
La empresa que propone la administración Turbay se dedicaría, principalmente, a construir y mantener la infraestrucrtura pública del Distrito. /Foto: Antonio Canchila García.
Cuatro dudas sobre la Elop que propone Turbay y sus similitudes con una megacontratista de la era Char
Las facultades que el alcalde Turbay le solicitó al Concejo para crear una empresa de economía mixta en Cartagena generan más dudas que certezas y recuerdan el modelo de ejecución de recursos de la vecina Barranquilla.
Por:
Súmate a Mi Lupa, el programa de membresías con el que La Contratopedia Caribe busca el apoyo ciudadano para seguirle el rastro a la contratación pública. Con tu aporte ayudas a un medio de comunicación regional, que desde 2019 le pone rostro a la plata pública en Bolívar, Cartagena, Barranquilla y Atlántico. Gracias por respaldar este proyecto. Aporta aquí. |
La propuesta del alcalde Dumek Turbay de crear una Empresa Logística de Obras Públicas de Cartagena (Elop), que empezó a discutirse en el Concejo recientemente, genera dudas entre varios sectores porque podría terminar siendo usada para flexibilizar las reglas de la contratación pública, como sucede con la polémica Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe).
La Elop propuesta por Turbay está pensada, según el proyecto, como una “sociedad pública” que se dedicaría a realizar obras de infraestructura distrital, rehabilitar y mantener el corredor de carga, atender el sistema de drenajes pluviales, embellecer espacios públicos e implementar soluciones de movilidad sostenible.
A diferencia de Edurbe, la Elop podrá “vincular como socios” a entidades públicas, a empresas privadas e incluso a personas naturales y pasar de ser sociedad pública a convertirse en una de economía mixta, se lee en el proyecto de acuerdo.
Es esa característica la que asemeja la Elop de Turbay a empresas mixtas como la de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe SA (Edubar), que con la llegada de la casa Char a la Alcaldía de esa capital se ha convertido en pieza clave de su modelo de contratación para ejecutar recursos bajo el régimen especial.
La propuesta de creación de esta nueva empresa trae de vuelta el fantasma de la liquidación de Edurbe, asunto que el alcalde Turbay no descarta, pero del que aún no hay detalles. “Salvo un plan de salvamento, no tendría otra opción a esa. En noviembre tomaremos una decisión”, le dijo Turbay a La Contratopedia Caribe.
Las dudas iniciales por el objeto de la Elop
En la audiencia pública de dos horas, que celebró el Concejo el pasado martes 22 de octubre, salieron a flote las dudas que entre gremios y organizaciones de la sociedad civil genera la nueva Empresa Logística de Obras Públicas del Distrito.
Una de las principales dudas está en la diversidad de funciones propuesta con un objeto social tan amplio que la convierte en una ‘de todito’.
Dentro de sus principales tareas estará la gestión, planificación, construcción, mantenimiento y modernización de la infraestructura urbana. Es decir, sería la encargada de mantener en buen estado las vías, parques, plazas, escenarios deportivos, colegios oficiales y demás espacios que integran la infraestructura pública distrital.
También será responsable de la rehabilitación y mantenimiento del Corredor de Carga, la vía de acceso rápido a la zona industrial y portuaria de Cartagena, que hasta hace un año administraba la Concesión Vial Cartagena SAS, con cuatro peajes ubicados en los 27 kilómetros de vía que el Distrito le concesionó en 1998.
Además, la Elop tendrá dentro de sus deberes mejorar el sistema de drenajes pluviales, un megaproyecto que los cartageneros llevan décadas esperando; la implementación de tecnologías verdes, “como la iluminación pública solar y la infraestructura resiliente al clima”; y ejecutar “actividades de apoyo logístico y abastecimiento de bienes y servicios para atender las necesidades de entidades públicas y privadas”.
Y, por si fuera poco, el artículo quinto del proyecto de acuerdo señala que la Elop podrá desarrollar “las demás actividades que determinen los estatutos”. Si el Concejo aprueba el objeto social tal como está, dará carta blanca para que en sus posteriores estatutos tenga aún más actividades.
Uno de los críticos de ese amplio objeto social propuesto para la Elop es el director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros, quien señaló que la empresa puede terminar “abarcando asuntos más allá de las acciones indicadas”.
“En un futuro, la empresa podría concentrar buena parte de la contratación pública del Distrito”, dijo Oliveros.
La Fundación Cívica Pro Cartagena (Funcicar) también alertó un cruce de funciones con Edurbe, porque ambas empresas podrían gerenciar y contratar proyectos de infraestructura.
“Esto podría generar una competencia cruzada y afectaría principalmente a Edurbe, dado que en los últimos años ha tenido amenaza de liquidación por crisis financiera”, se lee de una carta de comentarios y recomendaciones de esa organización, leída por el Secretario del Concejo durante la audiencia pública.
La tercera duda que genera desde ya la Elop tiene que ver con las funciones de la Secretaría de Infraestructura. Esa inquietud se la trasladó el concejal Javier Julio Bejarano, curul que ocupa por el Estatuto de Oposición, al secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte, durante la audiencia.
