El futuro de la seguridad en Barranquilla: entre la mano dura y la negociación con las bandas

Abelardo… Cepeda… Paloma. Cepeda… Paloma… Abelardo. 

Como si de deshojar una margarita se tratara, el manejo de la seguridad en Barranquilla durante los próximos cuatro años se decidirá en las urnas este 31 de mayo o, a más tardar, el 21 de junio, de haber segunda vuelta presidencial. El tema que más preocupa a los habitantes de esta ciudad, según las encuestas de calidad de vida y percepción del ambiente urbano, no ha contado durante el gobierno de Gustavo Petro con una política estructural para la capital del Atlántico debido a las diferencias ideológicas y personales con el alcalde Alejandro Char. Y esa falta de articulación entre el Palacio de Nariño y el Paseo Bolívar ha sido una de las razones para el crecimiento incontrolable de la extorsión y el baño de sangre en las calles.

El enfoque del problema es lo que más separa a los candidatos. Con Abelardo o Paloma, la Alcaldía maneja una visión muy parecida: el discurso de mano dura. Fue el pilar de la seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y hoy predomina en las dos campañas de la derecha. En la de Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente, y en la de Abelardo De la Espriella, el abogado ultra al que la casa Char ha apostado todas sus fichas para la primera vuelta. 

Con Cepeda, en cambio, continuaría el modelo de buscar una salida negociada, es decir, sentarse a la mesa con todos los actores de la violencia en Colombia. No hay que olvidar que el senador del Pacto Histórico fue uno de los arquitectos del fallido proceso de la ‘Paz Total’ en el gobierno Petro.

Para Char, la lucha contra la delincuencia está ligada a la inversión, y en eso ha consistido la estrategia de la Alcaldía durante las cinco administraciones consecutivas de su grupo político: compra de vehículos, radios, computadores, cámaras; construcción de Centros de Atención Inmediata (CAI) y estaciones de Policía, aumento del pie de fuerza. 

Pero, desafortunadamente para los barranquilleros, el resultado de la ecuación ‘equipos + personal = seguridad’ no ha sido el esperado porque no se trata de una operación matemática. Variables como la pobreza extrema y la falta de oportunidades entran en la suma o la resta a la hora de hacer el balance.

La victoria de Abelardo o de Paloma le brindaría al Distrito la posibilidad de restablecer desde el 7 de agosto la comunicación con Palacio, rota desde hace tiempo. En mayo de 2024 fue la última vez que el presidente Petro y el alcalde Char conversaron, cara a cara, en Barranquilla. 

Por el contrario, si el triunfador es Cepeda, la Alcaldía podría quedar marginada de las mesas de negociación con los cabecillas de organizaciones criminales como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, un proceso suspendido por el Gobierno Nacional, del que no fueron notificados en su momento el alcalde ni el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pero que podría ser restablecido en una eventual presidencia del candidato progresista.

De ahí que el tema electoral sea transversal no solo a la seguridad, sino prácticamente a todo. Para decirlo de otra manera, una cosa es con Valencia o De la Espriella, y otra bien distinta con Cepeda. Si el candidato del Pacto Histórico, al que gran parte del país considera el “heredero” de Petro, se convierte en el nuevo inquilino del Palacio de Nariño, hasta la continuidad de la casa Char al frente de la Alcaldía de Barranquilla podría estar en entredicho por primera vez en 20 años. 

El ministro del Interior, Armando Benedetti, no ha ocultado su deseo de aspirar al primer cargo de su ciudad natal y con el apoyo de Cepeda se constituiría en un rival de mucho cuidado. Por eso el discurso del alcalde contra Petro ha escalado en los últimos meses, con el tema de la seguridad como bandera, derivando en un cruce de agresiones que los deja mal parados a los dos, y a Barranquilla en el medio deshojando la margarita.

Pocas veces los periodistas encargados de cubrir las noticias del Distrito habían visto al alcalde Char salirse de la ropa. Aunque es sabido que en privado puede llevar a sus subalternos al límite con su temperamento explosivo, en público muestra, por lo general, otra cara: amable, amiguero, bullicioso, dispuesto a escuchar los pedidos y quejas de la gente, y con un comentario jocoso o una noticia de última hora del Junior siempre en la boca. Pero el 10 de abril pasado, durante un recorrido por el barrio Bellarena, sur de Barranquilla, su semblante era otro.

“Esto es lo que nos ha traído la ‘Paz Total’, todo el barrio extorsionado; a los únicos que cuidan es a los bandidos. Y la gente de bien tiene que gastarse la plata en rejas. Como si estuvieran en una cárcel”, dijo tras recibir denuncias de familias afectadas por este flagelo.

Para Char, el programa de Petro ha favorecido el desarrollo de las estructuras delincuenciales, y barrios como Bellarena son un símbolo de la debacle económica por el cierre de cientos de locales comerciales por toda Barranquilla. “Me dicen que a duras penas queda una tienda abierta. Las demás, todas, han cerrado”, agregó.

