El poder de los Blel en Cormagdalena rumbo a las legislativas de 2026

“Cormagdalena es más o menos un ministerio y quien logra tener injerencia ahí tiene el poder de contratar un equipo propio, adjudicar contratos y vincular mucha gente por OPS (órdenes de prestación de servicios)”, le dijo a La Contratopedia un exdirector de esa entidad que habló bajo anonimato.

Ese poder que da Cormagdalena es apetecido desde su fundación, en 1994, por políticos como los Blel. Su atractivo radica, principalmente, en su autonomía presupuestal, administrativa y financiera, para garantizar la navegabilidad y sostenibilidad del Magdalena.

Para cumplir con su misión en 2024, por ejemplo, Cormagdalena tuvo un presupuesto de $316.226 millones, sumados a $128.000 millones provenientes del Sistema General de Regalías para el bienio 2025-2026. 

Esos recursos deben invertirse en los municipios ribereños y los define la corporación junto a dos representantes de los gobernadores, dos de los alcaldes y un delegado de la Dirección Nacional de Planeación (DNP). 

Cormagdalena también es atractiva para los grupos políticos porque es la encargada de autorizar o negar las concesiones portuarias a lo largo del Río Magdalena. Las empresas o personas que reciben una concesión para explotar económicamente la ribera deben pagar cada año una contraprestación. Actualmente, la Corporación tiene 28 concesiones, y los ingresos anuales por este concepto ascienden a $30.000 millones.

Además, Cormagdalena puede gestionar recursos ante el Ministerio de Transporte para contratar obras de dragado que garanticen la navegabilidad del Magdalena. El año pasado esa inversión superó los $163.000 millones en, al menos, tres contratos que Cormagdalena adjudicó.

Desde febrero de 2023, la casa Blel ejerce todo ese poder a través del ingeniero industrial Álvaro Redondo Castillo, cuya carrera en el sector público se la debe, en gran medida, a ese grupo político.

Redondo llegó a Cormagdalena como Secretario General de la entidad y luego, en febrero de 2023, asumió como Director Ejecutivo encargado, impulsado por el entonces gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, hijo del exsenador Blel Saad y hermano de la congresista Nadia Blel. 

En su calidad de miembro de la Junta Directiva de esa entidad, el entonces mandatario de Bolívar propuso el nombre de Redondo durante la sesión del 30 de enero, presidida por el ministro de Transporte de la época, Guillermo Reyes.

“El doctor Vicente Blel, gobernador de Bolívar, manifiesta y resalta el trabajo del doctor Álvaro Redondo, secretario General de Cormagdalena, por su experiencia y dedicación (…) solicitando que se tenga en consideración como director encargado”, se lee en el acta 162 de enero de 2023. 

La Junta Directiva de Cormagdalena está conformada por 17 miembros: siete representantes del Gobierno Nacional, los gobernadores de tres de los departamentos por donde pasa el Magdalena, seis alcaldes de municipios ribereños y un representante de los gremios de navegación fluvial.

De los 16 asistentes a la sesión del 30 de enero, 12 votaron a favor del candidato de Blel, permitiéndole asumir como encargado desde el 4 de febrero de 2023. En diciembre de ese año, Redondo fue ratificado como Director Ejecutivo en propiedad tras una votación unánime.

En 2024, ya como director en propiedad, el ingeniero Redondo comenzó a contratar a profesionales que, si bien superaron las etapas de vinculación de esa entidad y cumplen con los requisitos para sus cargos, tienen una reconocida relación con la casa Blel. 

Redondo también ha contratado a otros perfiles que, sin formar parte de la casa Blel, tienen el visto bueno del exsenador, como le dijo a La Contratopedia un político cartagenero que conoce por dentro las movidas de ese grupo político. 

“Todo lo que están moviendo allá en términos de nombramientos y de algunas OPS pasa por el visto bueno del viejo”, comentó la fuente en alusión al condenado excongresista Blel Saad. 

En las dos subdirecciones más importantes de la entidad, la de Desarrollo Sostenible y Navegación, y la de Gestión Comercial, están desde el año pasado María Paula Guerrero Chalela y Pedrito Tomás Pereira Caballero, respectivamente.

La Subdirección de Gestión Comercial, a cargo de Pereira Caballero, es importante porque desde ahí Cormagdalena gestiona y administra todos los negocios relacionados con la actividad portuaria y cobra las contraprestaciones a los puertos ubicados en la ribera del afluente.

Pereira es un viejo conocido de la política bolivarense: fue representante a la Cámara por el Partido Conservador y alcalde encargado de Cartagena entre 2018 y 2019. 

Aunque no es un reconocido militante de la casa Blel, en las elecciones regionales de 2023, en las que aspiró sin éxito al Concejo de Cartagena —se ahogó con 4.366 votos—, respaldó a la carta de ese grupo a la Gobernación, Yamil Arana.

Contar con el apoyo de Pereira no es un detalle menor para el proyecto electoral de los Blel en 2026, porque el exalcalde cartagenero lidera un grupo político que hace proselitismo en Cartagena. 

En las legislativas de 2022, ese grupo respaldó la candidatura al Senado de Jorge Benedetti, del partido Cambio Radical, como reportó La Contratopedia.

La otra subdirección, la de Desarrollo Sostenible y Navegación, en cabeza de la ingeniera Guerrero Chalela, también es clave porque desde ahí se ejecutan las obras necesarias para garantizar la navegabilidad del Magdalena y la actividad portuaria, es decir, trabajos de dragado, canalización, rellenos hidráulicos y estabilización de orillas.

