Aseo y vigilancia no están garantizados para todas las escuelas en Bolívar

Dos servicios esenciales para el desarrollo de las clases en las escuelas públicas de Bolívar son el aseo y la vigilancia, que no están garantizados para todo 2023 y hoy tienen a varias instituciones de Cartagena sin estudiantes y a las de los municipios sin aseadores ni suficientes vigilantes. 

Justo por esa situación, los docentes han protestado: primero lo hizo un grupo de las escuelas municipales, el 16 de febrero, a las afueras de la sede de la Gobernación de Bolívar, en Turbaco: le exigieron al gobierno de Vicente Blel poner la educación en primer plano y dotar a las escuelas de los recursos suficientes para el normal desarrollo de las clases, que comenzaron la semana pasada.

Y luego, el 24 de febrero, el magisterio de Cartagena. Desde hace cuatro días, la capital de Bolívar está en anormalidad académica hasta que la Alcaldía no garantice los contratos de aseo y vigilancia, que —como publicó La Contratopedia el 27 de febrero— no se firmaron a tiempo por problemas en el gabinete de William Dau y con una actualización de precios.

Docentes de las escuelas públicas de Cartagena protestaron ayer en los bajos de la @AlcaldiaCTG porque aún no están garantizados los servicios de aseo y vigilancia para todo 2023 en los colegios distritales

@ElUniversalCtg pic.twitter.com/TNuSrJGHUx

— La Contratopedia Caribe (@LaContratopedia) February 25, 2023

La Contratopedia le pone ahora la lupa a lo que pasa en Bolívar con esos servicios.

Recursos nacionales no alcanzan

El año escolar en Bolívar comenzó el pasado 20 de febrero, un mes después de la fecha inicialmente programada por la Secretaría de Educación Departamental, porque solo hasta entonces la Gobernación garantizó la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Contratado el PAE, ahora la Gobernación debe garantizarles a las escuelas públicas del Departamento los servicios de aseo y vigilancia, pero a diferencia de Cartagena en Bolívar no hay suficiente plata ni total cobertura para 2023 por dos razones: 

1. Son insuficientes los montos por Sistema General de Participaciones (SGP), es decir, dineros girados por la Nación a los municipios, distritos y departamentos para educación, salud y agua potable.
2. Son pocos los recursos propios del Departamento.

Del rubro educativo que por SGP la Nación les gira a las entidades territoriales, mensualmente, la mayor parte se va en los salarios de los docentes. 

Este 2023, por ejemplo, Bolívar debe recibir para el sector educativo, por SGP, $905.157 millones. De esa suma, el 98.49% lo gastará en nómina de maestros, pensiones y servicios contratados a administradores privados.

Del 1.5% restante, la Gobernación sólo cuenta con $14.045 millones para los servicios de aseo y vigilancia de este año. Una suma mínima porque ambos contratos pueden sobrepasar los $22.000  millones en una sola vigencia, aunque con cobertura limitada.

Por eso, para la secretaria de Educación departamental Verónica Monterrosa es necesaria la reforma anunciada por el Gobierno Nacional al SGP.

Mientras las regiones no puedan usar esos rubros de otra manera, de los recursos propios que la Gobernación proyecte en su presupuesto anual dependerá si se amplía o reduce el número de escuelas con aseo y vigilancia. 

Para este 2023, el gobierno Blel tampoco destinó recursos propios para esos servicios porque su prioridad ha sido destinar los montos de libre destinación en un ambicioso plan de infraestructura educativa que ejecuta, desde 2021 con varios traspiés, por más de $300.000 millones. 

Todas esas obras de reparación y construcción de nuevos colegios debían estar listas a finales de 2022 y hasta la fecha sólo una parte lo está.

En Cartagena, la plata que la Alcaldía recibe por SGP tampoco es suficiente. Por eso, para este año, el gobierno Dau destinó recursos propios para garantizar cobertura total y contratar la vigilancia y el aseo por más de $55.397. Es la primera vez que eso ocurre en Cartagena. 

La decisión, sin embargo, no fue suficiente para que el Distrito lograra la continuidad de esos servicios en las escuelas, por problemas de planeación y comunicación del gabinete.

“Las entidades pueden pagar el aseo y la vigilancia con más recursos de SGP, pero eso les implica dejar sin financiación temas aún más prioritarios que apuntan a la calidad educativa. Por esa razón no se usan y esos contratos se financian más con recursos propios”, le explicó a La Contratopedia una fuente que ha manejado dineros de este tipo en Bolívar y pidió no ser citada en esta historia.

Aún así —precisó la fuente—, los recursos propios tampoco son suficientes y en la mayoría de las administraciones no está garantizada la cobertura completa, salvo en Bogotá y Medellín que tienen presupuestos más millonarios.