Como era de esperarse, Petro no se quedó callado y ripostó cinco días después con un extenso mensaje en la red social X. Hizo un balance histórico de la violencia en la capital atlanticense y responsabilizó a Char de abonar la semilla de la delincuencia con políticas que, en opinión del jefe de Estado, profundizan la desigualdad.

El señor Char miente, las bandas delincuenciales que se extienden en el Caribe son hijas del paramilitarismo y la desigualdad social en las ciudades.

Una parte de la política mafiosa en el Caribe colombiano afiliada a la extrema derecha, cuando el pueblo caribeño es liberal y…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 15, 2026

Fue el más reciente round de una pelea por dominar el discurso de la seguridad que había comenzado el 21 de mayo de 2025, cuando Petro, desde el Paseo Bolívar, a pocos metros del edificio de la Alcaldía, dio a conocer el comienzo de un proceso de diálogo con los jefes de las bandas criminales de Barranquilla para reducir la tasa de homicidios y extorsiones, sin informar de ello a las autoridades locales, que fueron las primeras sorprendidas con el anuncio. 

Después, el Gobierno Nacional decidió, de manera unilateral, en enero de 2026, trasladar a cárceles de la capital atlanticense a los jefes de las organizaciones más peligrosas, ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’. 

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, cabecillas de estas estructuras, habían sido amigos entrañables durante su ascenso en el mundo del hampa, pero su relación derivó en una guerra fratricida por el control de las rentas del microtráfico y la extorsión. 

Recluidos en prisiones de máxima seguridad, lejos de Barranquilla, volvieron a darse la mano a principios de octubre de 2025 en la cárcel La Picota, de Bogotá, y, a instancias del Gobierno Nacional, acordaron una tregua para frenar la ola de homicidios y reducir el cobro de extorsiones, lo que fue celebrado en Palacio como un triunfo de la política de ‘Paz Total’. 

El incentivo para sentarlos a negociar el sometimiento de sus grupos delincuenciales era trasladarlos a Barranquilla para estar cerca de sus familias, pero la decisión generó el rechazo inmediato del alcalde y de las llamadas ‘fuerzas vivas’ de la ciudad.

¡Increíble el actuar del Gobierno nacional!

En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a…

— Alejandro Char (@AlejandroChar) January 12, 2026

“Llama la atención que el Gobierno decida establecer esta mesa en la recta final de su mandato y en un año electoral, sumado a que no cuenta con un marco jurídico claro”, dijo en su momento el profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, experto en temas de violencia y conflicto armado en Colombia. 

Finalmente, el comisionado de paz, Otty Patiño, canceló el traslado por razones “logísticas” no explicadas a fondo.

El 29 de diciembre de 2023, durante su posesión en Rebolo, el alcalde Alejandro Char afirmó que mejorar la seguridad sería una de las banderas de su tercer mandato y que había contratado a “un Chará y un Cantillo” para enfrentar a los delincuentes, en alusión a los refuerzos estelares de Junior para 2024.

Se refería a los generales en retiro Julio González y Mariano Botero Coy, quienes integran la “delantera goleadora” contra el crimen organizado —en palabras del alcalde—, junto a Yesid Turbay, reconocido alfil charista, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito.

A pesar de estos nombramientos, dados a conocer con categoría de refuerzos rimbombantes para la Administración distrital, Barranquilla es el epicentro de la extorsión en el Caribe colombiano, y a nivel nacional ocupa un alarmante segundo lugar por debajo de Bogotá, según el teniente coronel Andrés Agudelo, comandante del Gaula militar, con el agravante de que las cifras que manejan las autoridades no corresponden a la realidad. “Muchos ciudadanos todavía prefieren pagar a los extorsionistas por miedo, lo que dificulta nuestras labores”, recalcó el oficial en entrevista con el portal Zonacero.

Este delito es la gasolina que pone a andar la maquinaria de las bandas criminales con el cobro de ‘vacunas’ a comerciantes, transportadores, vendedores estacionarios y hasta prostitutas. Es, también, el termómetro de la violencia en las calles: no existen cifras oficiales para el miedo, pero se ve reflejado en el cierre de negocios por toda Barranquilla y su área metropolitana, y en la negativa de los ciudadanos a sentarse en las terrazas por temor a extorsionistas y atracadores.

“La extorsión dejó de ser un delito periférico para convertirse en una forma de gobierno criminal. No solo saca dinero, este tipo de renta, impone obediencias, regula rutinas y reordena el uso del espacio urbano. Cuando una ciudad empieza a vivir así, el problema ya no es únicamente policial, es político, social y moral”, explicó Alejandro Blanco Zúñiga, doctor en Ciencia Política, en un artículo para El Espectador.

