Las obras del alcantarillado de Bayunca y Pontezuela deben comenzar el segundo semestre de 2025. /Foto: Oficina de Prensa de la Alcaldía de Cartagena.
El megacontratista del Atlántico que construirá el alcantarillado de Bayunca y Pontezuela
El ganador fue el único habilitado en un proceso de selección abreviada, después de una licitación fallida. Dos de sus empresas son conocidas por su larga trayectoria y megacontratación con los gobiernos charistas.
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La Alcaldía de Cartagena adjudicó, el pasado 16 de junio, la construcción del alcantarillado de Bayunca y Pontezuela al Consorcio Redes CCC, por $114.616 millones, después de revocar una licitación por la documentación irregular que presentó el ganador de entonces.
El nuevo constructor lo integran cuatro empresas del Atlántico. Dos de ellas son de los megacontratistas Torres Vergara, consentidos durante la era charista en Barranquilla.
Las esperadas obras deben comenzar entre finales de julio e inicios de agosto.
El nuevo contratista y algunas sombras
El Consorcio Redes CCC fue el único de cuatro interesados que cumplió con todos los requisitos de este proceso de selección abreviada, después de subsanar su documentación jurídica y financiera.
Los otros tres consorcios de Cartagena y Bogotá resultaron no habilitados en este proceso que la Alcaldía convocó el 26 de mayo.
Las empresas que integran el Consorcio Redes CCC son:
- Construcciones e Inversiones Beta SAS (Consinbe SAS), con el 50% de participación.
- Construcciones Sertor SAS (Sergio Torres), con el 30%.
- Virgilio Osorio Torres, con el 10%.
- Y Construcciones y Concretos del Caribe SAS, con el 10% restante.
El 80% del consorcio está en manos de la familia Torres Vergara, representada por los constructores Sergio Torres Reátiga y Myriam Cecilia Vergara de Torres.
Las firmas de este grupo familiar han sido contratistas privilegiadas, durante la última década, en la capital del Atlántico.
Solo durante el segundo periodo de Alejandro Char como alcalde de Barranquilla (2016-2019), Construcciones e Inversiones Beta y Sergio Torres obtuvieron $103.452 millones en contratos, de manera individual o como miembros de consorcios o uniones temporales.
Durante la administración de Elsa Noguera en Atlántico (2020-2023) también ganaron obras, con Consinbe, Sertor y Constructora ATV SAS.
En 2012, Construcciones e Inversiones Beta S.A.S participó en la Unión Temporal Escuelas del Caribe, encargada de construir e intervenir 26 colegios en el Atlántico por $29.000 millones, bajo la modalidad de crédito del proveedor.
Esas obras fueron altamente cuestionadas por fallas en los diseños, tanto que el secretario de Educación Departamental de la época, Dagoberto Barraza Sanjuán, tuvo que ordenar la demolición de algunos de los colegios.
Javier Torres Vergara, uno de los miembros de esta familia de constructores, es cercano al alcalde Alejandro Char y representante legal de Inversiones Torrosa SAS, otra empresa del grupo familiar.
Inversiones Torrosa SAS estuvo involucrada en la trama de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht. En 2019, la Fiscalía solicitó la audiencia de imputación, con medida de aseguramiento, a Javier Torres, por el delito de enriquecimiento ilícito, debido a que, según ese ente, recibió en noviembre de 2014 casi $9.400 millones de Odebrecht, a través de un contrato falso.
La Fiscalía, sin embargo, terminó archivando el caso sin dar explicación alguna.
Revocatoria y promesa fallida
La contratación del alcantarillado de Bayunca y Pontezuela se dio tras la revocatoria, en abril pasado, de una licitación que ganó un consorcio con documentación irregular.
La Alcaldía recibió dos denuncias señalando que el Consorcio Alcantarillado Rural acreditó su experiencia con certificaciones que contenían datos falsos.
El 22 de abril, la Alcaldía recibió la primera solicitud de revocatoria; la radicó el Consorcio Alcantarillado Sanitario Ponbay, uno de los oferentes que compitió por la licitación. La segunda la presentó el ingeniero y veedor ciudadano Álvaro González, el 25 de abril.
El error no fue menor: estas alertas evidenciaron que el equipo evaluador del Distrito omitió una verificación exhaustiva del dossier presentado por el Consorcio Alcantarillado Rural.
El 29 de abril, el Distrito revocó esa adjudicación y de no ser por las alertas externas, habría firmado un contrato por más de $100.000 millones con un consorcio cuestionado.
La nueva adjudicación de Bayunca y Pontezuela se dio casi un mes después de una promesa del alcalde Turbay.
El 3 de mayo, en reunión con los habitantes de esos corregimientos, el mandatario prometió que su administración volvería a convocar la obra sanitaria a través de un proceso más rápido: la selección abreviada, una figura prevista para obras que, celebradas inicialmente por licitación, terminan desiertas.
Turbay prometió que habría contratista para el 20 de mayo.
Dos días después de esa reunión, el 5 de mayo, su gobierno publicó en borrador la documentación de ese proceso, con un calendario que coincidía con la promesa.
Ese cronograma, sin embargo, cambió tres veces: primero, la Alcaldía movió la selección para el 9 de junio; después, la reprogramó para el 13 de junio, y finalmente, seleccionó al contratista el 16 de junio. Es decir, casi un mes después del anuncio de Turbay ante los habitantes de Bayunca y Pontezuela.
Con esta adjudicación, el Distrito da por superado un capítulo, pero abre otro: la ejecución de una esperada obra con empresas cuyo tronco familiar no ha estado exento de cuestionamientos.