Además, esa dependencia elabora los planes de inversión en vías fluviales de la jurisdicción de Cormagdalena, gestiona las fuentes de financiamiento para su desarrollo y supervisa su ejecución.

Aunque en Cartagena es conocida la relación de amistad entre los Guerrero Chalela y la familia Blel, La Contratopedia no logró establecer que detrás de su nombramiento haya cálculos electorales. De hecho, al interior de esa entidad la ven solamente como un perfil técnico, le dijo a este medio un funcionario que pidió no ser citado para evitarse líos. 

Otro cargo clave de Cormagdalena lo ocupa el abogado Juan Mauricio González Negrete,  como jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Entre sus responsabilidades tiene la revisión de los trámites para las concesiones portuarias, asesorar en la elaboración de los pliegos de condiciones de la entidad y supervisar la imposición de multas o sanciones ante incumplimientos de las normas de navegación.

Es un perfil de reconocida trayectoria en el grupo de los Blel: fue asesor jurídico del exgobernador Vicente Blel Scaff durante su administración en Bolívar, entre enero de 2020 y diciembre de 2023. Además, su familia ha sido aportante de las campañas electorales tanto de Vicente, a la Gobernación, como de su hermana Nadia, al Senado. 

A ese listado de funcionarios de Cormagdalena con conocidos vasos comunicantes con los Blel se suma el nombre de la ingeniera Mery Luz Londoño, nombrada desde este año como jefa de la Oficina Asesora de Planeación. 

Desde ese cargo, Londoño dirige y controla la operación del banco de proyectos de la entidad, y coordina el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del Magdalena.

Londoño fue secretaria de Planeación Departamental en Bolívar entre 2017 y julio de 2022, cuando renunció para aspirar, inicialmente, a la Alcaldía de Cartagena, pero luego terminó inscribiendo su candidatura a la Gobernación de Bolívar.

Aunque su inscripción la hizo con el aval del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, en la Cartagena política su candidatura fue vista como una estrategia de la casa Blel para restarle votos al también candidato Zaith Adechine, quien perdió frente a Yamil Arana y hoy ocupa una curul en la Asamblea de Bolívar gracias al Estatuto de Oposición.

Tres políticos bolivarenses que el año pasado tuvieron contrato en Cormagdalena y pidieron no ser citados en esta historia detallaron que, más allá de estos funcionarios en cargos clave, el fortalecimiento de los Blel de cara a las legislativas de 2026 está marcado por la contratación de perfiles con potencial electoral a través de OPS.

Veintiuno de los 31 contratistas de Cormagdalena identificados por La Contratopedia con un perfil político tienen en común haber sido alcaldes y concejales de pueblos de Bolívar, o candidatos a alcaldías, concejos y juntas de acción comunal de diferentes municipios. Otros son líderes barriales.

Justamente por ser personas que conocen la logística proselitista y electoral, su contratación es vista en varios sectores políticos de Bolívar como una apuesta del grupo Blel de cara a las elecciones de marzo de 2026. 

Para esos comicios, ese grupo busca mantener su curul en el Senado, actualmente ocupada por Nadia Blel, y aumentar a tres las sillas en la Cámara de Representantes; hoy tienen dos: Juliana Aray y Ángela Vergara.

En ese proyecto por las tres curules en la Cámara hay hasta ahora  —además de Aray que busca repetir— tres nombres: los de Alejandro Botero Padaui y María Camila Salas, primo y cuñada del gobernador Arana, respectivamente; y el del exrepresentante a la Cámara Alonso Del Río, quien el año pasado ganó poder con el triunfo de su hijo Alonso José Del Río en la Asamblea de Bolívar, con aval del partido Conservador.

Del listado de profesionales contratados por prestación de servicios el último año y medio, hay tres exalcaldes bolivarenses que terminaron sus períodos en diciembre de 2023:

• Alejandro Arrázola Sagbini, exalcalde de Calamar, tuvo un contrato entre abril y diciembre del año pasado, por $76.266.667, para prestar sus servicios como abogado. 
• Karen Contreras Acuña, exalcaldesa de Tiquisio, también estuvo vinculada a la entidad con un contrato por siete meses, para prestar servicios administrativos en la subdirección de Gestión Comercial, por $71.000.000.
• Y el exalcalde de San Cristóbal, Carlos Julio Morales, firmó un contrato en marzo de 2024 para trabajar como abogado en la oficina Jurídica, por $59.200.000.  

“Ellos lo que tienen ahí es un fortín, porque toda esa gente les puede hacer reuniones en campaña y mover votantes a las urnas. Esa es la apuesta”, dijo una de las fuentes que el año pasado tuvo contrato en Cormagdalena y este año no fue convocada. 

La Contratopedia consultó al ingeniero Redondo para conocer cuáles fueron los criterios para vincular a funcionarios y contratistas con perfiles electorales y negó que en los procesos de selección de Cormagdalena medien intereses políticos.

“Todo funcionario o contratista que ingrese a la Corporación debe cumplir con requisitos de estudios y experiencias para asumir las funciones solicitadas. Independientemente de que sean exfuncionarios o vengan del sector privado”, dijo Redondo.

Más allá de lo que diga Redondo, el poder que les da manejar Cormagdalena —además de la Gobernación de Bolívar— ya les permite a los Blel consentir a sus aliados. Los necesitarán para una contienda de la que aspiran salir aún más fortalecidos con cuatro curules: una en Senado y tres en la Cámara de Representantes, la mitad de las sillas que tiene Bolívar en esa corporación.