Los concejales Pedro Aponte y Gloria Estrada están en escenarios opuestos en una investigación penal: él como señalado victimario; ella, como víctima. /Foto: Fotocomposición propia.
El complot contra Gloria Estrada por el que la Fiscalía imputó a Pedro Aponte
Cuatro años después de la captura de la concejal liberal por supuesto tráfico de drogas, la Fiscalía imputó a cuatro personas por el montaje que, según el expediente, buscó perjudicarla por una retaliación política.
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Al concejal de Cartagena Pedro Aponte (Cambio Radical), la Fiscalía lo señala de haber participado en un complot criminal para perjudicar a otra cabildante: la liberal Gloria Estrada. En 2022, Estrada fue capturada con un kilo de clorhidrato de cocaína que le fue sembrado en el vehículo en el que se movilizaba junto a otras dos personas.
Este 23 de abril, en Cartagena, se celebró la audiencia de imputación de cargos contra Aponte y tres personas más por ese operativo, que terminó con las capturas de Estrada, de su pareja, Martín Barreto, y de Avelino Villamizar, mánager de artistas y excandidato liberal a la JAL de la localidad Histórica y del Caribe Norte.
Aunque la audiencia de imputación fue reservada y los medios de comunicación no tuvieron acceso a la diligencia, La Contratopedia Caribe obtuvo detalles de lo dicho por la Fiscalía.
La imputación contra Aponte y otros tres procesados
Además del concejal Aponte, la Fiscalía imputó al exalcalde local Andy Reales, al expatrullero Alexander Salas y al abogado Mauro Martínez como presuntos responsables de un complot contra Estrada.
Les imputó cinco delitos:
- Tráfico de estupefacientes.
- Cohecho.
- Privación ilícita de la libertad.
- Falsedad en documento público.
- Y fraude procesal.
Este último delito les fue imputado porque, según la Fiscalía, habrían inducido en error a los jueces que ordenaron la medida de aseguramiento contra Estrada, Barreto y Villamizar.
Ninguno de los cuatro imputados aceptó los cargos.
En el expediente también aparece otro nombre señalado por la defensa de Estrada: el exconcejal Luis Cassiani (Cambio Radical). Sin embargo, la Fiscalía no le imputó cargos en esta audiencia porque su caso sigue en etapa de indagación. Por ahora, su calidad procesal es la de indiciado.
Retaliación política, la hipótesis de la Fiscalía
El caso contra Gloria Estrada, según la Fiscalía, tuvo su origen en una retaliación política por una decisión administrativa tomada a finales de 2021.
El 30 de diciembre de ese año, la Contraloría Distrital le pidió al entonces alcalde William Dau suspender al alcalde menor de la localidad 2, Andy Reales. Dau hizo efectiva la suspensión ese mismo día.
La solicitud la hizo el entonces contralor Rafael Castillo Fortich, quien consideró necesaria la remoción temporal de Reales para evitar que interfiriera en una investigación por un posible detrimento patrimonial de $6.785 millones, relacionado con un contrato de aguas residuales en Tierrabaja y Puerto Rey.
Gloria Estrada tenía vasos comunicantes con Castillo y había votado por él para que fuera elegido contralor encargado. Por eso, según la hipótesis de la Fiscalía, Pedro Aponte y Andy Reales atribuyeron la actuación de la Contraloría a una supuesta orden de Estrada. A partir de ahí, según el ente investigador, se activó el plan contra ella.
La Fiscalía cree que, entre el 30 de diciembre de 2021 y el 14 de enero de 2022, Aponte y Reales ofrecieron y entregaron $36.000.000 al entonces patrullero Alexander Salas Mercado para comprar un kilo de cocaína y sembrarlo en el vehículo en el que se movilizaban Estrada y su pareja.
El operativo ocurrió el 14 de enero de 2022 y ambos fueron capturados.
Para la Fiscalía, esa captura fue facilitada por el abogado Mauro Martínez, a quien señala de haber informado en tiempo real la ubicación, identificación y destino del vehículo en el que se movilizaba Estrada.
Las pruebas que llevaron a liberar a Estrada
El 18 de mayo de 2022, cuatro meses después de haber sido capturada y de permanecer con detención domiciliaria, la concejal Gloria Estrada recuperó su libertad.
El juez 11 Penal Municipal, Guido Guevara, revocó las medidas de aseguramiento contra ella, su pareja, Martín Barreto, y Avelino Villamizar, luego de que la defensa entregó evidencias sobre un complot en su contra.
Los testimonios de tres miembros de la Policía fueron las pruebas más sólidas. En uno de ellos se escucha al entonces capitán Iván Darío Cadena relatar cómo fue abordado por el entonces edil y hoy concejal Pedro Aponte para que lo ayudara a identificar a “dos pelaos en la Sijin que sean firmes” para un montaje.
“Hay $40.000.000. Hay 40 tablas para ponerle en el carro una pistola y una vaina de coca”, le dijo Cadena a Barreto, pareja de Estrada.
Barreto grabó la conversación mientras estuvo en detención domiciliaria. Después fue trasladado a la Cárcel de Ternera.
El capitán Cadena, cuya cercanía con Aponte comenzó por el robo de un reloj Rolex, le recomendó no involucrar a la Sijin porque sus miembros no pueden detener un vehículo y requisarlo si no tienen motivos sólidos. “No se van a quemar por un kilo de cocaína”, dijo.
A Cadena también se le escucha decir que averiguaría con quiénes podía materializarse el complot. “No lo hice. A los dos días [Aponte] me dijo: ‘Ya no te preocupes, que ya conseguimos a unos chinos (…)’. Yo le pregunté que a quién consiguieron y me dijo que el mayor Bueno aceptó”.
El mayor Bueno —explicó la defensa en aquel momento— era el mayor de la Policía de Cartagena Gustavo Bueno Aguilar, encargado del Distrito 1 de esta capital. Él fue señalado de conseguir a los dos uniformados que, según esa versión, harían la requisa de la camioneta de Estrada para que se produjera su captura.
La defensa también leyó los testimonios de los patrulleros Sergio Martínez y Miguel Navarro, quienes detallaron cómo fueron abordados por un compañero suyo, el patrullero Alexander Salas, para sembrar droga en la camioneta de la concejal y sus acompañantes.
Esos patrulleros dijeron que les ofrecieron hasta $15.000.000 a cada uno por participar en esa irregularidad y señalaron al alcalde menor de la localidad 2, Andy Reales.
Cuatro años después, tras la imputación de la Fiscalía, el caso pasa ante un juez de conocimiento, quien deberá analizar las pruebas del ente acusador y de las defensas de los imputados para decidir si son responsables o no.
Mientras tanto, Gloria Estrada y Pedro Aponte seguirán sentados en el mismo Concejo: ella como víctima del montaje que la llevó a la cárcel y él como uno de los señalados por la Fiscalía de haber participado en el plan para perjudicarla.