Dependerá de los gobiernos locales no asignarles recursos a rubros que no sean tan prioritarios —continuó la fuente—, para garantizar el mayor número posible de aseadores y vigilantes en las escuelas públicas. Esa proyección presupuestal la hacen las secretarías de Hacienda y Planeación.

“Por supuesto, es un tema de voluntad política”, resaltó la fuente.

Y ante la insuficiencia de recursos propios, es usual que los gobiernos locales contraten el aseo y la vigilancia por pocos meses y, a medida que consigan más dinero, le hagan adiciones a los contratos.

Durante la administración Blel, Bolívar ha contado con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia (Fome) y del Sistema General de Regalías. El primero es una bolsa creada por el Gobierno Nacional en 2020 para mitigar los impactos socioeconómicos de la pandemia por Covid-19. Y el segundo es un esquema de distribución regional, fruto de la explotación de recursos naturales en Colombia.

Esa realidad explica por qué el servicio de vigilancia de Bolívar ha fluctuado, los últimos tres años, entre 226 y 253 sedes educativas. Una suma que cobija a menos del 25% de las instituciones públicas administradas por la Gobernación, que son 233 colegios con 1.222 sedes, según datos del Ministerio de Educación.

Cada año, la Gobernación contrata un número de turnos de vigilancia, que reparte según la intensidad horaria (de 12, 16 y 24 horas) y los días de trabajo (de lunes a viernes o fines de semana) que las escuelas focalizadas necesiten: aquellas más propensas a robos por su ubicación o sus materiales pedagógicos.

Por año, pueden haber dos contratos de vigilancia o uno con varias adiciones. Fue así como:

• Para el segundo semestre de 2020, la Gobernación contrató por $9.494 millones seguridad privada para 238 sedes.
• Para todo 2021 y los primeros meses de 2022, pagó $11.633 millones por 226 instituciones.
• Y por el resto de 2022 y hasta mediados de febrero de 2023, $7.761 millones por igual número de escuelas.

Situación similar ocurre con el aseo. El contrato de 2021 y 2022, por $11.292 millones, incluyó servicios semanales por 48 horas, de lunes a sábado, para 280 sedes. 

Otrosí a vigilancia y falta de información sobre el contrato de aseo

Mientras la Gobernación contrata al operador de la vigilancia de 2023, firmó una adición por $810.000.000, el pasado 16 de febrero, con la empresa bogotana Delthac 1 Seguridad LTDA, operador desde 2022.

Según se lee en el otrosí (modificación del negocio), esa adición sólo cobijará a 22 escuelas por cinco meses y 15 días. El estudio previo del contrato establece seguridad privada para: 

• 13 colegios las 24 horas.
• Y nueve escuelas más, por 12 horas nocturnas, de lunes a viernes, y 24, los fines de semana.

Con esa adición, Bolívar sólo garantiza vigilantes en menos del 15% de las escuelas del departamento que gozan de ese servicio, le dijo a El Universal Pedro Herrera, presidente del Sindicato Único de Educadores.

En cuanto al aseo, el contrato se venció en diciembre con la empresa Don Aseo LTDA. 

La Contratopedia contactó a la Gobernación de Bolívar para saber cómo avanza la contratación de esos servicios —al no encontrar los procesos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop)— y cómo se están garantizando el aseo y la vigilancia en las escuelas, pero no obtuvo respuesta de la secretaria Verónica Monterrosa ni de su equipo de prensa.

De hecho, la Secretaría de Educación dejó de responderle a este medio de comunicación después de tres publicaciones recientes que no fueron de su agrado —una de ellas la calificó de imprecisa—: 

• La primera, del 9 de febrero, explicó los retrasos en los contratos de alimentación escolar.
• La segunda, del 14 de febrero, evidenció opacidad informativa sobre los operadores de la alimentación escolar.
• La tercera, del 16 de febrero, explicó las razones que llevaron a los docentes municipales a protestar a las afueras de la Gobernación de Bolívar.

Ante el mutismo de la Secretaría de Educación, después de más de 10 mensajes enviados por La Contratopedia, este medio radicó una petición de información el pasado 23 de febrero a través del sitio web de la Gobernación de Bolívar. 

Dado que el sistema de gestión documental de esa entidad no proporciona números de radicación, que permitan conocer el estado del trámite, La Contratopedia le pidió acompañamiento a la Procuraduría General, a través del servicio de ‘Supervigilancia al derecho de petición’.

Las respuestas de la Gobernación deben llegar la próxima semana, según los tiempos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (10 días hábiles). Tan pronto La Contratopedia obtenga esa información la hará pública.