El anuncio de liquidación de la empresa Air-e se ha convertido, recientemente, en un nuevo frente de disputa entre el Gobierno Nacional y la casa Char de Barranquilla. /Foto: La Contratopedia Caribe, con apoyo de IA, a partir de imágenes de archivo.
Crisis de Air-e y demolición del puente, dos ‘chicharrones’ para el nuevo presidente
Barranquilla espera que el futuro inquilino del Palacio de Nariño impulse la modernización del aeropuerto y la conectividad vial de la región.
Por:
| ‘Agenda presidencial Caribe’, una serie de análisis enfocados en las prioridades que Bolívar y Atlántico proyectan posicionar en su relación con el próximo Gobierno Nacional. Lea las demás entregas, aquí. |
La pelea por conquistar electoralmente a Barranquilla ha marcado la actual contienda presidencial. A pesar de la buena calificación de los sucesivos gobiernos de la casa Char desde 2008, la capital atlanticense ha terminado por convertirse en un bastión de la izquierda en la última década, con votaciones significativas para Gustavo Petro en 2018 y 2022 y para Iván Cepeda en 2026 (el senador del Pacto Histórico venció en esta ciudad por una diferencia mínima en la primera vuelta, el 31 de mayo); sin embargo, también podría ganar la categoría de sede alterna del Palacio de Nariño si el candidato de ultraderecha y apoyado por los Char, el abogado Abelardo De La Espriella, obtiene la mayoría en las urnas este 21 de junio.
Aunque la ley colombiana prohíbe a gobernantes y funcionarios participar en política, las calles de Barranquilla están llenas de avisos que promueven la candidatura de De La Espriella con la frase “a otro nivel”, la misma que utilizó el alcalde Char para divulgar su programa de gobierno en su tercer mandato (2024-2027). Una prueba más del interés por asociar el liderazgo y la experiencia del mandatario local con el carácter frentero que llevó al penalista a ganar la primera vuelta en Colombia (aunque perdió en Barranquilla y los ocho departamentos del Caribe) y lo tiene a punto de sentarse en el solio de Bolívar.
La casa Char busca restablecer la línea directa con el Palacio de Nariño, que perdió los últimos años con Petro como presidente, para recibir apoyo ahora que su modelo de gestión da señales de desgaste y falta de liderazgo emergente.
Un horizonte lleno de obstáculos en el que De La Espriella surge como una tabla de salvación para el poderoso clan regional, que necesita que varios proyectos de ciudad reciban financiación nacional. Entre ellos, la culminación del aeropuerto Ernesto Cortissoz, el mantenimiento del canal de acceso al puerto de Barranquilla, la demolición del viejo puente Pumarejo y la estabilidad del servicio de energía eléctrica.
Todos son proyectos urgentes para que Barranquilla no pierda competitividad.
El apagón, un 'fantasma' cada día más real
Parece inminente. Así lo han advertido los especialistas en el tema energético: la Costa Caribe tendrá que padecer racionamientos por la crudeza del Fenómeno del Niño, el más intenso y prolongado de los últimos años, y la debilidad del sistema eléctrico regional operado por las comercializadoras Air-e y Afinia.
Intervenida por la Superservicios en septiembre de 2024, la empresa Air-e, que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, es un barril sin fondo para el Gobierno Nacional, que ha decidido liquidarla. El presidente Petro anunció la medida en su cuenta de X este 13 de junio con un ataque frontal a la familia Char por su supuesta responsabilidad en la venta de los activos de Electricaribe al empresario antioqueño Alberto Ríos Velilla, dueño de Air-e, durante el gobierno de Iván Duque.
Una y otra vez ésta propuesta de socialización nacional de pérdidas de energía en el Caribe ha sido bloqueada en el congreso por los propios congresistas caribeños organizados tras la familia Char y su banco, como por la justicia constitucional en el la emergencia económica.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 13, 2026
Sin embargo, los expertos afirman que con El Niño respirando en la nuca es el peor momento para optar por esta alternativa y que sería una irresponsabilidad del presidente emprender este proceso a menos de dos meses de terminar su periodo, por lo que lo conveniente es dejar el destino de una compañía que atiende a 1,2 millones de clientes en los tres departamentos en manos del futuro inquilino de la Casa de Nariño.
