Cinco hechos que han puesto a prueba el discurso anticorrupción de William Dau

En enero de 2020, cuando iniciaba su gobierno, William Dau nombró como zarina anticorrupción a una aliada política suya: Lidy Ramírez, quien le hizo campaña en 2019. 

El Concejo dijo que Ramírez no tenía el perfil para dicho cargo. Si bien cumplía con la experiencia profesional, Ramírez no cumplía con el requisito de posgrado o su equivalencia para asesorar al alcalde en temas anticorrupción y de transparencia. Dau revocó su nombramiento en marzo de 2020. 

Esa revocatoria fue considerada por la Cartagena política como un doble golpe contra el alcalde, pues no sólo tuvo que revocar a una funcionaria que llegó al cargo sin tener toda la documentación en regla sino que, además, se trató de una funcionaria sobre la que no podría haber duda alguna por ser la llamada a trabajar por la estrategia distrital contra la corrupción.

Meses después hubo otro cuestionado nombramiento en la Alcaldía: el de Cinthya Amador,  asesora de despacho del alcalde y quien fungió, entre enero y octubre de 2020, como primera gestora distrital. 

Amador presentó documentación falsa para posesionarse en ese cargo: certificó haber cursado una carrera tecnológica en administración de empresas en la Corporación Universitaria Regional del Caribe Iafic y dijo que se graduó en 2008. Esa institución negó haberle expedido acta de grado alguna. 

Por ese hecho, la Contraloría Distrital le pidió al alcalde suspender a la secretaria general del Distrito Diana Martínez, por ser quien estuvo a cargo del contrato de Pérez Amador.

La Contraloría, además, determinó que por su hoja de vida, Pérez debió ganar $2,2 millones mensuales y no $7 millones. Por ello, el Distrito le pagó $33 millones adicionales, que generaron detrimento patrimonial. 

El Distrito pagó, en diciembre pasado, $43.200.000 a la Contraloría, dentro de un proceso de responsabilidad fiscal realizado por esa entidad. Dau dijo que esos recursos se pagaron tras una colecta entre algunos de sus funcionarios. 

De esa manera, la Contraloría levantó, semanas después, la sanción contra Diana Martínez, quien renunció en abril de 2021 a su cargo como secretaria y ha seguido vinculada al Distrito como asesora.

Una de las primeras promesas que el alcalde de Cartagena hizo tan pronto ganó en las urnas fue acabar con las cuotas o amiguismos asociados a la vinculación de personal por órdenes de prestación de servicios. Hasta ahora no ha podido cumplirla en todas las dependencias ni cargos de su administración.

En dos audios divulgados, en abril pasado, por Revista Metro, Dau le recriminó a su antigua mano derecha Cynthia Pérez Amador su “voraz apetito por tener burocracia” y hasta le pregunta si “está pidiéndoles comisión a las OPS”.

Además, el mismo mandatario reconoció en uno de esos audios haber entregado un contrato por recomendación de una “ministra de muy alto cargo”.

La Contratopedia Caribe encontró que los amiguismos o el pago de favores políticos, en lugar de los criterios técnicos, continúan vigentes a la hora de vincular a algunos contratistas distritales. 

También, como pasó en administraciones recientes, persisten las cuotas políticas en algunas dependencias, esta vez vía Salvemos a Cartagena, el movimiento que se convirtió en el trampolín de Dau, y de grupos aliados a su causa como el Moir y el Partido Verde.

Un asunto legal —a menos que los seleccionados no cumplan con el objeto de sus contratos— que ocurre en toda Colombia, pero especialmente cuestionado por Dau cuando era veedor.

La Contratopedia revisó las 23 OPS de 10 personas que le hicieron campaña al mandatario. Desde el año pasado, cada uno de ellos ha recibido entre uno y tres contratos (Descargue aquí la base de datos completa).

Parte del clientelismo en el Distrito se evidencia en la burocracia que tiene Lidy Ramírez Palencia, poder a la sombra en la administración Dau y quien es cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bolívar del movimiento Fuera Malandrines, creado por Abraham Dau, hijo del alcalde. Una aspiración que el alcalde ve “con buenos ojos”.

