación de Bolívar declaró desierta la licitación, por $128.583 millones, para el mejoramiento de vías entre los municipios de Arjona – San Estanislao de Kostka y Córdoba Tetón – Magangué. Se trata del proceso de contratación más millonario en lo que va del gobierno de Yamil Arana. 

La decisión fue anunciada por el director de Contratación de Bolívar, Gustavo Sands Medina, y el director de la Oficina Jurídica de la Gobernación, Rafael Montes, en una audiencia realizada ayer por la tarde, cuya segunda parte se desarrolló después de cuatro aplazamientos.

 Según la administración departamental, ninguno de los cuatro consorcios que presentaron ofertas cumplió con los requisitos del pliego. Todos presentaron información con inconsistencias, especialmente relacionada con los revisores fiscales.

El contrato más millonario de Arana

Para la adecuación de 33,9 kilómetros de vías, la administración Arana buscaba, desde enero pasado, dos contratistas: 

• Uno para el primer lote, que comprende el tramo de vías entre los municipios de Córdoba Tetón y Magangué, por $90.039 millones. Esos trabajos consistían en el mejoramiento de 20 kilómetros, desde el corregimiento de La Pascuala, jurisdicción de Magangué, hasta el corregimiento de Santa Lucía, en Córdoba Tetón. 

• Y otro para el segundo lote, 13,9 kilómetros comprendidos entre los municipios de Arjona y San Estanislao de Kostka, por $38.544 millones. Esas obras estaban previstas para ejecutarse en la vía que conduce del casco urbano de Arjona al corregimiento de Las Piedras, en San Estanislao de Kostka. 

En ambos tramos, los contratistas seleccionados debían construir una vía bidireccional de dos carriles, de más de siete metros de ancho, mediante la pavimentación en concreto asfáltico.

A la licitación se presentaron cuatro consorcios. Dos de ellos pujaban por el mejoramiento vial del lote 1:

Consorcio Vial del Caribe, integrado por:

• Linosa Ingeniería SAS, de Cartagena, con el 60% de participación.
• Fundación Redes Monteverde, de Montería, con el 30%.
• Y Avantiz SAS, de Cartagena, con el 10% restante.

Y Consorcio Interconexión Regional ASCM, conformado por:

• GCCI Grandes Construcciones Civiles Iberoamericana SAS, de Cartagena, con el 60% de participación.
• AE Soluciones del Caribe SAS, de Barranquilla, con el 30%.
• Y Nórdica Reformas y Proyectos SAS, de Cartagena, con el 10%.

 Y otros dos consorcios presentaron ofertas para el lote de mejoramiento vial 2. Son ellos:

Consorcio Caminos de la Prosperidad 2025, integrado por las empresas:

• DNP Ingeniería SAS, de Barranquilla, con el 45% de participación.
• PPO Planeta, Proyecto y Obras SAS, de Bogotá, con el 45%.
• Y Constructora Arenas SAS, de Cartagena, con el 10%.

Y Consorcio Interconexión Vial, conformado por:

• BCH Ingeniería SAS, de Barranquilla, con el 30% de participación.
• KAP Construcciones SAS, de Montería, con el 30%.
• Ingeniería y Construcciones San Francisco SAS, de Bogotá, con el 30%.
• Y Diseños y Construcciones PT SAS, de Cartagena, con el 10%.

En un primer informe de evaluación, publicado por la Gobernación el 7 de mayo, ninguno de los cuatro oferentes quedaba habilitado.

El 20 de mayo, la administración departamental publicó el informe definitivo y los cuatro consorcios quedaron habilitados tras subsanar los requisitos que inicialmente no cumplían.

Ese mismo día, la administración departamental citó para el 21 de mayo la audiencia de adjudicación del proceso. Mientras se celebraba, la Gobernación les notificó a los asistentes que debía suspender para estudiar unas observaciones que la Veeduría Anticorrupción había presentado vía correo electrónico. 