Aunque la tarifa cobrada al usuario se redujo durante el gobierno de Petro, la crisis de liquidez hace inviable el funcionamiento de la empresa. La deuda con las transmisoras y generadoras no ha bajado desde la intervención de Superservicios, sino lo contrario, ascendió a más de dos billones de pesos y pone en riesgo todo el sistema eléctrico nacional.
Para el candidato De La Espriella, “las electrificadoras fueron carcomidas por la politiquería” y ninguno de los modelos implementados en los últimos años ha dado resultado. “El problema tiene raíces estructurales y requiere una intervención técnica profunda que incluya modernización de redes, revisión integral de tarifas y una reorganización completa del sistema energético”, dice el abogado en un artículo publicado en la página web de su movimiento político, Defensores de la patria.
Sin embargo, luego de la primera vuelta presidencial, el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila aseguró que la propuesta de Abelardo De La Espriella de eliminar 136 entidades públicas, entre ellas las prestadoras del servicio de energía, encarecería la factura entre un 25% y un 50 % ya que pasaría a ser operado por privados, con lo que también se perdería la soberanía energética del Estado.
La propuesta de Cepeda es continuar con el modelo actual, consistente en acelerar la transición energética —ya han sido instalados paneles solares en distintos barrios de Barranquilla, por ejemplo—, al tiempo que las generadoras son obligadas a venderle energía a Air-e para evitar un apagón. Antes del anuncio de la liquidación, el Gobierno preparaba una resolución para el cobro de una sobretasa en apoyo a Air-e, que recaudaría $235.000 millones. En resumen, ocho pesos por kilovatio/hora para los usuarios de los estratos cuatro, cinco y seis en todo el país.
“De llegar Cepeda se profundizaría la crisis en que está sumido este sector, porque, como bien dijo en su momento Albert Einstein, uno no puede pretender llegar a resultados diferentes haciendo lo mismo”, afirmó en entrevista con la revista Semana el exministro de Minas Amilkar Acosta, uno de los mayores conocedores del problema energético en Colombia.
¿El Cortissoz levantará vuelo?
El aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz es tanto fuente de polémica como un trofeo de guerra. La Aerocivil, por disposición del Gobierno Nacional, asumió su control y manejo en septiembre de 2024, con la promesa de invertir $150.000 millones en obras identificadas como de alto impacto para el confort del usuario y la mejora de las condiciones de operación y prestación del servicio de transporte aéreo para Barranquilla.
Terminaba así la historia de dos concesiones fracasadas, Sociedad Aeropuertos del Caribe (Acsa) y Grupo Aeroportuario del Caribe, que no lograron cumplir con los objetivos planteados en sus contratos y se fueron en medio de polémicas y cuestionamientos por la deficiente remodelación del terminal aéreo emprendida por fases hace más de 10 años.
En medio de la campaña electoral, el gobierno anunció que estará al frente de la “megarreconstrucción” del Cortissoz debido a las fallas estructurales, operativas y administrativas reseñadas por la Procuraduría. El propio presidente Petro vino el 29 de mayo, dos días antes de la primera vuelta, a entregar la zona de llegadas nacionales del aeropuerto, en lo que fue visto como un acto con fines electorales para favorecer a su candidato, el senador Iván Cepeda.
La nueva infraestructura cuenta con tres bandas transportadoras de equipaje, sistemas de climatización, ascensor con capacidad para 16 personas, escalera eléctrica, pantallas informativas y una red de protección contra incendios. Pero el acto, con la presencia del jefe del Estado, no fue solamente una inauguración, sino la oportunidad de criticar duramente a los antiguos contratistas y relacionarlos con la corrupción en la Costa y los clanes políticos, como la casa Char o el exsenador liberal Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de Abelardo De La Espriella.