Con la inscripción del movimiento Fuera Malandrines para la Cámara de Representantes, Dau deberá demostrar que su administración no replicará las prácticas clientelistas que tanto critica. ¿La razón? Su hijo Abraham Dau es el rostro detrás de esa iniciativa electoral y la cabeza de lista será Lidy Ramírez, poder a la sombra en el gobierno distrital.

Dau hijo es dueño de un restaurante bar en el Centro Histórico de Cartagena y en diciembre pasado fue noticia porque estaba organizando una fiesta de San Silvestre, pese al aumento de casos de COVID-19.

También fue noticia en mayo pasado porque lideró una manifestación en contra de las restricciones al sector turístico que impuso la Alcaldía, para mitigar la tercera ola de coronavirus. Es decir, Dau hijo rechazó públicamente las decisiones tomadas por su padre el alcalde.

En cuanto a Ramírez, su poder en el gobierno Dau es tal que dentro del Palacio de La Aduana la califican como una persona que “le habla al oído”. Más allá de eso, parte de ese poder se evidencia en los contratos por OPS que han recibido las personas de su confianza.

Por ese poder de Ramírez y por el hecho de que su hijo sea el líder de Fuera Malandrines, a Dau le critican en Cartagena —especialmente los concejales, con quienes se ha enfrentado en más de una ocasión— que la aspiración de su movimiento por llegar al Congreso termine replicando desde la Alcaldía las prácticas que tanto ha cuestionado.

El gobierno de William Dau le compró a la empresa barranquillera Ventas, Distribuciones y Marketing Ltda 10.000 pruebas rápidas para detectar contagios por COVID-19.

Ese negocio tuvo varios ruidos tan pronto la Alcaldía lo firmó, en abril de 2020: primero por los elevados costos que pagó por cada prueba y, luego, porque el contratista nunca las entregó, a pesar de que debió hacerlo antes del 8 de mayo de 2020.

Resulta que, como lo demostró Funcicar, la Alcaldía pagó $72.500 por cada prueba, cuando en el mercado se conseguían similares a $29.555, es decir, $42.945 menos. Por tanto, con el contrato de $725.000.000 la Alcaldía hubiese podido comprar 24.530 pruebas y no solamente las 10.000 que adquirió.

El Distrito respondió ante esos cuestionamientos que solo dos de las seis firmas que enviaron cotizaciones no pedían anticipos cercanos al 100% y garantizaban la entrega de los productos durante los 25 días siguientes a la firma del contrato. 

La administración Dau además explicó que el costo de cada prueba fue más caro porque, cuando las compró, había mayor demanda que oferta en el país. Situación que comenzó a cambiar en mayo de 2020 por la regularización de los precios tan pronto la fabricación de pruebas aumentó.

Los cuestionamientos no terminaron ahí. La Procuraduría Provincial de Cartagena le solicitó al alcalde información sobre las medidas tomadas ante el incumplimiento del contratista. 

El Distrito terminó cancelando ese contrato y el alcalde dijo, el 5 de junio del año pasado en entrevista con RCN Radio, que las fallas de ese proceso se dieron por “primiparadas” de su administración.

En su informe sobre la contratación durante el primer año de gobierno de Dau, Funcicar —iniciativa ciudadana de control sobre los recursos públicos de Cartagena— alertó por la falta de oportunidad en la publicación de los contratos públicos de la administración distrital. 

Funcicar encontró que en el caso de las contrataciones por mínima cuantía, que representaron casi la mitad de los procesos (43%), la Alcaldía no respetó el día hábil de publicación.

Al fallar en dicha obligación, los ciudadanos e interesados en contratar con la Alcaldía no contaron con tiempo suficiente para conocer a fondo cada proceso, realizarles observaciones o presentar ofertas.

Funcicar también encontró deficiencia en la transparencia informativa por los contratos públicos celebrados a través de la Bolsa Mercantil, pues no es posible conocer quiénes son los oferentes por cada proceso ni los contratistas seleccionados. Tampoco están publicados informes sobre ejecución de los servicios prestados.

A eso se suman las respuestas demoradas, que suelen dar las distintas dependencias del Distrito, a los derechos de petición enviados sobre los contratos celebrados.

Hay peticiones que toman meses, pese a que por ley no deberían tomar más de un mes y que ya el Congreso revocó la excepcionalidad en los tiempos de respuesta porque la parte más crítica de la emergencia por coronavirus ya pasó.