“¿Qué haría la Elop que no pueden hacer hoy Edurbe o la propia Secretaría de Infraestructura?”, preguntó Bejarano.
El funcionario respondió que parte de la necesidad de crear esa empresa está en el tiempo, pues muchas veces la infraestructura pública se deteriora más rápido que lo que le toma al Distrito armar y convocar una licitación pública para ejecutar obras de mantenimiento.
Y una cuarta duda inicial es la posibilidad de que la Elop se convierta en una empresa de economía mixta, como lo propone el Distrito en el artículo tercero del proyecto de acuerdo.
El parágrafo de ese artículo detalla que de concretarse la participación de particulares, la Elop “quedará organizada como sociedad de economía mixta, en cuyo caso las acciones en cabeza de la Alcaldía Mayor de Cartagena no podrán tener una proporción inferior al 51% del capital social”.
Es decir, en el 49% restante podrán participar empresas públicas, sociedades privadas y todas las personas interesadas en comprar acciones.
“Aquí no sabemos cuáles serán las fuentes de financiación de esta empresa, ni cuál va a ser el valor de las acciones, ni cuál será el criterio para escoger a los socios en un proceso que será posterior a la creación de la empresa”, increpó el concejal del Partido Verde, Carlos Raad, también durante la audiencia.
Con la posible venta de acciones de la Elop, la propuesta de Turbay busca emular a empresas mixtas como Edubar, de la vecina Barranquilla, que ha sido piedra angular del modelo de contratación charista durante los últimos 15 años.
Las similitudes con la megacontratista charista
La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe (Edubar) nació en 1990 como una empresa distrital de economía mixta. En 2004 amplió su objeto social y su foco de acción a todo el Caribe, para ejecutar contratos por fuera de la capital del Atlántico.
Al igual que la propuesta Elop, Edubar también está facultada para construir y mantener infraestructura pública y manejar el sistema de caños de la capital del Atlántico, entre otras funciones.
Si se aprueba, la nueva empresa cartagenera también se parecerá a Edubar en su composición accionaria. Especialmente, por la posibilidad de emitir acciones para que ingrese capital privado.
Además de la participación pública mayoritaria (el 74% lo componen la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y otras entidades que la empresa no revela en su sitio web), el 26% está en manos de privados, entre ellos la Sociedad Portuaria Río Grande SA.
La Silla Vacía reveló que la Sociedad Portuaria Río Grande SA forma parte del Grupo Empresarial Puerto de Barranquilla, que tiene entre sus accionistas a Supertiendas y Droguerías Olímpicas SA y Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales SA, ambas empresas de la familia Char.
Es decir, administraciones charistas han terminado favoreciendo con recursos públicos a una empresa que tiene entre sus accionistas a empresas de la familia Char.
Y es que aunque tiene más de tres décadas de creación, Edubar vive una buena hora desde la llegada de los Char al poder hace 16 años, porque ese grupo político la ha escogido para firmar millonarios convenios interadministrativos.
Por ejemplo, en su segunda administración (2016 – 2019) Alejandro Char suscribió 39 convenios con Edubar, por $419.000 millones, contó La Silla Vacía.
Ese modelo se replicó en la Gobernación del Atlántico, con la llegada de la charista Elsa Noguera. Entre 2020 y el primer trimestre de 2022, Noguera firmó con Edubar nueve contratos interadministrativos, por $508.751 millones, para gerenciar la construcción e interventoría de distintos proyectos en todo el Atlántico.
Empresas como Edubar tienen cada vez más detractores porque, al regirse por un régimen especial de contratación pública, terminan siendo ‘contrataderos’ que favorecen la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
El año pasado, la Procuraduría les pidió cuentas a 19 de esas empresas por la ejecución de $3,3 billones y le pidió al Gobierno Nacional presentar “un proyecto de ley que reglamente la contratación entre entidades públicas”.
Lo que buscaba establecer el Ministerio Público era si esas empresas tenían la “experiencia e idoneidad” para ejecutar los convenios que firmaron con distintas entidades estatales.
También quería indagar si al ejecutar los recursos públicos “adelantaron procesos de contratación con normas de derecho privado, seleccionando proveedores por medio de procedimientos de competencia restringida e incluso contrataciones directas”.
Si el Concejo le da luz verde a la Elop, como Turbay espera, su administración no se estrenaría en la firma de convenios directos para ejecutar millonarios recursos, pues entre enero y agosto pasado ya firmó nueve convenios con Edurbe por $49.118 millones.
Para ejecutarlos, esa entidad subcontrata con empresas privadas seleccionadas, mayoritariamente, a dedo.
De hecho, Edurbe le adjudicó uno de esos contratos de forma directa a una empresa propiedad de Dulis Garrido Raad, exsecretario y amigo cercano del alcalde Turbay.
Está por verse si las mayorías que tiene la administración distrital en el Concejo serán suficientes para que la creación de la nueva empresa tenga luz verde. Las diversas voces de la sociedad civil que, desde ya, plantean sus dudas evidencian que no tiene un camino tan despejado.