La clase política corrupta del Atlántico y el área metropolitana de Barranquilla, durante 10 años, en la época de los Char y los Gerlein y los Efraín y Lorduy y Gómez Amin, etc; tuvieron en concesión privada el aeropuerto Ernesto Cortissoz en Soledad.
Encontramos el aeropuerto… https://t.co/NbHXpQ4VmB
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 30, 2026
La nueva zona de llegadas nacionales forma parte de la primera fase del proyecto de modernización y significó una inversión de $34.000 millones. Según la Aerocivil, quedó habilitada tras haber sido recibida con apenas un 45% de avance cuando esta entidad asumió la administración del aeropuerto.
Tras la visita de Petro, Mauricio Gómez Amín, quien renunció a su curul en el Congreso de la República para dedicarse de lleno a la campaña de De La Espriella, le respondió al presidente.
Entiendo su desesperación, señor @petrogustavo. Debe ser muy frustrante haber tenido el poder durante 4 años y haber fracasado en casi todo. Bueno, no en todo: fue exitoso empoderando a los narcocriminales que se tomaron el país.
Jamás he tenido relación alguna con concesiones.… https://t.co/CIkHrc91B0
— Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) May 30, 2026
El desarrollo del potencial del aeropuerto Ernesto Cortissoz como eje de la conectividad internacional del Gran Caribe para carga, pasajeros y reparación de aeronaves es uno de los mayores anhelos de Barranquilla, pero no es claro cuál modelo imperará tras la elección presidencial. ¿Continuará la Aerocivil al frente de la operación o volverá el sistema de concesión a privados?
El viejo puente Pumarejo se resiste a caer
Más ha tardado la demolición del antiguo puente Pumarejo que la construcción de la nueva megaestructura que comunica a los departamentos de Atlántico y Magdalena. Inaugurado el 20 de diciembre de 2019 por el entonces presidente Iván Duque, el nuevo Pumarejo demoró cuatro años y siete meses desde la firma del contrato en 2015, mientras que su antecesor lleva ya seis años y medio como testigo silencioso de la desidia estatal.
Cuando las llamadas ‘fuerzas vivas’ de la ciudad y el departamento socializaron el proyecto de construcción del puente, la justificación fue la extensión de la zona portuaria hasta municipios del oriente del Atlántico, y el empuje definitivo a la navegación por el río Magdalena con el fin de que buques de hasta 45 metros de altura pudieran pasar por debajo de la moderna estructura. Esto no ha sido posible porque el viejo puente lo impide. Para explicarlo mejor, la inversión de $785.000 millones solo ha servido, hasta ahora, para agilizar el transporte por tierra.
En 2024, Asoportuaria advirtió sobre los efectos negativos que tiene el viejo puente para el crecimiento de ese sector y la competitividad de Barranquilla principalmente, ya que inversiones por cerca de dos billones de dólares no han podido ejecutarse por la negligencia en la deconstrucción de la estructura que entró en funcionamiento en 1974 con el nombre oficial de Laureano Gómez. Parques industriales y logísticos, zonas francas, astilleros y la ampliación de los puertos existentes se encuentran en suspenso por este motivo.
“Nosotros habíamos estimado unas inversiones de dos billones de dólares, en un lapso de 10, 15 años o más, pero tiene que haber una señal clara de cuándo se va a hacer esa deconstrucción. No tiene mucho sentido ampliar los puertos que existen en aguas arriba o hacer un proyecto industrial de gran envergadura contando con que lleguen los barcos si no hay una señal clara de cuándo se va a demoler el puente”, explicó Lucas Ariza, director de Asoportuaria, en entrevista con el portal Zonacero.
Hace dos meses, la Cámara Colombiana de Infraestructura, capítulo Norte, se sumó al llamado al Invías para que asigne con celeridad los recursos necesarios. Héctor Carbonell, director ejecutivo de la entidad, precisó que “ya existe un estudio realizado por Puerta de Oro, se conoce el costo y los métodos que deben utilizarse para su demolición. Por eso, desde el gremio pedimos agilidad en este proceso”.