Dentro de sus observaciones, la veeduría advirtió sobre presunta colusión (acuerdos ilegales) de tres de los consorcios que presentaron ofertas y supuestas inconsistencias en la información de los revisores fiscales y contadores de varias de las empresas que conforman esos consorcios. 

Además, el comité evaluador de la Gobernación debía verificar otras observaciones presentadas por el Consorcio Interconexión Vial, uno de los proponentes, por presuntas fallas en la información presentada por el Consorcio Caminos de la Prosperidad 2025, otro de los competidores por la licitación.

La Gobernación retomó la audiencia, después de cuatro anuncios fallidos, el martes 27, cuando terminó de corroborar las irregularidades denunciadas.

Las irregularidades que encontró la Gobernación 

Atendiendo las observaciones presentadas por la Veeduría Anticorrupción —primero durante la audiencia, el 21 de mayo, y luego dos días después por correo electrónico—, la Gobernación revisó las presuntas irregularidades de los cuatro consorcios y encontró inconsistencias en la información que presentaron.

Gustavo Sands, director de contratación de Bolívar, dijo durante la audiencia, que todos los consorcios presentaron información imprecisa sobre la revisoría fiscal, por cuenta de inconsistencias de algunas empresas con la figura del revisor fiscal. 

Ese es un perfil clave en las empresas en Colombia, porque debe garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones.  

Por ejemplo, la firma DNP Ingeniería SAS, de Barranquilla, con el 45% de participación en el Consorcio Caminos de la Prosperidad 2025, presentó un certificado de antecedentes disciplinarios de su revisor fiscal, Melkis Cera Altamar, que estaba vencido.

Ese certificado lo emite la Junta Central de Contadores Públicos y tiene una vigencia de tres meses; el de Cera Altamar había sido expedido el 31 de enero y estaba vigente hasta finales de abril, es decir, el 2 de mayo, cuando el Consorcio Caminos de la Prosperidad 2025 lo presentó para la licitación, ya no estaba vigente. 

En el caso de la empresa Linosa Ingeniería SAS, con el 60% de participación en el Consorcio Vial del Caribe, el comité evaluador de la Gobernación encontró que aportó documentos firmados por un contador que no ejercía como revisor fiscal, tal como lo había alertado la Veeduría Anticorrupción. 

Sands confirmó que la firma GCCI Grandes Construcciones Civiles Iberoamericana SAS, del Consorcio Interconexión Regional ASCM,  también presentó información inconsistente sobre su revisor fiscal.

Resulta que los estados de resultados de esa empresa los firmó el contador público Ruben Peña Hoyos, el 15 de marzo de este año, en calidad de revisor fiscal. Sin embargo, según los datos registrados por GCCI en su certificado de existencia, para esa fecha Peña no era el revisor fiscal de la compañía.

Otra de los consorcios que incurrió en fallas fue Interconexión Vial, porque uno de sus miembros, la empresa Ingeniería y Construcciones San Francisco SAS, no designó revisor fiscal pese a estar obligado a hacerlo por ley.

“Es obligatorio designar revisor fiscal en las sociedades comerciales cuyos activos brutos, al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos o cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 3.000 salarios. En ese sentido, se pudo verificar que Ingeniería y Construcciones San Francisco SAS supera este umbral”, explicó Sands en la audiencia.

Justamente, porque en todos los casos alertados por la Veeduría Anticorrupción hubo información inexacta sobre los revisores fiscales, la Gobernación determinó que los cuatro consorcios incurrieron en causal de rechazo, al tratarse de datos “sobre los cuales pueda existir una posible falsedad”.

La Contratopedia Caribe consultó al director de contratación de Bolívar para conocer qué sigue tras esta licitación desierta y explicó que el proceso empezará de cero, “pero bajo la modalidad de selección abreviada, como lo establece la norma”.

La selección abreviada es una modalidad de contratación que está prevista para simplificar los procesos y garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Sus tiempos son más cortos que los de una licitación pública y las entidades pueden acudir a ella cuando un primer intento de contratación, a través de una licitación, resultó fallido.