En la encuesta de percepción ciudadana Barranquilla Cómo Vamos 2025, cuyos resultados fueron publicados en marzo pasado, el 41,8% de los encuestados identificó la extorsión como el problema de seguridad más relevante en sus barrios, cuatro de cada 10 barranquilleros. 

“Para el año 2025 incluimos la extorsión de manera explícita en la lista que les presentamos a los ciudadanos sobre los delitos más graves en su barrio. Ahí también aparecen atracos callejeros, robo de autopartes, entre otros. El resultado que nos dio es que casi el 42% de los barranquilleros considera que la extorsión es el peor”, explicó Lucía Avendaño, entonces directora de Barranquilla Cómo Vamos al publicarse la encuesta.

Al terminar abril de 2026, el registro de muertes violentas en Atlántico llegó a los 104 casos (54 en Barranquilla, seguida por Soledad, con 15; Malambo, 10; Galapa, cinco, y Puerto Colombia, un caso), de acuerdo con un informe de El Heraldo que revela un aumento de 10 de estos hechos respecto al mismo mes en 2025, cuando la cifra fue de 94. 

“El balance de los primeros cuatro meses del año ascendió a 394 muertes violentas, lo que representó un incremento de 116 casos frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 278”, precisa el diario barranquillero. 

Las cifras del área metropolitana han adquirido mayor relevancia desde que el alcalde Alejandro Char tomó el control de los dineros de la sobretasa de seguridad, cobrada por el Departamento como parte de un acuerdo con tintes políticos con el gobernador del Atlántico. 

Son $78.000 millones anuales, cedidos como un compromiso de campaña que garantizó la victoria de Verano luego de sellar su alianza con Char. 

En una Asamblea Departamental alineada con el gobernador Verano y con el charismo en general —como fuerza dominante en el Atlántico—, una de las pocas voces críticas ha sido la de la diputada liberal Isabella Pulgar Mota. 

Cuestionada por ser la hija del condenado exsenador Eduardo Pulgar, uno de los símbolos de la corrupción y las prácticas clientelistas en la región Caribe, ella ha sabido ganarse un espacio propio con denuncias que han puesto el dedo en la llaga de la administración Verano. La más contundente de todas contra la decisión de entregar el manejo de los dineros de la sobretasa de seguridad. 

Y la verdad es que razón sí tiene.

La plata de la tasa de seguridad que pagan TODOS LOS ATLANTICENSES se quedó Barranquilla, ya que el gobernador @veranodelarosa se la quitó al resto del departamento.

¿Qué dirá el gobernador del trino del alcalde? https://t.co/0BXJ72mANr

— Isabella Pulgar (@Isabella_pulgar) May 13, 2026

Construir, entregar obras, inaugurar con bombo y platillos, ha sido el estilo de las administraciones charistas desde 2008, y en las inversiones de seguridad no ha sido la excepción. Con los recursos de la sobretasa, cobrada en el recibo de la energía, la Alcaldía construye este año cuatro grandes estaciones de Policía en distintas latitudes de Barranquilla, entre las que sobresale la del Malecón de Rebolo. Las otras tres están ubicadas en El Bosque, Caribe Verde y Riomar.

Y justo la tasa de seguridad le dio al alcalde Alejandro Char el combustible necesario para echarle, una vez más, una pulla al presidente Gustavo Petro. 

Poco dado a salir de Barranquilla para evitar las preguntas incómodas de la prensa, Char asistió en marzo pasado a la Asamblea de Ciudades Capitales, en Medellín, donde denunció la falta de recursos, articulación y acompañamiento desde el Gobierno Nacional para combatir el avance de las bandas criminales en los grandes centros urbanos.

“Las ciudades estamos asfixiadas con la extorsión, el atraco, las bandas criminales que se insertaron en los barrios. La Policía Nacional no tiene una moto, no tiene un radio, no tiene una cámara. Si no fuera por los presupuestos del Atlántico y de Barranquilla, no tendrían cómo moverse, ni siquiera tienen gasolina”, afirmó Char frente a otros alcaldes, delegados del Gobierno, organismos internacionales y el sector privado.

Y aprovechó para hacer un guiño a la posibilidad de cambiar la estrategia contra el crimen organizado a partir de la salida de Petro. “Qué fácil sería para ese presidente o presidenta acompañar a ese alcalde o gobernador en las cosas que están pasando en el día a día. Colombia sería diferente”.

Con la polarización al límite y el país en ebullición, el 31 de mayo los barranquilleros saldrán a votar no solo para elegir un nuevo presidente, también decidirán el modelo de gestión que primará los próximos cuatro años en materia de seguridad, y la continuidad misma de la casa Char al frente de la ciudad, que ha empezado a perder terreno con el Pacto Histórico y fuerzas emergentes como los clanes de Eduardo Pulgar y los Torres. 

Las urnas darán su veredicto: Abelardo… Paloma… Cepeda. Paloma… Cepeda… Abelardo.