A un mes del siniestro fatal del carro asignado a Arana, ya hay investigaciones en Fiscalía y UNP

Un mes después del siniestro vial en el que murió Iván Enrique Cuentas Arriaga, de 74 años, la Unidad Nacional de Protección (UNP) comenzó las “labores previas de verificación por el presunto uso indebido de las medidas” para garantizar la seguridad del gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

Mientras era usada para cumplir labores de la primera gestora departamental Angélica Salas, la camioneta blindada de la UNP atropelló el 10 de enero a Cuentas Arriaga.

La investigación de esa entidad se suma a otra de la Fiscalía, que comenzó tan pronto el siniestro ocurrió y está bajo reserva.

Ni el gobernador ni la primera gestora han dado declaraciones sobre el caso, que el entorno del mandatario intentó ocultar con ayuda de autoridades distritales, como contó La Contratopedia Caribe el 14 de enero.

Las investigaciones 

Un vocero de la UNP, entidad adscrita al Ministerio del Interior, le dijo a La Contratopedia que las diligencias buscan determinar cómo se usó el vehículo de seguridad, que forma parte del esquema del mandatario y era conducido por una persona no autorizada cuando atropelló, el 10 de enero, a Cuentas Arriaga.

La camioneta se movilizaba por el carril exclusivo de Transcaribe, sobre la Avenida Pedro de Heredia, a la altura de Chambacú.

Las conclusiones de esas indagaciones serán presentadas ante el Comité Interinstitucional de Recomendaciones de Medidas de la UNP (Cerrem), explicó el portavoz.

Esa instancia, conformada por representantes de los ministerios de Defensa y del Interior, organismos de control y la misma UNP, estudian los hallazgos y recomiendan acciones sobre el esquema de seguridad.

“Ellos estudian y recomiendan. Luego la UNP resuelve”, le dijo el funcionario desde Bogotá a La Contratopedia.

Entre esas decisiones, según se lee en el Manual de uso, manejo y recomendaciones de medidas de prevención y protección de la UNP, está el desmonte del esquema de seguridad asignado. En este caso, el beneficiario es el mandatario bolivarense.

El tiempo que tomará la investigación es incierto porque apenas está en pesquisas iniciales.

El 15 de enero, un día después de que La Contratopedia reveló el vínculo de la camioneta de seguridad asignada a Arana con el siniestro fatal, la UNP lamentó la muerte de Cuentas Arriaga y habló de “mal uso” del vehículo porque  “era conducido por un contratista de la Gobernación y no por la persona autorizada por la UNP”.

Sin embargo, como contó La Contratopedia el 17 de enero, el conductor Benito Madrid Escobar no tenía orden de prestación de servicios (OPS) vigente con la Gobernación de Bolívar cuando ocurrió el siniestro, porque la que firmó el 8 de mayo de 2024 se había vencido el 27 de diciembre.

El uso indebido de los esquemas de seguridad también ha sido objeto de investigación de la Procuraduría General, que recientemente sancionó a funcionarios y formuló pliegos de cargos por casos similares en otras zonas del país.

En agosto de 2024, por ejemplo, la Procuraduría les formuló cargos a dos escoltas de la UNP por llevar a personas ajenas al esquema de seguridad en el vehículo asignado.

“El ente de control encontró que, no es permitido transportar a personas no cobijadas con la medida de protección y tampoco movilizarse en el automóvil para hacer diligencias sin la presencia del beneficiario del programa”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.

La Contratopedia consultó a la Procuraduría para saber si allí existe alguna investigación en curso por el vínculo del esquema de Arana con el siniestro vial, pero aún no obtiene respuesta.

La investigación de la UNP se suma a otra de tipo penal que desde hace semanas realiza la Fiscalía. Esa entidad le dijo a La Contratopedia, a los pocos días del hecho, que había una indagación en curso, a cargo de un fiscal de la Unidad de Vida de Cartagena. 

El fiscal “está a la espera de los resultados de varias órdenes judiciales que se impartieron con varios puntos a desarrollar”, respondió la entidad desde Bogotá.

Por estar en etapa de indagación, la información es reservada.  “Por ahora se realizan actos investigativos. No es posible dar una versión (de los hechos)”, le dijo la Fiscalía a La Contratopedia.  

El siniestro y la primera gestora 

Aunque el conductor Madrid Escobar había firmado contrato con la Gobernación de Bolívar para desempeñar labores de oficina en la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social, en realidad trabajó como conductor de la primera gestora departamental entre mayo de 2024 y el día del siniestro, como contó el 17 de enero La Contratopedia. 

De hecho, al momento del siniestro, la camioneta de seguridad asignada a Arana cumplía labores para la primera gestora departamental, no para él.

La Contratopedia no ha podido confirmar si Salas iba a bordo cuando el hecho ocurrió, pero al menos dos fuentes, de manera extraoficial, le han dicho a este medio que sí viajaba como pasajera y fue sacada del sitio tan pronto Cuentas Arriaga fue impactado.

Desde entonces, Salas no ha tenido una activa participación en eventos oficiales de la Gobernación ni se le ha visto acompañando a Arana en celebraciones clave, a las que sí asistió en 2024, como las Fiestas de La Candelaria en Magangué o la presentación de la nómina de jugadores del Real Cartagena.

También, durante el último mes, ha sido poca la presencia digital de la primera gestora, pese a su rol protagónico en las redes sociales, el último año, para ayudar a posicionar a Arana como un gobernador influencer. 

La Gobernación reconoció su vínculo laboral con Madrid Escobar, el 15 de enero, en un comunicado que envió a los medios de comunicación  a través de Fara Alíes, gerente de Marca Bolívar. Ese documento, difundido por WhatsApp, no se publicó en los canales institucionales de la Gobernación.

Allí, el gobierno departamental lamentó los hechos y, sin detallar lo ocurrido por recomendaciones jurídicas, dijo que “el conductor del vehículo se encontraba desempeñando sus funciones habituales cuando, de manera inesperada, se produjo la colisión tras el cruce intempestivo del adulto mayor”.

Por el seguimiento que La Contratopedia hace de este siniestro vial, militantes de la casa política Blel — a la que a Arana le debe la Gobernación—, han acusado a este equipo periodístico de tener intereses personales, asunto completamente falso y por el que este medio publicó una nota editorial.