Con denuncia de “comisión”, Dau expone al Dadis como fortín burocrático

El alcalde de Cartagena William Dau denunció este lunes, durante la instalación de la III Conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que algunos funcionarios del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) piden un 10% de “comisión” a su nombre para el pago de facturas atrasadas. 

Aunque el mandatario reconoció no haber denunciado esta práctica por falta de pruebas, su declaración sonó como un explícito señalamiento de corrupción que involucra a una exfuncionaria, hasta hace poco de su entera confianza y a quien defendió públicamente en más de una ocasión: Johana Bueno, directora del Dadis hasta finales de noviembre. Ella se fue de esa entidad argumentando razones personales.

Con la salida de Bueno y la denuncia de posible corrupción queda en evidencia que, incluso en el actual gobierno, autoproclamado anticorrupción, el Dadis funciona como un fortín burocrático, pese a su vital rol para Cartagena: administrar la salud pública.

Ruidos de coimas, un contrato fallido y directrices confusas

Dau dijo que, a su nombre, estaban pidiendo coimas de hasta el 10% por sacar adelante facturas. Por eso —aseguró—, tan pronto se enteró comenzó a pedirles la renuncia a funcionarios en puestos clave de esa entidad: primero salió el director financiero Héctor Useche y luego, hace dos semanas, la directora Johana Bueno.

El alcalde no precisó si esos funcionarios tienen relación directa con las posibles coimas. Tampoco mencionó ejemplos puntuales de cobros ni desde hace cuánto vienen ocurriendo. La Contratopedia Caribe se comunicó con él para obtener más datos, pero no obtuvo respuesta alguna. 

Lo que Dau sí anunció públicamente, este lunes, fue la salida de más funcionarios del Dadis, como parte de una intervención de su administración a esa entidad.

Dau también mencionó supuestas actitudes sospechosas con un contrato de alimentación para niños desnutridos y madres gestantes, por unos $10.000 millones, con recursos del Sistema General de Regalías.

“Querían hacer unas cosas con chanchullos”, dijo, refiriéndose a las especificaciones de infraestructura y personal que el contratista debía cumplir por petición del Dadis. El contrato no se adjudicó.

“Prefiero que se pierdan los recursos a que se los roben”, mencionó. 

Para dar más pistas de cuán arraigadas están las prácticas corruptas en el Dadis, Dau aseguró que el nuevo director Bartolo Hernández Romero ya le ha manifestado su intención de renunciar porque no aguanta “la presión”. El alcalde dio a entender que existen movimientos internos en esa entidad para seguir forzando el cobro de coimas. 

Un exfuncionario del Dadis le contó a La Contratopedia que dos prestadores de salud se quejaron por el cobro de coimas hace unos meses. Le contó a este medio que recibió dos llamadas de representantes de dos clínicas, quienes le mencionaron que estaban “pidiéndoles plata”.

El exfuncionario no quiso dar más detalles, pero dijo que esta situación ocurrió bajo la dirección de Johana Bueno.

Consultada por La Contratopedia, la exdirectora Bueno negó cualquier señalamiento por coimas y dijo que desde septiembre le había comunicado al alcalde su intención de renunciar el 30 de noviembre.

“No entiendo ahora de dónde saca tanta cosa. Voy a presentar una denuncia, porque no voy a permitir que dañe mi honra”, le dijo Bueno a este medio tras la intervención de Dau.

En su defensa, la exdirectora también argumentó que pidió “celeridad” en el contrato mencionado por el alcalde porque los recursos estaban por vencerse, no con la intención de direccionarlo a un determinado contratista. Recordó que no tenía autonomía para adjudicar recursos.

Resulta que desde noviembre de 2020, el alcalde Dau le cambió las facultades contractuales al Dadis a través de un decreto (el 1404),  redactado de manera ambigua. Por un lado, en el artículo dos se menciona que esa entidad queda facultada para realizar estudios previos y “todos los actos y trámites” que las etapas precontractual, contractual y pos contractual demanden.

La entidad también quedó facultada para “ordenar los pagos” de los contratos, previa aprobación de la interventoría o el supervisor designado.

Por otro lado, sin embargo, el decreto establece que hay un comité asesor, integrado por:

• El Alcalde Mayor o su delegado.
• El Director de Presupuesto
• La jefe de la Oficina Asesora Jurídica
• El coordinador de la Unidad Asesora de Contratación
• El Secretario de Planeación 
• Y el jefe o representante de la dependencia solicitante de la contratación.

Con la existencia de ese comité, el decreto deja entrelíneas que la luz verde de los contratos depende de esa mesa colegiada. Además, ese decreto detalla funciones contractuales, que cobijan todas las dependencias distritales, desde la oficina de Apoyo Logístico y la Secretaría General.