El candidato que llegue al Palacio de Nariño deberá emprender cuanto antes esta tarea. El Ministerio de Transporte informó en octubre de 2025 que el proceso comenzaría en 2026, se haría por fases y tardaría alrededor de cinco años, con un costo estimado de $146.000 millones de pesos, recursos que saldrán de vigencias futuras.
El plan contemplaba convertir los extremos del puente en miradores, con áreas de observación y acceso controlado, permitiendo que las embarcaciones pudiesen navegar libremente por el centro de la estructura. Pero, a punto de terminar el primer semestre del año, nada se ha hecho.
Competitividad por el río y las carreteras
El Comité Intergremial del Atlántico ha identificado otros temas prioritarios para la ciudad de cara al próximo cuatrienio presidencial, como asegurar el dragado de mantenimiento permanente del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, que requiere una inversión anual de $150.000 millones.
Entre 2023 y 2026 han sido invertidos $423.041 millones en trabajos de dragado y mantenimiento, que han garantizado la navegabilidad por la más importante arteria fluvial del país, con un calado estable de 10 metros. Preservar la estabilidad del canal, y trabajar por aumentar su profundidad, es el gran reto para el gobierno que asumirá el 7 de agosto. En el caso de Cepeda, la palabra clave es continuidad, pero a los empresarios del sector los seducen los guiños del candidato De La Espriella con sus manifestaciones en el Malecón del Río y la aparición en una barcaza tras su victoria en la primera vuelta.
La conexión vial regional, con proyectos en curso en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar, es otra deuda pendiente de la que deberá encargarse el presidente que este 21 de junio elijan los colombianos.
Una de las intervenciones más urgentes para fortalecer la conectividad del Caribe colombiano y dinamizar su desarrollo económico es la construcción de la doble calzada de la carretera Ciénaga-Barranquilla.
La primera fase comenzó en abril y contempla la ejecución de 3,2 kilómetros desde el punto final de la conexión con la nueva variante de Ciénaga, en dirección hacia Tasajera. Hace parte de un proyecto integral que requerirá una inversión total de $2,7 billones. En este corredor también se pondrá en marcha un sistema de viaductos entre los kilómetros 19 y 28, a cargo del Invías, por $700.000 millones.
“Este proyecto impactará de manera directa a cerca de dos millones de habitantes en Santa Marta, Barranquilla, Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Zona Bananera y Soledad, mejorando significativamente la movilidad, reduciendo tiempos de desplazamiento y fortaleciendo la competitividad de los principales corredores logísticos del Caribe”, informó la Cámara Colombiana de Infraestructura en un comunicado de prensa.
El otro gran proyecto es la construcción en doble calzada de 60 kilómetros de la Vía al Mar entre Cartagena y Barranquilla, que aún permanecen en calzada sencilla.
Este corredor tiene una longitud total de 123 kilómetros, lo que significa que gran parte del trayecto no brinda las garantías de competitividad para el turismo y el transporte de pasajeros. El nuevo Gobierno deberá decidir si continúa con el cobro de valorización a 140.000 inmuebles ubicados en esta carretera o lo cancela.
El tributo, envuelto en polémica, decisiones judiciales en contra e interpretaciones diversas, fue promovido desde el Palacio de Nariño como un gravamen exclusivo para propietarios de ingresos medios y altos.
Más allá del apoyo que reciban estos proyectos desde Bogotá, el próximo Gobierno deberá hacerse cargo de impulsar la integración regional del Caribe, una cruzada del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, por conseguir mayor autonomía administrativa para la Costa.
La iniciativa que busca convertir al Caribe en una Región Entidad Territorial (RET) podría comenzar su trámite legislativo este mismo mes en el Congreso de la República. La lucha, encabezada históricamente por Verano De la Rosa, empezó tras la Constitución de 1991 y busca que el Caribe sea reconocido como una entidad territorial con competencias propias y recursos asignados para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La posibilidad de que el próximo presidente sea un costeño, como Abelardo De La Espriella, enciende el entusiasmo de un clase política tradicional casada con un ‘Tigre’ que en público dice rechazar en su movimiento a “los de siempre”, pero en privado está rodeado de ellos.