La exreina Jeymmy Paola Vargas es señalada de presentar documentación falsa para firmar un contrato público. /Foto: Fotocomposición propia.
El contrato del IPCC bajo lupa: imputada Jeymmy Vargas por presunto título falso
La exreina, actriz y modelo fue imputada por dos delitos, entre ellos falsedad en documento privado, que no aceptó.
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Por los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente, la Fiscalía imputó este 30 de abril en Cartagena a Jeymmy Paola Vargas Gómez, actriz, exreina y contratista del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).
A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que imputó a Vargas por su presunta responsabilidad en “la presentación de documentación falsa para la suscripción de un contrato” con el IPCC.
Vargas no aceptó los cargos.
Según la Fiscalía, la contratista publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – Secop II (plataforma para la celebración de contratos públicos en Colombia) “un título espurio que la acreditaba como técnica laboral en actuación y teatro”, expedido por un instituto de Bucaramanga.
Con esa certificación —continuó la Fiscalía—, Vargas cumplió los requisitos establecidos por el IPCC para acceder a mejores honorarios como contratista con formación técnica, por lo que se apropió “indebidamente de $8.647.500, según el falso nivel de titulación”.
La investigación que hoy afronta Vargas tiene origen en una denuncia penal presentada por el ingeniero cartagenero Álvaro González, veedor de contratos del gobierno de Dumek Turbay.
El origen de la investigación
La audiencia de imputación, a la que la prensa no tuvo acceso porque fue reservada, se originó tras una denuncia que González presentó ante la Fiscalía en octubre del año pasado.
Allí mencionó a la entonces directora del IPCC Lucy Espinosa Díaz y a sus asesores Néstor Vásquez Santamaría y Walter Navarro Rangel, así como a Vargas, en condición de contratista.
González le pidió a la Fiscalía investigar la posible comisión de los delitos de falsedad material en documento público, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción y omisión.
Su denuncia se originó por un contrato de $55.000.000 que Vargas firmó en 2025 para apoyar la promoción de actividades culturales y patrimoniales del IPCC.
El contrato inició el 21 de marzo de 2025 y, según González, hay al menos dos hechos irregulares en ese proceso.
El primero de ellos es que Vargas presentó un documento titulado “Acta de Certificación 02”, supuestamente expedido por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, IMCT, que la acreditaba como “Técnico Laboral en Actuación y Teatro”.
Sin embargo, tras una petición de información enviada por González, esa entidad respondió que no encontró registros de matrícula, aprobación o certificación a nombre de Vargas en sus archivos.
Y el segundo hecho cuestionado por González es que los honorarios quedaron por encima de los topes fijados por el Distrito para contratistas con título de bachiller, pues no debió recibir $5.000.000 mensuales sino hasta $3.558.750 mensuales, a valores de 2025.
Los $8.647.500 cuestionados
Vargas no recibió los $55.000.000 que inicialmente pactó con el IPCC porque el contrato terminó de manera anticipada el 28 de julio de 2025.
Las razones de la terminación no fueron publicadas, pero la entidad señaló que no hubo incumplimientos de la contratista ni procesos sancionatorios en su contra.
En el acta de terminación se registró un “valor ejecutado” de $25.000.000 y un saldo a favor de $5.000.000, correspondientes a servicios prestados en julio de ese año.
En total, el IPCC le reconoció a Vargas $30.000.000.
A partir de esos valores, la Fiscalía señala que Vargas recibió $8.647.500 más de lo que establecen los topes vigentes del Distrito para contratos de prestación de servicios para bachilleres.
Esos topes están definidos en la Resolución 6000 de 2020, que establece los rangos de honorarios para los contratistas en Cartagena según su formación y experiencia.
En el caso de Vargas, el rango aplicable —bachiller— oscilaba entre $2.419.950 y $3.558.750 mensuales a valores de 2025.
Además, los documentos del contrato de Vargas presentan una inconsistencia en el saldo final: el acta de terminación y un aclaratorio señalan que quedaron sin ejecutarse $20.000.000.
Pero, si el contrato se firmó por $55.000.000 y la entidad le reconoció $30.000.000 a Vargas, el saldo por liberar debería ser de $25.000.000. Hay, por tanto, $5.000.000 sin sustento claro en los documentos publicados por el IPCC.
Consultado por La Contratopedia Caribe, el IPCC respondió que la diferencia de $5.000.000 quedó subsanada en un documento que publicó el pasado 15 de abril en el Secop, con el título “Aclaratorio 01”.
Esa publicación, sin embargo, mantiene la misma cifra consignada en el acta de terminación, es decir, $20.000.000 en lugar de $25.000.000.