Ante esa confusión, el 7 de noviembre, dos días después de la expedición del decreto, Bueno le envió una solicitud de aclaración a Myrna Martínez, jefe de la oficina jurídica de la Alcaldía. La Contratopedia obtuvo copia de ese documento.

Allí formuló 10 preguntas sobre las competencias de contratación y de orden del gasto. Martínez no respondió y el 14 de noviembre, en una petición urgente, Bueno le insistió para no paralizar acuerdos de pago suscritos con proveedores ni la contratación del personal por órdenes de prestación de servicios (OPS). Este medio también obtuvo copia de ese oficio.

La Contratopedia no obtuvo evidencias de respuesta por parte de la oficina jurídica distrital. 

Lo que este medio sí conoció es que Bueno comenzó a gestionar, guiada por sus asesores legales, para evitar la parálisis administrativa del Dadis. Fue así como los contratos, según el concepto, se firmaban tras el visto bueno del Despacho del alcalde, las oficinas de Apoyo Logístico y Talento Humano, y la Secretaría General.

Mientras que los pagos del Dadis los autorizaba el alcalde, con la luz verde de las oficinas Jurídica y de Talento Humano

Un fortín burocrático incluso en un gobierno anticorrupción 

Desde la llegada de Dau al Palacio de La Aduana, en enero de 2020, el nombre de la psicóloga Lidy Ramírez, actual enlace del alcalde con el Concejo Distrital y exzarina anticorrupción, ha rondado el Dadis. Ella ha tenido a personas de su círculo más cercano en cargos clave y con OPS en esa entidad.

Como contó La Contratopedia, Ramírez —quien le habla al oído a Dau— le recomendó al mandatario el nombre del primer director de salud distrital: el médico Álvaro Fortich. Así como lo recomendó, influyó en su salida y en el posterior nombramiento de Bueno en su reemplazo. 

Esa movida se dio en mayo de 2020, apenas cinco meses después del arranque del gobierno Dau. “Ella (Lidy) iba todas las tardes a La Aduana, con Johana (Bueno), a hablarle de Fortich hasta que hicieron que lo sacara”, le dijo a La Contratopedia una fuente de la administración local sobre las reiteradas quejas que Ramírez y Bueno le pusieron a Dau sobre Fortich.

Esa luna de miel entre Bueno y Ramírez no duró mucho, porque en julio de 2020 la entonces directora Bueno removió de su cargo a uno de los directivos cercanos a la exzarina Ramírez: Carlos Andrés Castro Muñoz, director Administrativo y Financiero. 

Esa salida se dio en medio de ruidos por malos manejos (supuestos cobros de coimas) en las relaciones  con las instituciones prestadoras de salud (IPS) y la entidades prestadoras de salud (EPS). 

Otro golpe a la relación Bueno – Ramírez, le contó una fuente del Dadis a La Contratopedia, fue la cancelación de las OPS de varios allegados a la exzarina. Por ejemplo, Bueno no les renovó los contratos a Katrina Andrea Saah Medina y Cristhian José Ríos Mancera.

Saah Medina firmó su primera OPS con el Dadis, por $25.000.000, en febrero de 2020 durante 10 meses. Tras ese contrato no tuvo más vinculación con la entidad y en 2021 empezó a ser contratista del Instituto de Patrimonio y Cultura y de la Secretaría de Participación, también por cuenta de cercanía con Ramírez.

Y Ríos Mancera, quien le hizo campaña a Ramírez al Concejo, tuvo dos OPS en el Dadis por $45.600.000: la primera la firmó en marzo de 2020 y la otra en el mismo mes de 2021. Ambos contratos fueron para apoyar a la dirección administrativa y financiera del Dadis. 

Por décadas, el Dadis ha sido una de las entidades más apetecidas en los acuerdos burocráticos de las administraciones de turno, dada su abultada chequera: es la entidad local que suele manejar más recursos. Este 2022, por ejemplo, tuvo un presupuesto asignado superior al medio billón de pesos: $680.334 millones, que representan casi un tercio de toda la plata del Distrito.

Justo por la cantidad de plata que maneja, el Dadis es la entidad que más posibilidades de contratación por órdenes de prestación de servicios (OPS) brinda en el Distrito cartagenero. Muchas de ellas más por recomendaciones o pago de favores políticos que por criterio técnico.

La práctica de recomendar a personas cercanas, sin importar su perfil, incluso se ha mantenido en el actual gobierno de Dau. En 2020, por ejemplo, varias personas trabajaron allí por ser del grupo político de Lidys Ramírez, la fallida zarina anticorrupción, actual enlace entre el Distrito y el Concejo y una persona de confianza del alcalde Dau.

Que en el Dadis el manejo técnico no prevalezca sobre el burocrático ha tenido a Cartagena marcando en rojo, durante años, en varios de sus indicadores de salud. Entre las banderas más recientes están los casos de dengue, las muertes de recién nacidos y de madres, así como las morbilidades agudizadas por los efectos post-covid.